¿El fin de la televisión de partido?

Ni un euro más de los contribuyentes para la manipulación y la programación basura". El líder socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, trazó así el pasado noviembre una pincelada de por dónde debería enfocarse la reforma de los medios de comunicación públicos, utilizados hasta la extenuación por el PP para la propaganda política. Esta práctica se ha visto redoblada durante la cobertura informativa del atentado de Atocha y las elecciones generales del pasado domingo. Sobre los directivos de las televisiones controladas por el PP han llovido, sin éxito hasta ahora, peticiones de dimisión.

Zapatero hereda una televisión estatal endeudada como nunca en su historia, una audiencia en constante descenso, una programación infestada de programas basura, con una credibilidad informativa bajo mínimos y una condena por manipulación sobre la mesa. Si hay un nombre que ha concitado el rechazo de prácticamente todas las fuerzas políticas de la oposición es el de Alfredo Urdaci, director de informativos de TVE y conductor del Telediario 2. Los profesionales de la cadena pública y muchos ciudadanos se preguntan ahora cuántos telediarios le quedan a Urdaci.

El PSOE ha encomendado a un 'comité de sabios' el diseño de un nuevo marco televisivo que pondrá al día el Estatuto de RTVE, aprobado por consenso en 1980

Tres objetivos

Recuperar la veracidad, el pluralismo y la objetividad en los medios públicos es la tarea más dura a la que se enfrentará el nuevo Gobierno en el ámbito de los medios de comunicación. Para ello, el PSOE ha encomendado a un comité de sabios el diseño de un nuevo marco televisivo que pondrá al día el Estatuto de RTVE, aprobado en 1980 por un amplio consenso parlamentario y a todas luces obsoleto. Ese consejo está integrado por el académico Emilio Lledó, la catedrática de Filosofía Moral y Política Victoria Camps, el filósofo Fernando Savater y el catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad Enrique Bustamante. El quinteto estaba también compuesto por el lingüista y académico Fernando Lázaro Carreter, fallecido el mes pasado.

Zapatero ha anunciado que respetará de principio a fin el dictamen del comité de sabios, pero los socialistas han avanzado ya algunas claves de la reforma: el director general de RTVE dejará de ser un apéndice del Gobierno y será designado por el Parlamento por una mayoría cualificada con mandatos no renovables; los contenidos pivotarán sobre la veracidad, la profesionalidad y el buen gusto; se emitirán debates políticos, especialmente durante las campañas electorales.

El líder socialista ha apostado por una televisión verdaderamente pública e independiente: ni del PP, ni del PSOE. "Por una mera cuestión de salud democrática, me comprometo firmemente a que el Gobierno del cambio acabará con la televisión de partido". El objetivo final es erradicar el servilismo y la manipulación informativa, que ha quedado demostrada con la sentencia de la Audiencia Nacional que condenó a TVE por la falta de imparcialidad durante la cobertura de la huelga general del 20 de junio de 2002.

Hasta que el nuevo marco esté diseñado, los socialistas se proponen nombrar un director general provisional que estará al frente de RTVE de forma transitoria. Su primera tarea será poner fin a la "falta de neutralidad de los medios públicos".

La reforma abarcará también a las televisiones autonómicas, que en la mayoría de los casos han actuado de correa de transmisión de los respectivos Ejecutivos regionales. Las posibilidades de emprender la vía de la privatización, abierta la pasada legislatura por la cadena valenciana Canal 9, se desvanecen.

La reforma de RTVE deberá hacer frente a un modelo financiero que, hasta ahora, se ha apoyado en el endeudamiento ilimitado. En los ocho años de Gobierno popular, la deuda del Ente Público se ha multiplicado por cuatro. A finales de este ejercicio, las previsiones situaban el endeudamiento histórico en la astronómica cifra de 6.800 millones de euros. El Gobierno del PP se comprometió a poner "el contador a cero" el 1 de enero de 2005 mediante la asunción de 6.200 millones de deuda por parte del Estado. Esta operación está ya contabilizada en las cuentas y ha acarreado la subida de un punto de la deuda pública en relación al producto interior bruto.

Sin embargo, el problema está resuelto a medias. Falta por resideñar el modelo de financiación de la televisión estatal. Hasta ahora la recaudación de ingresos se ha apoyado en tres pilares: el insaciable acceso al mercado publicitario (840 millones previstos para este año), una mínima subvención pública (82 millones) y un mayor endeudamiento (668 millones) . Sólo en intereses de la deuda, RTVE deberá pagar este año 256 millones.

Reordenar el sector

En el ámbito audiovisual, los socialistas deberán afrontar la reordenación del sector a través de una ley general. Su objetivo es llegar a un consenso con el resto de las fuerzas políticas y con los agentes del sector: cadenas de televisión, productores, representantes sindicales y consumidores.

Otra de las propuestas de actuación pasa por la creación de un Consejo Superior de Medios Audiovisuales similar al que opera en todos los países de la Unión Europa. Este organismo será independiente del Gobierno y con poder sancionador y tendrá como misión garantizar el pluralismo y el cumplimiento de la ley. Su creación fue aprobada en 1995 en el Senado con el apoyo de todos los grupos políticos, pero ningún Gobierno apostó por desarrollarlo. Implicaba ceder cuota de poder.

El cambio en los medios de comunicación públicos pasa también por el relevo en la cúpula directiva de la agencia estatal de noticias Efe, que ha sido acusada por los trabajadores de instaurar "un régimen de censura y manipulación", especialmente durante la cobertura de los atentados de Madrid y las elecciones generales del 14-M.