Descoordinación policial

A las 16.50 del pasado 13 de marzo, la agencia Efe difundió unas declaraciones del director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Jorge Dezcallar, en las que desmentía una información de la Cadena SER según la cual el servicio secreto trabajaba, "al 99%", en la hipótesis de que la autoría de los atentados del 11-M correspondía a grupos fundamentalistas islámicos y no a ETA. En realidad, el desmentido era sólo formal, ya que Dezcallar negaba lo que nunca había dicho la Cadena SER: que el CNI hubiera "abandonado totalmente una línea de investigación en beneficio de otra o de otras".

Sin embargo, es de suponer que Dezcallar hubiera guardado silencio si hubiese sabido que a esas horas, aunque aún no se había difundido, estaban ya detenidos tres marroquíes y dos indios por su presunta vinculación con el atentado.

Seguramente, tampoco habría elevado el informe de las 15.51 del 11 de marzo, en el que el CNI daba por "casi segura" la autoría de ETA, de conocer que en el cuartel policial de Canillas (Madrid) había una furgoneta con detonadores, restos de explosivo y una cinta con versículos coránicos.

Tanto el CNI como la Guardia Civil y la Policía cuentan con expertos en terrorismo islámico pero, al menos hasta después de las elecciones del 14 de marzo, cada uno trabajó por su cuenta y sólo este último cuerpo, como responsable de la investigación a las órdenes del juez, tenía acceso a las pruebas que se iban acumulando.

A la reunión que, el mismo día 11 por la mañana, se celebró en el Ministerio del Interior, presidida por el secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Astarloa, sólo acudieron los responsables de los cuerpos de Seguridad del Estado, pero no el director del CNI. Tras el mayor atentado terrorista de la historia de España, nadie convocó a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia, prevista por ley.