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El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha decidido dejar reposar la orden que el fiscal general del Estado ha cursado a todas las fiscalías para que actúen de oficio contra quienes se concentraron en la jornada de reflexión ante las sedes del PP. No piensa hacerlo. Aguardará que existan denuncias de particulares para analizar si las remite, o no, al juzgado. En principio cualquier actuación de prudencia -y ésta es una de ellas- que no lleve a una aplicación automática de una orden que permite criminalizar in genere a todo ciudadano viviente tiene que ser bienvenida.

Sin embargo, esta espera puede hacer que muchos ciudadanos, que se manifestaron en Andalucía, tengan que aguardar un tiempo para saber si su comportamiento -a juicio de la fiscalía- puede ser castigado penalmente o, en su caso, administrativamente. Una espera que no parece razonable. Y no lo parece porque es algo notario y conocido por todos, incluidos fiscales, que las concentraciones fueron pacíficas; que fueron espontáneas y que la presencia de los ciudadanos era una muestra de rabia por los asesinatos de Atocha y de solidaridad con el dolor de los familiares de los asesinados y de los heridos. También de queja por la forma en la que el Gobierno estaba haciendo uso de la información. No es razonable, pues, por mucha prudencia que se tenga, hacer que tantos ciudadanos tengan que aguardar para conocer si se van a sentar en un banquillo por unos hechos que sólo tienen de delito la presunción de Cardenal.

Tal vez, por esta razón, piense que ante órdenes generales y cardenalicias, que imputan delitos que no concretan, no se comprueban y se generalizan a todos los ciudadanos, no cabe la espera sino el archivo inmediato de esta orden.

Es una forma de hacer saber que no deben caber dudas que, ante situaciones excepcionales, la pasividad es mala compañera y que la sociedad rebelde y que saca a la luz lo que algunos querían esconder, no puede criminalizarse. También para decir que las practicas de este fiscal general, que tiene en su haber ceses tan injustificados como el del fiscal Anticorrupción y el fiscal jefe de Madrid, han dejado de tener sitio en un Estado y en una comunidad, que han dicho en las urnas que no quieren esta forma de gobernar ni aceptar este tipo de herencias.