Los asesores 'secretos' del último Gobierno de Pujol costaban 10,27 millones anuales

Los 227 asesores y eventuales del último Gobierno de Jordi Pujol ya tienen rostro y en total costaban 10,27 millones de euros anuales. El nuevo Ejecutivo de izquierdas ha hecho pública la lista de todos los asesores y eventuales de la última etapa de la Administración de Convergència i Unió (CiU) que con tanto ahínco reclamó la oposición en la pasada legislatura y que la federación nacionalista se negó a detallar. El Gobierno que preside Pasqual Maragall ha anunciado que hará públicos los nombres de todos los asesores y eventuales del nuevo Ejecutivo, pero de momento lo ha hecho con cuentagotas.

En su comparecencia en el Parlament, en febrero, el consejero de Gobernación de la Generalitat, el republicano Joan Carretero, se comprometió a remitir a la Cámara un informe con los nombres de todos los asesores del último Gobierno de CiU. Lo reclamó Esquerra Republicana (ERC), que en la última legislatura se destacó por intentar conocer la identidad de los asesores del Gobierno catalán. El informe ya ha sido remitido a este grupo parlamentario.

La presión de la izquierda e incluso del Partido Popular (PP) forzó al Gobierno de CiU a publicar en 2002 en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) la lista completa de todos los cargos eventuales, pero se hizo sin detallar los nombres concretos ni su retribución. Ningún partido de la oposición ponía en duda la profesionalidad de los asesores, pero todos exigían conocer quiénes eran. No obstante, el Gobierno de Jordi Pujol se negó una y otra vez: su argumento fue siempre que si se divulgaban los nombres y los sueldos de los asesores, se vulneraba su derecho a la intimidad.

La única rendija a esta cautela la abrió en 2001 el portavoz de ERC, Joan Ridao, al divulgar un informe sobre los asesores del Gobierno elaborado a partir de su investigación parlamentaria. La difusión de este trabajo causó un gran revuelo político, hasta el punto de que tres meses después cesó la directora general de la Función Pública, Àngels González, que había facilitado la información al diputado.

El documento elaborado ahora por Gobernación muestra que el último Gobierno de Jordi Pujol y Artur Mas contaba con 227 eventuales, una etiqueta que agrupa casos muy diversos: desde jefes de prensa o de comunicación hasta jefes de gabinete, pasando por los asesores propiamente dicho y los responsables de programas sectoriales que no llegaron a tener estatus de estructura permanente dentro de la Administración. Las retribuciones son también muy distintas, aunque en total suponían un gasto mínimo bruto anual de 10,27 millones de euros (1.700 millones de pesetas).La lista remitida a la Cámara por el Departamento de Gobernación incluye un abanico de siete retribuciones, que van desde 20.000 hasta 85.000 euros brutos anuales. Al no divulgar las retribuciones exactas, sino agrupadas en estas siete categorías, el nuevo Gobierno considera que ya respeta el derecho a la intimidad de los asesores.

Unos pocos asesores superaban los 80.000 euros brutos anuales, según la lista del Ejecutivo: Ramon Goicoechea, que era asesor del presidente en materia de cultura; el escritor Baltasar Porcel, como asesor en materia de proyección y cooperación exterior, y el prestigioso ex síndico mayor Ferran Termes, que asesoraba al presidente en lo relativo a organización de la Administración de la Generalitat. Llibert Cuatrecasas también se situaba en esta categoría, aunque su Programa para el Desarrollo de las Relaciones con Europa, de carácter eventual, sí se publicitó.

El documento pone de manifiesto que en no pocas ocasiones altos cargos que cesaron se convirtieron después en asesores. Jordi Peix, por ejemplo, cesó como director general de Medio Natural en 1999, pero en 2003 seguía en el departamento como asesor del proyecto del Libro Blanco de la agricultura catalana. Francesc Jiménez Gusi renunció en diciembre de 2001 a su cargo de secretario general de Ejecución Penal a raíz de la fuga de varios presos, pero siguió vinculado al departamento como eventual -coordinador del programa de creación de nuevos centros penitenciarios- y hoy asesora al Gobierno de Pasqual Maragall.

Otro ejemplo es el de Josep Camps: era director general de Evaluación y Estudios, y tras dimitir por el caso de las encuestas se convirtió en asesor en materia de educación infantil en Enseñanza. Y el de Joaquima Alemany: la ex diputada y ex responsable del Instituto Catalán de la Mujer pasó a asesorar a Presidencia en evaluación de servicios públicos.

La lista de asesores incluye, entre otros, al líder de Convergència Democràtica (CDC) en Barcelona Joaquim Forn, que era concejal en Barcelona pero también jefe del Área de Coordinación y Estudios de Presidencia. Asimismo, la democristiana Anna Mercadé dirigía para Gobernación un programa "de relaciones institucionales y corporativas"; el ex diputado Albert Alay era asesor en Presidència, y Miquel Reniu, ex responsable de formación de CDC, compaginó su puesto en el Consejo de Administración de la Corporación Catalana de Radio y Televisión (CCRTV) con el de asesor sobre contenidos audiovisuales en Enseñanza. La cantante Núria Feliu se mantuvo como responsable del "programa de renovación y coordinación de actividades de cultura popular", pese a la existencia del Centro de Promoción de la Cultura Popular y Tradicional Catalana. Josep Roig Magrinyà, consejero de Agricultura en el Gobierno de Josep Tarradellas, era asesor de cooperativismo agrario para Agricultura, aunque con retribución inferior a los 30.000 euros brutos al año.