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Tribuna:

¿A dónde llevan a la UPV?

La reciente aprobación, tras un procedimiento trucado, insólito y turbulento, de la Ley del Sistema Universitario Vasco, constituye una extravagancia parlamentaria digna de figurar en una galería de raros. De entrada, esta ley responde a un proyecto del Gobierno que sólo, y una vez más, ha encontrado eco en la antigua Batasuna, con lo que, más allá de otras consideraciones de índole legal, un proyecto nacionalista en origen se convierte en más nacionalista, excluyendo a la mitad del país.

Por otra parte, el articulado de la ley contradice cada uno de los objetivos de la memoria que la precedía. Frente al objetivo europeo que compartíamos, la ley construye una Universidad integrada en el Ordenamiento General del Sistema Educativo Vasco, con relaciones prioritarias con las universidades ubicadas en Euskalherria y con otras a fin de impulsar el euskera dentro del ámbito de la Europa de las naciones. Una declaración ampulosa que ya desde el artículo 2 apunta a una diana muy por debajo del desafío de cualquier universidad -también de la nuestra- en términos de convergencia europea de la educación superior en el horizonte 2010 de la Declaración de Bolonia.

El 'lehendakari' ha aceptado el trazado propuesto por Iztueta para sacar la ley con SA

Esta ley no termina de entender que la autonomía universitaria debe ser respetada

Con esta obsesión nacional por delante, el objetivo del plurilingüismo y su desarrollo queda en un mero enunciado y el euskera es la única lengua que aparece privilegiada. También el otro gran objetivo, el de la calidad, parece extraordinariamente mermado con una Agencia de Evaluación y Acreditación del Profesorado (Aveca) dependiente del Gobierno, un Consejo Social sin condiciones para poder tener voz y una autonomía universitaria muy recortada.

La ley se enreda tanto en obsesiones de corte nacionalista que acaba convirtiendo en problema, por invasión de la autonomía universitaria, lo que nunca ha sido un problema: el desarrollo del euskera en la Universidad. Un ámbito perfectamente gestionado y que ha venido dando sus frutos de manera pacífica se verá ahora invadido por un Gobierno desconfiado, que se obliga a tutelarlo todo, hasta el punto de atreverse a dictar a los tribunales los méritos que han de considerar, o a configurar tribunales distintos para las pruebas en euskera, o a invadir el recinto universitario en lo que se refiere a la utilización de las lenguas; una invasión por la que, paradójicamente, se ha conseguido rebajar el peso específico del euskera en el decreto de noviembre recurrido por la Universidad.

La autonomía universitaria, garantizada constitucionalmente como mejor instrumento de adaptación a los cambios, recibe un palo soberano -aún mayor que con la LOU- con esta ley que no termina de entender que la Universidad debe ser respetada, a modo de la Academia platónica, como un espacio-lugar con lógica ajena e independiente del control político; una actitud realmente curiosa viniendo de quienes no paran de reclamar mayores dosis de autogobierno.

Por otro lado, no hay en la ley ni un solo compromiso de financiación, con lo que queda patente la situación de abandono en la que el Gobierno vasco decide mantener a su Universidad. Y ello, pese a que la CAV destina tan sólo un 0,84% del PIB a la educación superior frente al 1,10% de la media española y al 1,26 de la UE; y pese a que necesitamos incrementar en al menos 700 nuevos puestos de trabajo las contrataciones de Personal y Servicios para situarnos en el mapa medio de nuestro entorno; y a pesar de que menos del 5% del gasto universitario en toda España se realiza en el País Vasco, porcentaje muy por debajo de nuestro peso en la economía española

Esta ley tampoco sirve para encauzar un modelo de investigación concertada con la empresa, de modo que el ineficaz divorcio entre centros tecnológicos y Universidad, característico de esta comunidad, se consolida. Pero es la vulneración de la igualdad de oportunidades de esta ley la que sume a la UPV en la mayor inseguridad jurídica, sobre todo en los capítulos de personal. Falta además un compromiso, en cifras reales, para becas, ayudas y créditos al estudio, y sobra que las universidades privadas tengan los mismos derechos que la pública cuando sus deberes no son iguales.

Para lo que sí sirve la ley es para canalizar los recursos públicos a universidades privadas, para generar todo un sistema de profesorado contratado paralelo al funcionarial y para someter a la Universidad al control del Gobierno. Pero ninguno de ellos responde a los objetivos de Europa, calidad o plurilingüismo de la memoria que precedía a la ley, con lo que queda claro que es el propio Gobierno quien traiciona sus propios objetivos; unos objetivos que el Grupo Socialista comparte pero que no han encontrado acomodo alguno en la ley.

Las cosas podrían haber sido de otra manera, si el nacionalismo gobernante hubiera tenido una cierta altura de miras, pero no ha sido así. El Gobierno de Ibarretxe, tras un primer amago de rectificación, ha resuelto finalmente ceder ante EA, antes que abrirse a la pluralidad vasca y ser leales ante la ciudadanía, cumpliendo de paso el compromiso del lehendakari de no pactar con quien no condena la violencia. El lehendakari ha aceptado el trazado propuesto por Iztueta para sacar la ley con SA.

Por eso, Ibarretxe paga por segunda vez y de manera colosal el coste de la política Iztueta. Una política que redunda, en este caso, no sólo en un incumplimiento de su compromiso, sino, además, en la aportación de un marco jurídico pequeño, más entretenido en responder a obsesiones nacionalistas, que en dar respuesta a los problemas reales de nuestra Universidad en un mundo globalizado.

Isabel Celaá Diéguez portavoz de Educación del Grupo Socialista en el Parlamento vasco.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 7 de marzo de 2004