El ex delegado de la Zona Franca de Cádiz no justificó 606.000 euros

El Tribunal de Cuentas ha apreciado varias irregularidades en la gestión de la Zona Franca de Cádiz entre 1997 y 2001. La Zona Franca estaba dirigida entonces por Manuel Rodríguez de Castro (PP). Según el Tribunal, el ex delegado del consorcio, dependiente del Ministerio de Hacienda, no justificó gastos en viajes y restaurantes cuantificados en 462.000 euros, ni contratos con empresas privadas por 144.000 euros.

Rodríguez de Castro se vio obligado a presentar su dimisión el 19 de febrero de 2001, mes y medio después de que trascendieran las denuncias sobre su gestión, en especial, por los 1,33 millones de euros que gastó en viajes, almuerzos, regalos y partidas relacionadas con el protocolo en sus cuatro años de gestión.

El consorcio de la Zona Franca de Cádiz, que preside la alcaldesa de la ciudad, Teófila Martínez, es un organismo estatal que ahora, con la eliminación de aranceles a los países de la UE, tiene como objeto social el fomento económico de la zona portuaria que gestiona y su área de influencia.

El Tribunal de Cuentas analiza el periodo en el que el consorcio estuvo dirigido por Rodríguez de Castro. El informe detalla que el ex delegado cargó 330.000 euros en gastos de viajes y restaurantes a tres tarjetas de crédito por cuenta del Estado. "La fiscalización se ha visto limitada en gran medida como consecuencia de su deficiente control por el consorcio y de la insuficiencia de la documentación aportada por la entidad", señala el Tribunal, que no ha podido comprobar que ese dinero estuviese justificado por los viajes profesionales de Rodríguez de Castro a Suramérica. El ex delegado pasaba de forma habitual facturas sin justificar correspondientes a hoteles, coches con chófer y a viajes a varias capitales, algunas por duplicado.

Asimismo, el consorcio compensó a Rodríguez de Castro con 132.000 euros por gastos supuestamente sufragados por él pero "sin que aportara a los servicios financieros los correspondientes justificantes de gasto". El Tribunal subraya la excesiva concentración de competencias en el ex delegado y que de los contratos que asignó a empresas de asesoría por 144.000 euros, el consorcio "no ha aportado ningún documento que desprenda la utilidad o rendimiento que le reportó esta contratación". "En ningún momento creo que haya habido delito en la gestión de la Zona Franca", repuso ayer Téofila Martínez, quien cuando dimitió Rodríguez de Castro nego las irregularidades y las achacó a una maniobra política.