Pacto de mínimos para el arranque del UMTS

Las operadoras de móviles españolas seguirán estando entre las más rentables de Europa pese al UMTS, el nuevo móvil multimedia que ha causado la ruina de muchas compañías europeas. El acuerdo sellado con el Ministerio de Ciencia y Tecnología les aligera de los compromisos de inversión y empleo a los que se comprometieron cuando ganaron las licencias. A cambio, España seguirá siendo pionera en el desarrollo del móvil.

El UMTS ha sido desde el principio un 'yo-yo político y legislativo' que ha ido acomodándose al criterio de cada ministro de Ciencia y Tecnología

Estaremos entre los primeros países en disponer de UMTS, el móvil multimedia y multiuso que funciona como cámara de vídeo y terminal de acceso a Internet. En el segundo semestre de este año, los ciudadanos que estén dispuestos a gastarse 500 euros en un terminal (o 1.000 euros, porque los móviles UMTS se venderán de dos en dos) podrán ver a su interlocutor mientras hablan, aunque sólo en las principales ciudades.

Pero en el camino se habrán quedado como mínimo más de 6.000 millones de euros en inversión, 26.000 empleos, centros de I+D, fondos de capital riesgo para empresas tecnológicas y un largo etcétera de compromisos colaterales que les sirvieron para ganar las cuatro licencias que el Gobierno adjudicó por concurso en marzo de 2000.

Entonces esas adjudicaciones eran la joya más codiciada. Se presentaron seis consorcios: los cuatro ganadores -Telefónica Móviles, Vodafone, Amena y Xfera- y Movilweb 21 (Deutsche Telekom) y Movi2 (France Télécom) y en los mismos no faltaba ninguna empresa importante española. La competencia feroz para hacerse con una concesión hizo que los consorcios hincharan sus ofertas mucho más allá de los requisitos tanto técnicos como financieros que exigían las bases. Para garantizarlas se pusieron encima de la mesa más de 7.000 millones de euros en avales bancarios.

El Gobierno justificó en esas magníficas ofertas complementarias, que iban a redundar en el desarrollo de la economía nacional y no sólo en el sector, su decisión de regalar las licencias por 84 millones de euros cada una, mientras que otros Ejecutivos europeos, como el alemán, las subastaron por 8.500 millones.

Cuatro años después, y tras dos retrasos sucesivos (el estreno debía ser el 1 de agosto de 2001 según las bases del concurso), España no sólo no va a ser el primer país (Hutchison ya ha puesto en marcha comercialmente el UMTS en el Reino Unido e Italia) ni va a poder reducir su déficit, como hizo Alemania gracias a la recaudación de la subasta, sino que acaba de renunciar a gran parte de aquellos compromisos colaterales. La orden ministerial publicada en el Boletín Oficial del Estado del 13 de marzo de 2000, por la que se resolvía el concurso, decía en su punto segundo: "Las licencias otorgadas conllevan la aceptación por la Administración de todas las mejoras, compromisos y garantías ofertados por los adjudicatarios en la presentación de sus respectivas ofertas, que vincularán a los titulares de las licencias durante todo el periodo de vigencia de las mismas".

Pero las operadoras de telefonía móvil acaban de arrancar un acuerdo al Ministerio de Ciencia y Tecnología que les exime de todas esas mejoras incluidas en sus ofertas.

El pacto firmado con el ministro Juan Costa les permitirá ahorrase al menos 6.000 millones de euros en 10 años, un 30% sobre la comprometida inicialmente, que era de 16.296 millones. No obstante, fuentes del sector apuntan que el ahorro será mayor, puesto que en el papel firmado entre ministerio y las compañías, la inversión que figura se refiere sólo a despliegue de redes e infraestructuras y ronda los 6.300 millones en 10 años. El resto, hasta los 10.000 millones, es en desarrollo de aplicaciones y servicios para el nuevo móvil, pero no se trata de una exigencia vinculante.

Se han relajado además los compromisos de cobertura para extender los servicios de UMTS a toda la población, y en particular al último 15% que vive en áreas rurales o apartadas. El pacto habla de comenzar con un 45% de la población y ampliarla hasta el 70% en dos años.

De ese nuevo pacto apenas si se conocen más detalles salvo que el grueso de la inversión se concentrará en los primeros años (2.300 millones de euros en los dos primeros ejercicios, que se elevarán hasta los 4.500 en los tres siguientes). Las garantías sobre el cumplimiento de esas nuevas condiciones tampoco se han hecho explícitas, y ni Ciencia y Tecnología ni los operadores consultados dan cuenta de las mismas.

Además, los ganadores de la licencia no tendrán la obligación de crear 36.300 puestos de trabajo directos en 10 años (más o menos el triple en indirectos), tal y como se comprometieron, porque ha dejado de ser una exigencia. Las operadoras, no obstante, estiman que se generararán 10.000 empleos en una década.

Tampoco tendrán que constituir centros de I+D, fondos de capital riesgo para empresas tecnológicas y otros proyectos sociales que, en su conjunto, suponían inversiones de más de 2.000 millones.

También ha desaparecido cualquier referencia a los precios de los nuevos servicios. Ni Javier Aguilera (consejero delegado de Telefónica Móviles) ni Francisco Román (Vodafone) ni Belarmino García (Amena) saben aún lo que cobrarán a sus clientes por ver por sus pantallas a su interlocutor o por navegar por Internet a la velocidad del ADSL. Tan sólo apuntan que esas aplicaciones serán más caras que las que permiten los teléfonos actuales, como enviar una foto, aunque sólo "moderamente", según bromea Costa. Nada que ver con la política empleada por Hutchison Whampoa para introducir el UMTS y que le puede costar muy caro al consorcio de Hong Kong.

Parches legislativos

Con todo, el UMTS ha sido desde el principio un yo-yo político y legislativo que ha ido acomodándose al criterio y talante de de cada ministro de Ciencia y Tecnología. todos ellos han introducido modificaciones importantes respecto a las condiciones originales de la concesión. Con Anna Birulés, se cambió dos veces el calendario de inicio; se anunciaron nuevas licencias cuyos concursos nunca se convocaron; se inventó una tasa (el canon por el uso del espacio radioeléctrico) para compensar la escasa recaudación por la licencias para luego rebajarla en más de un 60%.

También Josep Piqué hizo retoques y hace poco más de un año escenificó un acuerdo con los mismos actores en el que se concretó una liberación de garantías bancarias de más de 5.000 millones de euros. A cambio, las operadoras se comprometieron a invertir 1.464 millones de euros en 2003. Las compañías, incluida Xfera, dicen haber cumplido su parte en el trato, ahora renovado por Costa.

Pero, a diferencia de sus antecesores en el cargo, Costa se ha apoyado en Bruselas para el cambio de las reglas del juego, evitando así posibles reclamaciones de los consorcios que compitieron y perdieron la licencia. Ciencia y Tecnología esgrime una misiva del comisario de la Sociedad de la Información, Erkki Likanen, remitida en enero pasado, en la que cuestionaba la legalidad de las exigencias al margen del servicio.

En su favor, otros países, como Austria, Holanda, Italia y el Reino Unido, también han modificado a la baja sus exigencias. Además, los operadores han cerrado filas en torno a Costa. No en vano, y pese a las críticas por el vaivén regulatorio del sector y por dificultades como la oposición de muchos ayuntamientos a la instalación de antenas, las compañías españolas están entre las más rentables de Europa, todas ellas con resultados netos positivos.

Sin embargo, la magnanimidad del Ejecutivo español contrasta con la inflexibilidad de otros, como el alemán, al que las advertencias de la Comisión Europea nunca le han arredrado y, no conforme con recaudar 50.000 millones de euros, ha amenazado con retirar la licencia a los consorcios que, como Telefónica, han decidido congelar el proyecto. Otros, como Mobilcom, participado por France Télécom, han devuelto la licencia y pedido el reembolso del importe.

La severidad puede costarle cara al Gobierno germano. En Austria, las seis concesionarias han presentado una denuncia ante un tribunal de justicia para obtener el reembolso de parte de las cantidades entregadas que ha pedido consejo a la Corte Europea de Justicia. De prosperar estos recursos se abriría una veda que podría desembocar en una cadena de denuncias en toda la UE.

Por la vía del consenso

Frente al enfrentamiento, la vía del consenso elegida por la Administración española no sólo se blinda frente a posibles recursos, sino que se asegura un acuerdo de mínimos, que los tres operadores que funcionan comercialmente están cumpliendo y que ha reactivado el mercado, según reconocen representantes de operadores y fabricantes de equipos.Los apoyos a la política culminada por Costa se multiplican. Aniel, la patronal del sector, que pidió desde el principio la relajación de las exigencias, también saluda la iniciativa.

Telefónica Móviles ha firmado a comienzos de este año a Ericsson y Siemens como suministradores de red de acceso radio de la segunda fase de despliegue de red UMTS en España, que tiene como objetivo contar con entre 7.000 y 8.000 estaciones base en 2005, con inversiones previstas en infraestructura de 1.000 millones de euros hasta 2006. Vodafone ha asegurado que la mayor parte de los casi 3.000 millones de euros que tiene en su plan de inversiones irán a parar al UMTS. Y tanto Telefónica como la filial de la multinacional británica ya comercializan servicios de UMTS para ordenadores portátiles. En cuanto a Amena, promete 1.450 millones de inversión y llegar al 95% de la población en seis años.

Del éxito y de la popularización del UMTS dependerá en último término que el nuevo marco de relaciones con los operadores de móviles sea eficaz para movilizar los recursos, tanto económicos como humanos, objetivo que no ha conseguido una legislación voluntarista y alejada de la realidad se ha demostrado ineficaz.