Familias de víctimas del Yak-42 denuncian a los generales que identificaron los cadáveres

La asociación que representa a 40 de las 62 familias de los militares muertos en el accidente del Yak-42, el pasado 26 de mayo en Trabzon (Turquía) presentó ayer una denuncia ante la Audiencia Nacional contra los dos generales enviados por el Ministerio de Defensa para identificar a las víctimas, a los que imputa sendos delitos de falsedad en documento oficial, castigado con entre tres y seis años de prisión, y prevaricación de funcionario público, penado con de siete a 10 años de inhabilitación. La denuncia considera probado que 30 de los 62 cadáveres no fueron "debidamente identificados".

La denuncia se dirige contra el general de división Vicente Navarro Ruiz, subinspector general de Sanidad del Ministerio de Defensa, y el hoy teniente general José Antonio Beltrán Doña, entonces subdirector de Política de Defensa, así como "contra todas aquellas personas que estuvieran relacionadas con los hechos".

El escrito aporta copia de los documentos obrantes en el juzgado y la Fiscalía de Maçka (Turquía), de cuyo contenido informó EL PAÍS el pasado martes, que revelan "numerosas contradicciones e irregularidades en relación con el proceso de identificación" de los cadáveres "que se podrían haber evitado con la práctica de la prueba de ADN".

La denuncia recuerda que Navarro, en un informe remitido al Congreso, aseguró que el "estado de los restos permitió su identificación" sin recurrir a métodos científicos (ADN, placas dentales, estudio de huesos); lo que se contradice con los documentos del sumario turco, firmados por el propio general, según los cuales "existían cadáveres que, por el grado de quemaduras que presentaban, por las deformaciones sufridas o por la ausencia de la cabeza eran irreconocibles".

El escrito recuerda que, a las 2.20 del día 28 de mayo, los dos generales firmaron un escrito en el que admitían que 30 cadáveres estaban sin identificar, pese a lo cual se hicieron cargo de los mismos para su repatriación. Sin embargo, los mismos generales declararon que, "entre tres y cuatro horas después, sin presencia de ninguna autoridad judicial turca, ni de los fiscales, ni de los médicos forenses", todos los cadáveres habían sido ya identificados, incluso los irreconocibles, y preparados para su repatriación.

El letrado que firma la denuncia, Eudaldo Vendrell, aporta también las necropsias de los cadáveres, fechadas en Trabzon el 27 de mayo, y destaca el hecho de que éstas den por identificados a todos los militares ese día, mientras que el documento de la Fiscalía turca evidencia que a las 2.20 del día 28 había todavía 30 cuerpos sin identificar y el propio Ministerio de Defensa, en una nota oficial difundida el pasado martes, reconocía que "la última identificación fue realizada a las 5.45 del día 28".

Además, "tras la llegada de los cadáveres a España, no se les permitió a los familiares abrir los ataúdes y proceder al reconocimiento de los cuerpos" y que no hubo "ninguna presencia ni intervención de las autoridades judiciales españolas para seguir los procedimientos" iniciados por la Justicia turca. De todo ello deducen los denunciantes que las identificaciones recogidas en los certificados médicos de defunción y las necropsias son falsas.

La denuncia ha sido presentada ante la Audiencia Nacional, donde la asociación de familiares ya presentó una denuncia por negligencia en la contratación del Yak-42 que está pendiente de resolver su admisión a trámite.