Aguirre pedirá 3.633 millones de euros al Gobierno central
La presidenta regional secunda ahora las reclamaciones que en su día hizo Simancas
La victoria electoral del candidato socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, en las elecciones generales del domingo 14 de marzo ha creado una nueva situación en las relaciones entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno central. Según fuentes del ejecutivo autonómico, la presidenta regional está dispuesta ahora a "solicitar al futuro Gobierno de Rodríguez Zapatero todas las partidas que se adeudan" de transferencias de Educación, Sanidad y Justicia.
Aguirre aprovechará, además, las reclamaciones que el portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Rafael Simancas, ha venido haciendo desde que se convirtiera en candidato para la presidencia de la Comunidad. Así, Aguirre solicitará al Gobierno central, al menos, 3.633 millones de euros que se desglosan de la siguente forma. Cuando el presidente del Gobierno era José María Aznar, la presidenta regional no secundó las manifestaciones de Simancas respecto a la petición de estas cantidades al Gobierno de Aznar. Ahora, con otro inquilino en La Moncloa, Rodríguez Zapatero, sí lo hace.
- Traspaso de competencias. Durante las dos campañas electorales, las del 25-M y 26-O, el candidato socialista, Rafael Simancas, aseguró que de convertirse en presidente de la Comunidad reclamaría al Gobierno central "3.000 millones de euros". Según Simancas, éste es el déficit con el que llegaron las transferencias en materia de Sanidad, Educación y Justicia.
Tras el escándalo de la Asamblea protagonizado por dos diputados del PSOE que desertaron, forzando así la repetición de las elecciones que finalmente ganó el PP, Simancas ha seguido pidiendo a Aguirre que solicite al Gobierno central el pago de esta deuda. Incluso llegó a decir que en caso de que Rodríguez Zapatero ganase las elecciones generales acompañaría a la presidenta al Palacio de la Moncloa para solicitar este débito.
Aguirre ha declinado la oferta por medio de su portavoz y vicepresidente, Ignacio González, quien aseguró tras la reunión del último Consejo de Gobierno que ese ofrecimiento "no es una práctica institucional lógica". Por su parte, el portavoz del PP en la Asamblea, Antonio Beteta, se subió al carro de las peticiones al Gobierno central y aseguró que "cuestiones como la odontología gratis, el cambio de sexo y otras muchas pueden ser y deben ser objeto de financiación por la institución que tome las decisiones [el Estado] y, en consecuencia, sí parece necesario analizar cómo se van a financiar todas aquellas cuestiones que están pendientes de adjudicación del lote de financiación".
- Estación de cercanías de Alonso Martínez.
El ministro de Fomento en funciones, Francisco Álvarez-Cascos, decidió construir un nuevo túnel que corra paralelo al ya existente túnel de la risa que une las estaciones de Atocha y Chamartín. Además de esta nueva línea de cercanías, se proyectaron dos estaciones, una en la Puerta del Sol y otra en Alonso Martínez, que no estaban inicialmente en el proyecto.
Mientras Alberto Ruiz-Gallardón era alcalde y presidente de la Comunidad en funciones, llegó a un acuerdo con Fomento por el que el apeadero se financiaría en un 55% por el ministerio y que un 30% lo aportaría la Comunidad de Madrid. El Ayuntamiento se haría cargo del 15% del total de la obra. Esta estación costaría alrededor de los sesenta millones de euros, por lo que el Estado tendría que aportar más de 30 millones para esta obra.
Pero existe un dato más que hace peligrar esta estación. Tanto Rafael Simancas como la portavoz municipal del PSOE, Trinidad Jiménez, han mostrado su disconformidad con la apertura de una estación de cercanías a menos de un kilómetro de la proyectada en la Puerta del Sol.
- Plan Felipe. En 1994, el entonces ministro de Fomento, Josep Borrel, del Gabinete de Felipe González, pactó con el presidente de la Comunidad de Madrid, el también socialista Joaquín Leguina, un plan de inversiones del Estado para mejorar las infraestructuras del transporte. Ese plan se cumplió sólo en parte y el Ejecutivo dejó de invertir 600 millones de euros en la Comunidad de Madrid.
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