El Gobierno rechaza regular por ley el acompañamiento a sus proyectos

Los grupos del tripartito derribaron ayer en el Parlamento una proposición de ley socialista que pretendía incorporar a la Ley de Gobierno la relación de documentos que deben acompañar a los proyectos de ley dentro de lo que esa norma denomina genéricamente "antecedentes necesarios". El argumento para el rechazo, expresado ya por el Ejecutivo en su oposición a la toma en consideración de la propuesta, es que la incorporación a una norma legal de esos requisitos daría lugar a "una rigidez inconveniente". El Gobierno pone por delante la necesidad de "flexiblidad y adaptabilidad a las circunstancias".

El socialista Víctor García ofreció suprimir la enumeración exhaustiva de los documentos exigibles y acordar una mención genérica a la obligación del Gabinete de acompañar los proyectos de ley con toda la documentación de que el Ejecutivo disponga en relación con cada uno de ellos. El tripartito no aceptó y derrotó la propuesta.

Entre sus argumentos estuvo también el de que los requisitos exigidos en la iniciativa del PSE están ya recogidos en un acuerdo de Gobierno del pasado 3 de febrero. En efecto, ese día el Consejo aprobó un acuerdo, que no se comunicó en la referencia que se hace pública cada martes, que establece que los proyectos de ley se enviarán al Parlamento acompañados de una exposición de motivos, una memoria explicativa en el que se reseñarán antecedentes, trámites y resultado de éstos, así como modificaciones aconsejadas por los informes solicitados o, en su caso, la motivación para no seguir sus indicaciones. También se debe enviar una memoria económica con estimacion de costes, para la Administración general y para cualquier otra, si la nueva ley los origina, el modo de financiación, los informes y dictámenes que sean obligatorios por ley, el dictamen de la Comisión Jurídica Asesora y la lista de disposiciones afectadas por la norma que se desea aprobar.

Estas exigencias son coincidentes con las de la proposición socialista rechazada. García, con todo, insistió en que la no incorporación de esas exigencias al texto legal dejan al arbitrio del Gobierno su cumplimiento y a la oposición sin posiblidades de recurrir, ni ante la Mesa del Parlamento ni ante los tribunales si se incumple. "Un acuerdo de Gobierno no obliga, no tiene naturaleza jurídica, no es una norma. Si el Gobierno no cumple, ¿a quién reclamo yo sin poder decir que se ha infringido la ley?", se preguntó.