No nos falles ZP

Aún no se había escrutado el 100% de los votos, pero ya era notoria la apuesta de los españoles por un cambio de gobierno. A las puertas de Ferraz, cientos de jóvenes profundamente felices por tu victoria te reclamaban que no les fallases. A la mañana siguiente, le reconociste a Iñaki Gabilondo que ésa fue una de las frases que más te impactó y que la tendrías presente constantemente, al igual que tendrías en cuenta que muchos votos de la izquierda (la Izquierda Unida de Llamazares) habían recalado en las siglas del PSOE para hacer posible la derrota del PP.

Durante la campaña, han quedado pronunciadas muchas promesas electorales relativas a la educación y la sanidad pública de calidad, las pensiones dignas, los servicios sociales generalizados, el acceso a la vivienda para los jóvenes, el empleo estable, la posición internacional de España y, ¡cómo no!, la transparencia y la no manipulación informativa. Se te exigirá con vehemencia cumplirlas desde el primer día, desde el primer Consejo de Ministros, y no creas que sólo desde la oposición, que no te dará los consabidos cien días de gracia. También te lo vamos a reclamar tus votantes y especialmente los militantes del partido.

Pero para poder desarrollar esas políticas cercanas prometidas, es imprescindible acertar con la orientación de la política macroeconómica, el funcionamiento del sistema financiero y la normativa que lo regula, así como con la estrategia respecto a los grandes monopolios u oligopolios creados al amparo de la falsa liberalización que impulsó el gobierno del PP.

Miguel Sebastián tuvo que salir a la palestra el martes, segundo día de mayor caída de las bolsas en lo que va de año (por cierto, hoy ya recuperadas), para dar un mensaje de tranquilidad a los mercados y a los sectores empresariales que habían apostado claramente por que el PP revalidase su mayoría absoluta. Sebastián aseguró que no había razones que justificasen ningún nerviosismo, porque el PSOE iba a ejecutar una política económica basada en incrementar la inversión en Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I), cosa que garantizará el aumento de la productividad y, por tanto, del empleo, y prometió "acabar con la injerencia en las empresas y la práctica de favorecer a los amigos".

Miguel Sebastián, gran conocedor del sistema financiero español -no en balde dirigió el servicio de estudios del BBV-, es plenamente consciente de la importancia de las cajas de ahorros dentro del sistema financiero. En este punto quiero detenerme. Hace poco más de un año y por exigencia de la Unión Europea, el PP modificó parcialmente la Ley de Órganos Rectores de Cajas de Ahorros (LORCA) y redujo el peso del sector público por debajo del 50% en los órganos de gobierno de las entidades.

Fue una modificación realizada por la puerta de atrás, mediante la ley financiera, sin la revisión en profundidad de la LORCA que exigen los casi veinte años de su vigencia, sin el consenso parlamentario exigible en un tema de Estado y, sobre todo, bordeando, cuando no invadiendo, competencias autonómicas. Pero lo más importante es que la ley financiera, según denunció reiteradamente Jordi Sevilla, abrió la puerta a la "privatización" de las cajas, para ser más exactos a la expoliación del patrimonio colectivo de los ciudadanos en favor de minoritarios grupos de interés, a través de la regulación de las cuotas participativas. Y ello porque, aunque en principio no se concede derechos políticos a los cuotapartícipes, se posibilita que las entidades puedan amortizarlas si la normativa posterior los llegase a reconocer, cuestión absolutamente inviable puesto que dejaría a las entidades que optasen por la amortización en una situación de clara desventaja frente a sus competidores.

En la Comunidad Valenciana, hemos sufrido con especial virulencia la política de intromisión del gobierno de Zaplana en nuestras cajas, como ha denunciado hasta la saciedad el responsable de economía del PSPV y hoy diputado electo por Valencia, Ricard Torres. Tan sólo como botón de muestra cabe recordar la situación de crisis a la que llevaron a Caja Carlet, a cambio de obtener la alcaldía del municipio. O la exigencia de financiar proyectos faraónicos que resultaron ruinosos, como Terra Mítica, y que han obligado a las cajas a duplicar su dotación por insolvencias en el último año. O la subordinación de los millonarios fondos de la Obra Social de las Cajas a los intereses propagandísticos del gobierno Zaplana. Sin olvidarnos del nombramiento de miembros de consejos de administración que sonrojarían a cualquier ciudadano, excepto al ministro portavoz en funciones. En efecto, Eduardo Zaplana no tuvo el menor empacho en imponer a su cuñado en la Caja de Ahorros del Mediterráneo mientras él presidía la Generalitat. Ni -la guinda del pastel- en colocar al efímero presidente de la Generalitat, José Luis Olivas, como presidente de Bancaja y, de rebote, del Banco de Valencia. Y por supuesto, consejero de empresas como Iberdrola, Aguas de Valencia, la concesionaria de la autopista A-7....etc, cargos que conllevan, dicho sea de paso, unas retribuciones millonarias cuya percepción por la persona y no por la entidad bordea el fraude de ley. Los citados cargos los detenta en función de su condición de presidente de la Caja de Ahorros y este cargo es, por imperativo legal, "honorífico y gratuito".

Los responsables de economía del PSPV y del PSOE, Ricard Torres y Jordi Sevilla, forman ya parte del grupo parlamentario que va a respaldar a tu Gobierno e incluso puede que asuman otras responsabilidades. El coordinador del programa económico con el que has concurrido a las elecciones, Miguel Sebastián, suena como responsable de Economía en el Ejecutivo. Todos ellos han abogado siempre por el no intervencionismo en materia de cajas. Y tú mismo, en la campaña que te llevó a la secretaría general del PSOE, te definiste como socialista a fuer de liberal. Es, por tanto, el momento de cumplir con esos compromisos.

Te toca poner en marcha una reforma legislativa que garantice el mantenimiento de la naturaleza jurídica actual de las cajas de ahorros. En segundo lugar, que impida la subordinación de las entidades a la voluntad del Gobierno de turno y reduzca el peso de las Administraciones Públicas en los órganos de gobierno de las entidades, cuyos representantes en todo caso deben ser designados según criterios de proporcionalidad entre las fuerzas políticas y entre personas con una solvencia académica y profesional en el ámbito de la economía y las finanzas "realmente contrastadas". Y, por último, la normativa estatal debe ampliar el régimen de incompatibilidades para que, junto a una aplicación rigurosa de un código ético respecto de los conflictos de intereses, no vuelvan a darse situaciones como las vividas en la Comunidad Valenciana en estos últimos años. Ahora es tu turno, ZP. No nos falles.

José Villar Rivera es ex secretario general de la Federación Valenciana de Cajas de Ahorros