Suelos contaminados

La Agencia del Medio Ambiente norteamericana (EPA), al tomar conciencia de la magnitud del desastre ambiental que había supuesto la contaminación química de los suelos de su país, afirmó que las prácticas de depósito de materiales tóxicos y peligrosos había sido "el más grave error de enjuiciamiento que la nación jamás había cometido, una bomba de tiempo puesta en marcha" (citado en el Avance del Plan Director de la Política de Protección del Suelo de la CAPV, 1994). Las 5.000 toneladas del pesticida lindane que la empresa Bilbao Chemicals tenía "almacenadas" en su factoría de Barakaldo en el año de su cierre, 1988, pueden considerarse la punta del iceberg de contaminación química que durante siglo y medio inundó el suelo del País Vasco, produciendo proporcionalmente el mismo grave impacto ambiental al que se refería la EPA.

La formación de una capa de suelo de 30 centímetros requiere entre 1.000 y 10.000 años

El suelo es un sistema complejo que desempeña funciones críticas en el funcionamiento de la biosfera

Si bien desde hace años instituciones públicas del Gobierno vasco como IHOBE han desarrollado un importante labor haciendo frente a los casos más graves de contaminación de suelos como el mencionado del lindane, esas actuaciones han adolecido de la ausencia de un marco jurídico específico con rango de ley que diese cobertura sistemática y exhaustiva a un tema tan delicado y complejo como el de los suelos contaminados. Enfrentar de una vez por todas con una visión a largo plazo y con los recursos adecuados ese grave pasivo ambiental, es el principal objetivo de la Ley de Prevención y Corrección de la Contaminación del Suelo cuyo proyecto acaba de ser presentado por el Gobierno vasco.

El inventario de suelos potencialmente contaminados del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno vasco muestra que nuestra comunidad autónoma cuenta con más de 8.500 actividades potencialmente contaminantes del suelo. Dichas actividades se desarrollan sobre una superficie de 7.900 hectáreas, equivalente a otros tantos campos de fútbol. La descontaminación de esos suelos ha sido evaluada en 970 millones.

No deja de ser sorprendente que, dada la magnitud del problema y tras una generación de instituciones democráticas, el País Vasco no cuente todavía con una ley especialmente dirigida a enfrentar el tema, teniendo en cuenta, además, que hace ya una década IHOBE tenía preparado un Plan Director específico para abordarlo. Es, sin duda, un lamentable ejemplo del escaso peso político que las consideraciones ambientales han tenido en nuestro país hasta hace poco tiempo. No fue sino en 1998 cuando el Parlamento vasco aprobó la Ley General de Protección del Medio Ambiente de la CAPV, ley que comenzó a sentar las bases para una política ambiental de suelos contaminados. Posteriormente, la Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible aprobada en junio de 2002, formulaba el compromiso de recuperar el 20% de los suelos contaminados de la CAPV de titularidad pública para el año 2006. Sin embargo, la inexistencia de una ley específica que proporcione la cobertura jurídica adecuada ha sido una importante rémora para desarrollar una política ambiental ambiciosa en el tema de los suelos contaminados.

El suelo es un sistema complejo que desempeña una serie de funciones críticas en el funcionamiento de la biosfera. Proporciona el hábitat a la vida biológica; forma parte esencial en los ciclos biogeoquímicos que permiten el desarrollo de la vida; cumple una función de filtro de contaminantes y amortiguador de impactos. Aporta, además, el soporte físico sobre el que se desarrollan prácticamente todas las actividades humanas.

Durante siglos las funciones del suelo se mantuvieron sin grandes problemas. Con la era industrial la situación comienza a cambiar de manera radical. El aumento de los asentamientos humanos, el incremento en el número y tamaño de todo tipo de infraestructuras, el vertido generalizado de residuos, muchos de ellos altamente tóxicos y peligrosos, los procesos de extracción de minerales, las prácticas intensivas agrícolas y ganaderas... han ido ejerciendo una enorme presión sobre el mismo.

Cuando la comunidad internacional comienza a formular las primeras bases del desarrollo sostenible a mediados de los años ochenta, los países altamente industrializados del mundo contemplan estupefactos que el suelo sobre el que viven está severamente dañado. El problema adquiría toda su significación y alcance al conocer que la formación de una capa de suelo de 30 centímetros requiere entre 1.000 y 10.000 años.

Las políticas desarrolladas estos años a nivel internacional han tenido como objetivo, en primer lugar, prevenir nuevos casos de contaminación incorporando el concepto de calidad del suelo en el mismo rango de prioridad pública que el de calidad del aire o el de calidad del agua. En segundo lugar, actuar de manera inmediata sobre los casos más graves de contaminación que formaban parte del pasivo ambiental heredado. Finalmente, planificar y dotar de recursos a un tratamiento a largo plazo -en torno a 30 años- de los suelos químicamente contaminados, de manera que esa pesada herencia no fuese transferida indefinidamente a las sucesivas generaciones.

El fuerte desarrollo urbanístico que en años recientes han conocido los pueblos y ciudades del País Vasco ha reforzado la importancia del tema de los suelos contaminados. Hay un problema de inseguridad jurídica que afecta a promotores, inversores, propietarios, ayuntamientos y, en general, a las personas e instituciones implicadas en los diferentes aspectos de la gestión del suelo, que exige urgente solución.

Instrumentos normativos como el registro de suelos contaminados, la existencia de estándares de referencia, el procedimiento de declaración de suelos contaminados, el listado de actividades e instalaciones potencialmente contaminantes... son algunos de los instrumentos jurídicos contemplados en el proyecto de ley, instrumentos necesarios para poder desplegar una política de protección y recuperación de suelos contaminados propia del siglo XXI.

En el período comprendido entre 1990 y 2002 se han investigado en el País Vasco 103 emplazamientos de suelo potencialmente contaminado, de los que se han recuperado 56, ocupaban 207 hectáreas. Si se mantuviese ese ritmo en el futuro, nuestro país tardaría 180 años en finalizar las labores de recuperación, es decir se pasaría el problema a las siguientes siete generaciones. Es, por tanto, imprescindible que los recursos normativos, humanos y económicos puestos a disposición de la política de suelos contaminados en nuestro país se incrementen de forma cualitativa respecto al pasado

El País Vasco ha alcanzado niveles de renta per capita superiores a la media comunitaria. Por tanto, el objetivo de convergencia de la CAPV con la Unión Europea es ya, en términos de renta, una realidad. Eso significa que existen recursos económicos suficientes para una política ambiental ambiciosa de recuperación de suelos contaminados. El País Vasco cuenta, también, con una muy importante base tecnológica y de saber hacer en el tema de suelos contaminados, fruto de un avanzado trabajo técnico de más de 15 años. Ahora se requiere una fuerte voluntad política a nivel del Parlamento y del Gobierno vascos que cristalice en una adecuada dotación económica a lo largo de los próximos años.

Es de esperar que, en un tema como éste, las fuerzas parlamentarias puedan aparcar sus legítimas diferencias y alcanzar los necesarios acuerdos que permitan que el País Vasco disponga, finalmente, de una Ley de Prevención y Corrección de la Contaminación del Suelo a la altura de la importancia que este tema ha tenido y tiene en este país.

Antxon Olabe es economista ambiental.