El paro en los túneles de Artxanda enfrenta a Vizcaya con Empleo

El cierre de los túneles de Artxanda, que proporcionan un acceso directo entre Bilbao y su aeropuerto, cumple hoy su noveno día consecutivo por huelga sin perspectivas de solución. El conflicto ya ha causado discrepancias institucionales, puesto que la Diputación de Vizcaya, propietaria de la autovía, ha exigido al Gobierno vasco que establezca servicios mínimos que permitan la apertura de los túneles. El Ejecutivo rechaza la medida porque el conflicto "no reúne las condiciones que marca la ley" para los servicios mínimos, según un portavoz de la consejería de Empleo.

"Seguiremos insistiendo, pero la competencia [para decretar los servicios mínimos] es del Gobierno", aseguró ayer el portavoz de la Diputación y diputado de Urbanismo, Patxi Sierra-Sesúmaga. La institución foral es la propietaria de los túneles de Artxanda, una de las tres nuevas autovías construidas en el último lustro para desatascar los saturados accesos a Bilbao por la A-8. Pero, dado el elevado coste de su construcción (más de 95 millones de euros), estableció un pejae para cruzar dos de los tres túneles y estableció una concesión de 50 años, adjudicada a un consorcio de empresas encabezado por la BBK y Europistas.

El cierre de los viales -los dos túneles de pago permiten una conexión directa de la capital con el aeropuerto y el tercero, de libre acceso, comunica los barrios de Ugasko y La Salve- ha tenido una considerable incidencia en el tráfico desde y hacia Bilbao. Los túneles son una vía para muchos automovilistas de la Margen Derecha y especialmente para quien quiera dirigirse con premura al aeropuerto de Loiu. Ahora, de lunes a viernes, transitan por ellos entre 15.000 y 17.000 vehículos diarios, a los que se unen otros 15.000 en el túnel de libre acceso.

Por ello, la Diputación ha insistido en los últimos días en que se establezcan unos servicios mínimos que permitan la apertura, siquiera sea parcial, de la autovía. Al tratarse de túneles, no se ha podido aprobar la medida de su paso gratuito, ya que no había forma de garantizar la seguridad en el interior de las galerías, que ahora corre a cargo de 19 de los 40 trabajadores en huelga desde el pasado día 16.

"Hemos recibido presiones", admiten fuentes de la consejería de Empleo, competente en la fijación de mínimos en los conflictos laborales, "pero no reúne las condiciones que marca la ley" para ello. No se trata de un servicio esencial y existen otras carreteras alternativas, recalcan dichas fuentes.

Los sindicatos critican las peticiones de la Diputación respecto a los servicios mínimos. "No tiene nada que decir, porque no es un contrato-programa, sino una empresa privada con una explotación de 50 años", señaló un portavoz de UGT. La institución foral "puede mediar entre las partes, pero no intervenir de esa manera", agregó. Este sindicato convoca el paro junto a ELA.

La concesionaria de la vía, Túneles de Artxanda, recalcó ayer que el Gobierno sólo ha transmitido de manera verbal su rechazo a los servicios mínimos. "No nos ha dicho por escrito las razones", afirmó un portavoz.

La primera reunión, tras el inicio de la huelga, entre empresa y sindicatos, celebrada el pasado lunes, no ha tenido ningún efecto práctico y ni siquiera sirvió para iniciar un calendario de nuevos encuentros. "Estamos esperando a que nos conteste", señalan los representantes sindicales, que expresaron su "temor" a que la huelga se prolongue al menos durante toda esta semana.

Las discrepancias se centran en los salarios, que los trabajadores piden que se igualen con los de los empleados de la A-8, lo que supondría duplicar los actuales salarios. Así, de los casi 13.600 euros brutos anuales que percibe un cobrador se pasaría a 27.000 y los 16.600 que recibe un operador de mantenmiento se elevarían hasta 28.700. La empresa ha ofertado incrementos del 12% para este año y un 9% en los dos siguientes, de tal forma que en 2006 un cobrador recibiría 18.300 euros y un empleado de mantenimiento, 22.500. "No creo que sean sueldos miserables para personas a las que sólo se pide una formación de cultura general, en el caso de un cobrador, y FP, para los de mantenimiento", dijo el portavoz empresarial.

Los sindicatos consideran una "injusticia" que los trabajadores de los túneles "ganen la mitad" que otros empleados que realizan la misma labor e instan a la empresa a "un mayor esfuerzo. No vamos a ponerle en situación de quiebra, pero, a partir de nuestra posición, se puede ir negociando".

La concesionaria, que recibe la postura de los trabajadores como muestra "de que no quieren negociar", está realizando un análisis económico y pretende volver a convocar a los trabajadores "a ver si dicen lo que quieren".