Milà anuncia 100 millones anuales para ayudas a la vivienda

Las 42.000 nuevas viviendas protegidas, la mitad de ellas de alquiler, prometidas por el tripartito contarán con una financiación de 100 millones de euros durante cada uno de los cuatro años de la legislatura. Salvador Milà, consejero de Medio Ambiente y Vivienda, y la directora general, Carme Trilla, precisaron ayer la partida y explicaron que han buscado fórmulas para que afloren al mercado de alquiler unos 10.000 pisos hoy desocupados por la reticencia de sus propietarios. El Ejecutivo formalizará un seguro de cobro de los alquileres y desperfectos.

Con 100 millones de euros, explicaron ayer Milà y Trilla, se pueden hacer bastantes cosas en materia de vivienda. Las principales partidas son las destinadas a la promoción de alquiler protegido y a la reparación de las viviendas de polígonos públicos (Adigsa). Para cada uno de estos apartados habrá 30 millones de euros anuales. En total, se busca conseguir que se rehabiliten unas 40.000 viviendas y se construyan 21.000 de alquiler en esta legislatura. Otras partidas son las destinadas a la promoción de vivienda protegida, con 12,5 millones (se pretende que se construyan 21.000 en estos cuatro años) y la rehabilitación por objetivos (10 millones). En este caso se trata de favorecer mejoras en fincas antiguas como la instalación de ascensores o potenciar viviendas en zona de montaña.

Otros cinco millones se destinarán a rehabilitar viviendas vacías (a cambio de su incorporación al mercado del alquiler) y a garantizar unas condiciones mínimas y máximas de habitabilidad. Uno de los objetivos es evitar que ocupen una vivienda un número excesivo de personas. El Gobierno catalán, anunció Salvador Milà, dispondrá de un proyecto de ley de la vivienda que estará en el Parlament antes de medio año.

El Gobierno pretende incidir en las transmisiones de vivienda protegida eliminando la descalificación de este tipo de construcciones y creando una lista única para su distribución. Se trata de evitar una hipotética picaresca que consiste en vender las viviendas de protección sin que el mercado tenga apenas noticia de ello y solicitar luego su desclasificación aprovechando el aumento de precio de la vivienda libre. Así, el Gobierno intervendría en las transmisiones incluso si se realizaran entre particulares, con lo que se combatiría también la posibilidad de un mercado negro. Estas medidas no tienen por qué suponer coste para el Ejecutivo, ya que éste se limitaría a organizar una bolsa de futuros compradores y garantizaría el cobro por parte del vendedor sin tener que ejercer el derecho de retracto.

Asimismo, se ofrecerá a los propietarios de viviendas vacías un seguro de alquiler. Trilla cree que con incentivos fiscales y la garantía del cobro se pueden poner en el mercado unos 10.000 pisos que hoy están vacíos. Estas medidas tendrían como complemento las ayudas al alquiler para las rentas más bajas, tanto en el caso de los más jóvenes como para las personas de la tercera edad. Las ayudas de alquiler se destinarán a las familias que perciban menos de 1,5 veces el salario mínimo, para las que el alquiler suponga más del 30% de sus ingresos. También habrá una ayuda de hasta 600 euros anuales para personas con ingresos inferiores a 2,5 veces el salario mínimo, con limitaciones en el precio máximo del alquiler.