La Zona Franca de Cádiz presenta la primera de sus cinco demandas contra Quality Food

Los servicios jurídicos de la Zona Franca de Cádiz presentaron ayer la primera de las cinco demandas que interpondrán esta semana contra el ex presidente de Quality Food, Manuel García Gallardo, y contra familiares y colaboradores suyos por la supuesta desaparición de 2,7 millones de euros de las cuentas de esa empresa dedicada a servicios de alimentación. La demanda de la Zona Franca, dependiente del Ministerio de Hacienda, sucede a la denuncia que hace unas semanas presentó García Gallardo contra el delegado especial del Estado en funciones en este organismo, Miguel Osuna.

Miguel Osuna explicó ayer que la Zona Franca persigue con sus demandas judiciales "averiguar" dónde están diversas cantidades de dinero que suman 2,7 millones y que "no aparecen por ningún lado". Según detalló, las investigaciones desarrolladas por el recinto fiscal y una auditoria externa revelan la existencia de "pantallas fiscales" con las que, según denunció, García Gallardo "engañó" al Consejo de Administración de Quality Food y a la Zona Franca, donde presentó cuentas positivas "cuando, en realidad, esta sociedad estaba en quiebra técnica".

"Parecía un entramado empresarial muy complicado, pero son simples pantallas fiscales que se ven todos los días, están muy trilladas y se desarman porque, con los conocimientos adecuados, es muy fácil de descubrir", dijo Osuna.

El delegado reiteró que la Abogacía del Estado se querellará también contra este empresario como presunto autor de un delito societario por la comisión de numerosas irregularidades que, según afirmó, él desconocía como consejero de esta empresa.

Las cinco denuncias de la Zona Franca se producen unas semanas después de que Manuel García Gallardo impugnase la ampliación de capital autorizada el 23 de diciembre de 2003 y presentase una denuncia en la que pide a la justicia que le devuelva el control de esta sociedad.

Gallardo acusó a Osuna de "arrebatarle" el control de la mayoría del accionariado de Quality Food de manera "ilegal", al retirar "sin autorización" 2,3 millones de euros de los fondos de esta sociedad.

Su demanda se fundamenta en que Miguel Osuna, supuestamente, "engañó" a los accionistas de esta empresa al aportar sólo dos millones de los 4,3 que le correspondía depositar para adquirir el paquete de acciones con el que el recinto fiscal gaditano pasaría a tener el 52% de esta empresa. Los otros 2,3 millones de euros los consiguió al retirar esta cantidad de las cuentas bancarias de Quality Food "sin autorización, ni poder y engañando al banco", según denunció García.

El delegado especial del Estado refutó ayer nuevamente esta denuncia y aseguró que la Zona Franca adquirió "legalmente" la mayoría del accionariado "bajo la tutela" de la Abogacía del Estado.

Aseguró que el recinto fiscal pagó los 4,3 millones que debía depositar en la ampliación de capital, aunque no aclaró por qué retiró, supuestamente "sin permiso", 2,3 millones de las cuentas bancarias de esa sociedad antes de abonar las acciones.

El delegado ha sido citado a declarar a principios del próximo mes de abril. Sin embargo, no se mostró contrariado con este hecho. Muy al contrario, afirmó: "Me parece perfecta esta denuncias porque es otra oportunidad para contar lo que ha pasado con calma y tranquilidad".

En defensa de la gestión de Miguel Osuna irrumpió ayer la presidenta del Consorcio de la Zona Franca y alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez: "Es un delegado inquieto, además de solvente, honrado y con capacidad para estar en todos los detalles".

La Zona Franca no descarta actuaciones por la vía penal, pero está medida tiene que ser aprobada por el pleno del consorcio, que podría convocarse en la primera semana de abril.

El recinto fiscal acordó la destitución de García Gallardo en febrero, tras informar de presuntas irregularidades como, la mencionada desaparición de 2,7 millones de euros y la existencia de una "caja B" para pago de comisiones. Quality Food fue creada en 2001 y tiene entre su cartera de clientes al Ministerio de Defensa y centros hospitalarios y educativos. La empresa fue sancionada el pasado año por la Junta de Andalucía por impago a una profesora de unos cursos subvencionados.