La 'agualdad'
La agualdad es un nuevo concepto introducido hace meses por la Diputación alavesa. Inicialmente pareció una errata, pero resultó lo que habían anunciado en su web: nuevas políticas para la "agualdad". Ya lo había alertado Millás: "Desaparecen las letras, luego las palabras y, con ello, sus significados". Así desapareció el "Bienestar Social" de Álava en julio pasado, para empezar a hablar de "Asuntos Sociales". Después desapareció el objetivo de la igualdad para las mujeres.
De hecho, el anuncio de "nuevas políticas para la Agualdad" en septiembre conllevó una serie de medidas inmediatas: se dio por finalizado el Plan Foral para la Igualdad; se prescindió a continuación de la agente de Igualdad, cuyo contrato se había formalizado para su puesta en marcha; se aprobó un nuevo decreto de organización de Asuntos Sociales (enero 2004), que no menciona ninguna responsabilidad de impulso de la igualdad, de eliminación de la violencia de género o de atención a las mujeres víctimas de maltrato. En realidad, no mencionan a las mujeres.
Y esta nueva orientación (¿o deberíamos llamarla desorientación?) de la Diputación se ha concretado más aún con la última medida adoptada en febrero: la transformación del puesto de trabajo fijo creado en 1991 de "asesora para la igualdad de oportunidades de las mujeres"en "técnico de intervención social". Aunque intenten hacerlo pasar como un gran logro, en realidad sólo es un truco de magia política. Resulta bastante grotesco que las citadas políticas para la agualdad hayan sido aprobadas por un Gobierno foral donde no hay ni una sola mujer.
La Asociación Profesional de Agentes de Igualdad del País Vasco fue constituida hace escasos meses con el fin de lograr la igualdad de mujeres y hombres. Aglutina a unas 30 profesionales del País Vasco que, formadas y contratadas por distintas administraciones públicas, avaladas por las directivas de la UE, estamos siendo pioneras en desbrozar y marcar un nuevo camino hacia la igualdad.
Las administraciones tienen por mandato constitucional y estatutario la obligación de eliminar los obstáculos que impiden o dificultan la igualdad real y efectiva de las personas. Prescindir de dos de las profesionales de igualdad de mayor andadura profesional de nuestra comunidad autónoma y del Estado español, no es sólo un despilfarro económico, es también una burla a la ciudadanía.
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