El 'síntoma Bracons'

El Gobierno catalán ha decidido seguir adelante con el tema del túnel de Bracons a pesar de la evidente oposición de un sector social significativo y del rechazo político de los grupos de Iniciativa y Esquerra. ¿Es ello fruto de una estrategia consciente acerca de cuál es el modelo adecuado que le conviene a la Cataluña del siglo XXI? ¿O es simplemente una decisión coyuntural y de vuelo gallináceo sobre un tema en el que convenía decidir cuanto antes? A pesar de los pesares, la alternativa mejor sería la primera, ya que implicaría que se habría discutido de forma colectiva sobre el tipo de desarrollo que se debe impulsar y el modelo territorial en el que fundamentar tal desarrollo. Pero más bien nos inclinamos a pensar que la respuesta deberemos buscarla en la segunda de nuestras hipótesis. El consejero Nadal ha aprovechado la ventana de oportunidad que se abría tras las elecciones y su sorprendente y esperanzador resultado, y todo el ruido mediático que arrastramos tras los acontecimientos de la semana pasada, para zanjar de buenas a primeras un espinoso tema que se iba arrastrando desde noviembre.

Desde el entorno socialista se venía discutiendo sobre la necesidad de demostrar a las fuerzas económicas y a las élites territoriales que el Gobierno no estaba condicionado en su capacidad resolutoria por ninguna hipoteca política procedente de los ecosocialistas y republicanos. De hecho, ya aceptaron a regañadientes que fuera Iniciativa quien asumiera la cartera de Medio Ambiente, precisamente porque sus consejeros aúlicos del mundo empresarial les prevenían sobre las sospechas de parálisis que ello produciría. Pero ahora, con el oleaje socialista en pleno apogeo, han querido poner de relieve quién manda. Desde mi punto de vista el resultado no es bueno. Y no lo es, tanto si lo miramos desde el punto de vista del contenido como si nos fijamos en las maneras con que se ha procedido.

En relación con el contenido, ya que no me parece correcto seguir actuando con la lógica convergente del "proyecto a proyecto", sin debate de fondo alguno sobre hacia dónde nos dirigimos. La pregunta pertinente no es túnel sí o no, sino qué vía de comunicación para qué Osona, para qué Garrotxa, para qué Cataluña. O dicho de otra manera, ¿queremos seguir con el actual modelo de desarrollo económico y de usos del territorio o es posible plantearse alternativas distintas? Y ese debate, que sepamos, no se ha desarrollado. No es tampoco un problema de dar satisfacción a la opinión mayoritaria de los territorios afectados. En los temas de medio ambiente, en los temas de sostenibilidad del país, la opinión de los directamente afectados no tiene por qué ser el elemento determinante. Es bien sabido que democracia y medio ambiente no pueden ser vistos como elementos mecánicamente unidos, porque las decisiones aparentemente locales afectan de manera clara a muchos otros factores de equilibrio general, y porque las decisiones de hoy afectan a las generaciones del mañana que no han sido implicadas en el proceso decisional. Si el problema es de comunicación, de facilitar el intercambio entre ámbitos territoriales con dificultades de conexión, deben contemplarse todas las alternativas existentes y calibrar de manera abierta y transparente costes y beneficios, e implicaciones e impactos actuales y futuros. De todos es sabido que la creciente urbanización del país sigue de manera muy precisa el desarrollo de las vías de comunicación, y por tanto detrás de cada nuevo kilómetro de carretera se produce un impacto en pocos años en relación con los usos del suelo y sus consiguientes efectos en la estructura social, en los modos de vida y de consumo. Bracons es un (mal) síntoma de que poco ha cambiado en la falta de criterios conocidos sobre hacia qué Cataluña nos dirigimos desde el punto de vista de prioridades de desarrollo y de equilibrio territorial y ambiental.

Si nos detenemos en el procedimiento, la cosa no tiene mejor pinta. La aprobación del tema el día 16, con el personal tratando de recuperarse después de tantas emociones, permite establecer todo tipo de conjeturas sobre la transparencia del proceso. No parece claro que con decisiones como éstas estemos avanzando hacia "otra forma de gobernar". En el documento firmado solemnemente en el Tinell por parte del tripartito se puede leer que se promoverá "la participación ciudadana en la toma de decisiones políticas". Y uno de los cuatro macroobjetivos del Gobierno es precisamente "más calidad democrática". La primera frase del apartado del documento, Una nueva política territorial y ambiental, afirma que esa nueva política sólo será posible con el impulso de nuevos instrumentos de participación ciudadana. Nadie discute de la legitimidad del Gobierno para aprobar el proyecto de Bracons diseñado por Pere Macias con las modificaciones y evidentes mejoras con que finalmente se ha resuelto el contencioso. Pero todos sabemos que no es sólo un problema de legalidad de lo que discutimos, sino tambien de legitimidad. Y, al menos desde mi punto de vista, se podía haber hecho más para ampliar el marco potencial de apoyos al proyecto sobre la base de discutir abiertamente sobre alternativas y costes y beneficios con el máximo de actores posible.

En definitiva, Bracons es un síntoma. No es aún la manifestación de algo más serio. Pero no ayuda ni en el fondo ni en la forma a ver un cambio en la gobernación del país. A mí no me preocupan las disensiones internas, si al final la posición es del Gobierno en su conjunto. Me parece lógico que existan, ya que siempre han existido, aunque antes no eran tan visibles, y si no que le expliquen a Artur Mas qué sucedió con la presa de Margalef. No tenemos un Gobierno tripartito para reducir las complejidades de la acción pública o para que se preocupe de demostrar autoridad. El tripartito es una expresión de la rica y positiva complejidad del país, y esperamos que su forma de gobernar responda a una sociedad que se ha quitado de encima en pocos meses mucho mesianismo y arrogancia jerárquica.

Joan Subirats es catedrático de Ciencia Política de la UAB.