La investigación de la Fiscalía por el supuesto robo del agua en el Segura pasa de Madrid a Murcia

Los colectivos implicados en la lucha por la regeneración del río Segura temen que la investigación que abrió el Tribunal Superior de Justicia de Madrid sobre el robo de caudales en el cauce sufra finalmente un carpetazo.

Según Pro Río, el reciente traslado del expediente con las conclusiones de las diligencias que instruyó el fiscal de Medio Ambiente del TSJ de Madrid, Emilio Valerio, al máximo tribunal de Murcia podría entrañar un peligro para la continuidad del proceso iniciado en Madrid, ya que el fiscal jefe de esta región se ha caracterizado tradicionalmente "por su inactividad", señala José Antonio Muñoz Grau.

La supuesta pasividad que según Pro Río habría mantenido este magistrado a la hora de cursar las diferentes denuncias sobre contaminación y vertidos tóxicos a la cuenca motivó la intervención del fiscal general del Estado quien lo habría "apartado de los casos relacionados con el río", añade Muñoz Grau.

Los ecologistas temen que el traslado del expediente suponga el fin de las indagaciones

Ahora, estos colectivos que piden la recuperación del Segura temen que la situación se repita y exigen al fiscal jefe de Murcia que delegue en otro fiscal la responsabilidad de proseguir la investigación sobre la desaparición de caudales. "No vamos a permitir que este proceso se cierre después de los indicios de delitos que el TSJ de Madrid reseña en sus diligencias y de las numerosas y gravísimas pruebas de expolio de agua que aportan la guardia civil y técnicos de la Confederación Hidrográfica del Segura", continúa Muñoz Grau. Pro Río y los más de ciento cuarenta colectivos que lo respaldan amenazan incluso con interponer una querella criminal en el supuesto de que algún magistrado de Murcia decida archivar el proceso. El otro paso que seguirán para conseguir que el juicio fructifique es apelar al Rey para que "transmita a la fiscalía general del Estado y a las administraciones implicadas la alarma social que continua generando la situación del río".

El escrito que han remitido a la Casa Real está firmado por 146 colectivos y en él informan del "sistemático incumplimiento de la legislación medioambiental por parte de las administraciones públicas en materia de vertidos", de la inacción de la CHS y sus consecuencias sobre el entorno y la salud de las personas, "del incremento de enfermedades oncológicas en núcleos cercanos al río, la intervención de poderosos grupos económicos en el proceso de extracción irregular de agua y en el desvío de caudales y de la actitud de connivencia que habrían demostrado las autoridades dispensando un trato de favor a estos empresarios.

El proceso abierto en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid por el presunto robo de caudales procedentes del río Segura ha encontrado el respaldo de 132 colectivos de Valencia y Murcia. Organizaciones agrarias y ecologistas, colectivos sociales y formaciones políticas, con la excepción del PP, remitieron ayer una carta al fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, y al fiscal de Medio Ambiente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Emilio Valerio, transmitiéndoles su gratitud por la investigación que este órgano judicial ha desarrollado sobre la problemática actual que padece la cuenca del Segura. En la misiva, los colectivos firmantes manifiestan su contrariedad con la gestión del agua que viene realizando la Confederación Hidrográfica.