El 'caso Mercalicante' lleva dos años encallado en un laberinto jurídico

Los hechos se destaparon en junio de 2002 y la investigación judicial se activó tres meses después. Sin embargo, dos años más tarde, las diligencias sobre el supuesto desfalco de unos seis millones de euros en la contabilidad de la empresa pública Mercalicante han encallado en un laberinto jurídico por mor de los recursos y contrarrecursos de las partes, la mayoría sobre aspectos formales. El PSPV apeló ayer el auto de la juez de 9 de marzo que archivó su querella contra la comisión ejecutiva de la sociedad presidida por alcalde, Luis Díaz Alperi, del PP.

A acentuar la formidable maraña judicial de este caso ha contrubido incluso la propia juez instructora, la titular del Juzgado número 1 de Alicante, la magistrada María Cristina Costa. La juez ha vuelto sobre sus pasos, no para ratificarse, sino para desdecirse, y ha levantado la imputación a los miembros del comité ejecutivo de la firma, entre ellos el alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, del PP. La sorpresiva resolución ha desatado otro recurso, que tendrá que resolver la Audiencia Provincial de Alicante.

A la espera del pronunciamiento de la Audiencia, la instrucción del caso Mercalicante se centra, al menos en su vertiente más decisiva, en si el hasta ahora principal imputado, el ex gerente José Emilio Clavero es el único responsable del agujero económico de la empresa entre los años 1999 y 2002 o, por el contrario, la responsabilidad penal también alcanza a la comisión ejecutiva. Este ente era el máximo órgano de control de la firma, y al igual que su consejo de administración, lo presidía el alcalde. Su composición se completaba con dos ediles del PP, Juan Zaragoza y José María Rodríguez Galant, y otros dos representantes de la firma estatal Mercasa, socio de Mercalicante.

En el plano estrictamente jurídico, las diligencias del caso Mercalicante presentan cuatro puntos calientes. El primero fue el arresto, por iniciativa del fiscal, del ex gerente José Emilio Clavero. La juez imputó al ex gerente un supuesto delito de estafa y apropiación indebida y decretó su libertad provisional. El ex directivo se declaró inocente y mantuvo que la comisión ejecutiva, y de manera especial el alcalde, estaba al tanto de todos las supuestas irregularidades contables descubiertas en la empresa.

Posibles delitos

El segundo punto de inflexión de la instrucción fue la presentación de una querella criminal por parte del PSPV que ampliaba las responsabilidades a los cinco miembros de la comisión ejecutiva por un supuesto delito continuado de apropiación indebida y societario.

Los socialistas optaron por la vía jurídica al considerar que el PP cerró en falso la comisión municipal de investigación, que tras cuatro meses de sesiones concluyó que no había "responsabilidades" políticas en el supuesto desfalco.

En marzo de 2003, la juez admitió a trámite parcialmente la querella de los socialistas. En octubre del mismo año, la magistrada ratificó su decisión con un auto en el que, además, de manera explícita, acuerda la imputación de Luis Díaz Alperi y del resto de miembros de la comisión ejecutiva por considerar que "existen indicios delictivos". La juez llegó a afirmar en su auto que Alperi "conocía los actos de Clavero en Mercalicante". El auto de admisión incluía que los querellantes depositaran una fianza de 6.000 euros y que se personaran en causa a través de la acusación popular, que ya ejerce un histórico representante del movimiento vecinal, José Luis Valdés.

El PSPV pagó la fianza, pero, en opinión de la juez, no cumplió el segundo requisito, en espera de que el juzgado le comunicara precisamente la recepción del fondo. Entre tanto, la instrucción prosiguió con la declaración testigos, la mayoría directivos de tres firmas en las que, según mantiene el Ayuntamiento y Mercalicante, el ex gerente se apoyó para consumar el desfalco.

El portavoz del grupo municipal socialista, Blas Bernal, califica de "extraña" la instrucción de la causa. "Hemos solicitado informes jurídicos para evaluar la posibilidad presentar una queja al Consejo General del Poder Judicial", asegura Bernal. Los socialistas critican que la por una cuestión de forma la juez ya no aprecie los indicios delictivos.

En el otro bando, reina la satisfacción por la resolución de la juez instructora. Luis Díaz Alperi insiste en que nunca hubo motivo para su imputación y redobla sus acusaciones contra los socialistas por usar el caso con fines "electoralistas".