Un mayor gasto no soluciona el atasco en los tribunales, según un informe
Rosa Bendala sostiene que el sistema está "agotado"
El informe Las cuentas de la Justicia y el Estado de las autonomías, realizado por la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Rosa Bendala, pone de manifiesto que el incremento del gasto en los últimos años, que ha supuesto más jueces, más personal y más medios materiales, no ha disminuido el número de resoluciones pendientes. "El sistema está agotado y hay que buscar una salida en la organización del trabajo", señala Bendala, quien concluye que también hace falta "transparencia en la justicia".
El informe es un análisis que nace de las reuniones mantenidas por consejeros y viceconsejeros de Justicia entre 1998 y 2002. Bendala resaltó que los Gobiernos autonómicos han jugado un papel "básico" en la modernización de la justicia. "Las comunidades se han gastado más en materia de justicia que el propio ministerio, han sido un revulsivo tras el traspaso de las competencias", resaltó Rosa Bendala.
El informe refleja el crecimiento de las plantillas en ocho comunidades autónomas, que han pasado de tener 50.489 empleados en 1999 a 57.092 en 2002. El gasto en personal también ha aumentado. En Andalucía se ha pasado de 92.166.037 euros en 1999 a 132.253.120 en 2002.
En el apartado de los asuntos judiciales, el informe recalca que, en los últimos cinco años, hubo 1,2 millones más de casos en los juzgados y en los tribunales españoles. Aunque ha aumentado un 30% el dinero que se destina a la justicia, la bolsa de asuntos pendientes de resolver no decreció. La evolución de los casos pendientes en España ha sido de 2.031.026 en 1998 a 2.087.746 en 2002. Según el análisis, harían falta dos años para resolver solamente el retraso judicial.
En el capítulo de las cuentas de Andalucía, el informe señala que la Administración ha ido incrementando de forma notable el gasto en personal, en comunicaciones y en justicia gratuita. En 1997 se puso en marcha el Plan Adriano para informatizar la red judicial, que ha supuesto una inversión de 43.831.473 euros en seis años. La plantilla de funcionarios de justicia aumentó durante ese tiempo en 1.308 personas.
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