El Gobierno de CiU dejó pagos pendientes de obras públicas para los próximos 35 años

La Ciudad Judicial, obra adjudicada el pasado año en 486 millones de euros, supondrá en realidad un desembolso de 1.170 millones que se deberán pagar durante 35 años a partir del momento de la entrega. Inicialmente, la fecha prevista era el año 2007, pero las obras acumulan ya un retraso mínimo de un año, lo cual supone que los pagos se aplazarían hasta el año 2043. Al concurso acudieron 10 empresas o uniones de empresas, pero al final se hizo una selección y se negoció con tres grupos. La oferta más baja era la presentada por ACS, Copsa, Entrecanales, Sacresa, Saba y Copcisa, pero fue desestimada. El grupo ganador estaba formado por Fomento, Ferrovial, Obrascon, Copisa y Emte.

La Ciudad Judicial, adjudicada en 486 millones de euros, obliga a pagos anuales hasta 2043, que suman 1.170 millones

El consejero de Justicia asegura que tiene el presupuesto de este año hipotecado en un 30%, y De Gispert lo desmiente

CiU pregunta por las obras en seis juzgados, sacadas a concurso en julio sin que hubiera candidatos a realizarlas

El concurso incluía la construcción, el mantenimiento y la explotación de los edificios. A cambio, el Gobierno catalán se comprometía a pagar un alquiler anual de 23 millones de euros, que aumentaría cada año en el mismo porcentaje del IPC más el 2%. Al cabo de 35 años, la propiedad revertiría al Gobierno catalán, previo pago del diferencial de estas cantidades hasta los 1.170 millones de euros.

Cambio de ritmo

Joaquim Nadal, portavoz del Gobierno y consejero de Política Territorial, puso ayer estos métodos de pago como ejemplo de las hipotecas dejadas por el anterior Gobierno. Lo explicó a los constructores, en una jornada dedicada a las obras públicas, y añadió que, como ésta, hay otras 20 grandes obras con pagos aplazados, lo cual impide que el ritmo de adjudicaciones sea el mismo de los dos últimos años.

El Departamento de Justicia anunció ayer que piensa revisar totalmente este concurso, tanto en sus aspectos urbanísticos y constructivos como en lo relativo al sistema de financiación.

Paralelamente, el consejero de Justicia, Josep Maria Vallès, denunció que el anterior equipo dejó contraídos compromisos de pagos para este año que suponen el 30% del presupuesto del departamento. Justicia tiene -como el resto del Gobierno catalán- prorrogado el presupuesto, que suma 446 millones de euros. La cantidad ya comprometida es de 115 millones, según Vallès. La ex consejera de Justicia Núria de Gispert desmintió las cifras y aseguró que el desvío presupuestario es únicamente del 5%, debido al aumento de la población reclusa.

Justicia trabajaba ayer en una respuesta parlamentaria al grupo de CiU que se interesó por la situación de las obras en los edificios judiciales de Sant Boi, Igualada, Vilanova i la Geltrú, El Prat, Cerdanyola y Cornellà. Estas obras fueron licitadas en julio del pasado año, pero quedaron desiertas. Los terrenos habían sido cedidos por los municipios, pero los presupuestos eran tan a la baja que los de El Prat, Sant Boi y Vilanova quedaron desiertos porque no hubo ninguna empresa que se interesara por la obra; para los otros tres hubo una única oferta que no fue aceptada por no reunir los requisitos previstos en el concurso. Este preveía, al igual que la Escuela Judicial, la construcción, el mantenimiento y la explotación por un periodo de 35 años.

"En los dos últimos años", aseguró Nadal, el Gobierno de CiU "tiró la casa por la ventana". Añadió que este Gobierno no se quedará "quieto", pero que necesita revisar la situación presupuestaria y las deudas reales existentes.

También anunció a los constructores que deben dejar de interesarse "a golpe de talonario" por el suelo no urbanizable porque el Ejecutivo no piensa recalificarlo. Entre las prioridades de este Gobierno, aseguró, se halla la defensa del territorio y del paisaje.