Bilbao niega haber conocido en 2003 las anomalías en la Inspección fiscal

La Diputación de Vizcaya negó ayer la veracidad de las declaraciones realizadas ante el juez del anterior director de la Hacienda foral, Javier Muguruza, y rechazó que el actual equipo conociera al menos desde julio las presuntas irregularidades detectadas en la Inspección fiscal. "Es absolutamente falso", dijo ante las Juntas Generales el diputado general José Luis Bilbao, quien limitó este caso a los "comportamientos particulares de un funcionario". Afirmó que las investigaciones han corroborado que "no hay financiación del PNV" y que no se "juzga a la Diputación ni a la Hacienda".

Bilbao compareció por vez primera en las Juntas por un caso que ha adquirido gran trascendencia desde que en diciembre pasado la Fiscalía Anticorrupción presentara una querella contra el entonces jefe de la Inspección Fiscal en Vizcaya, Juan Ramón Ibarra, por los delitos de prevaricación, falsedad en documento público, infidelidad en su custodia y desobediencia. Posteriormente, otros tres funcionarios de este servicio han sido imputados por colaboración.

La presencia del diputado general, que no estaba prevista, sirvió para que se conociesen algunos datos del caso, frente a la casi nula información aportada en las dos comparecencias anteriores del actual diputado de Hacienda, José María Iruarrizaga. Por ejemplo, Bilbao precisó que, aunque el número de sociedades y empresas incluidas en el listado que se autoasignó irregularmente Ibarra y que pudieron haber recibido un trato de favor supera el centenar, la cifra de "personas afectadas" está entre "20 y 25".

El diputado general, quien admitió que la investigación judicial ha generado "una incertidumbre" sobre el funcionamiento de la Hacienda vizcaína, aseguró inicialmente que no iba a "contestar ni decir nada" sobre la veracidad de las declaraciones de Muguruza. En su comparecencia como testigo ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Bilbao, que abrió diligencias en enero, Muguruza sostuvo que conoció la existencia del listado personal de Ibarra en octubre de 2002 y que se lo comunicó a su superior, el diputado de Hacienda Javier Urizarbarrena. Estos datos, según la declaración, se trasladaron de forma oficial a los actuales responsables de la Diputación en julio pasado, "en el inventario de cuestiones pendientes, en el momento de traspaso de poderes".

Bilbao aseguró más tarde que en este traspaso de poderes "sólo se transmitieron los detalles de la actuación realizada hasta aquella fecha y de la documentación solicitada por la Fiscalía", más de 30.000 folios. Añadió que los anteriores responsables de Hacienda trasladaron "la percepción de que la investigación iba a ser archivada", ya que desde dos meses antes no se tenía ninguna información de la Fiscalía sobre estos hechos.

"Falta de conocimiento"

José Luis Bilbao, quien la pasada legislatura fue diputado de Presidencia -el cargo con competencia para abrir expedientes disciplinarios-, aseguró que "nadie, ni oficial ni extraoficialmente" le pidió que actuara en la Inspección de Hacienda. El jefe del gobierno foral se apoyó en esta "falta de conocimiento" de lo que sucedía en Hacienda para justificar la inexistencia de una investigación interna. "¿Sobre qué, quiénes, qué años o expedientes ibamos a abrir una investigación?", preguntó y volvió a insistir en la tesis oficial de la Diputación: sólo conocieron los hechos a partir del 29 de enero, cuando se personó en las diligencias judiciales. Por el contrario, resaltó que a partir de esa fecha se destituyó a Juan Ramón Ibarra como subdirector de Inspección y se ha abordado una profunda renovación de los cargos de responsabilidad de este servicio de la Hacienda foral.

La oposición se mostró crítica con Bilbao. PP e IU coincidieron en que los hechos se conocían con anterioridad al momento en que se tomaron medidas. El popular Carlos Olazabal dudó de la "normalidad" de que hace un año la Fiscalía Anticorrupción iniciase una amplia investigación "y no preguntaran nada al director de Hacienda sobre lo que pasaba". Dijo que este caso "sí puede ser una actuación irregular de un inspector", pero censuró que no se le cesara "el primer día". "Se han quedado enrocados y esto va a peor".

Martin Calvo (IU) calificó de "veraz" el conocimiento anterior de los hechos por la Diputación y censuró que no se ordenara una investigación interna. Josu Montalban (PSE) reclamó "información fluida" y dijo que serán "implacables" si se descubre "alguna mentira o media verdad". PNV y EA, que sustentan al equipo de gobierno, defendieron como correcta la actuación de la Diputación.