La atención a los desplazados: ¿cuál es el problema?

Las polémicas declaraciones de Esperanza Aguirre con las que ha intentado justificar su decisión de no dimitir en caso de que, a los dos años de mandato, no se reduzcan las listas de espera, tal y como prometió durante la campaña electoral, han situado en el centro del debate político regional el problema de la financiación de la sanidad después de las transferencias.

La Ley 21/2001 estableció el nuevo Sistema de Financiación Autonómica, introduciendo, como una de sus novedades, la incorporación de la Sanidad a la financiación general. Además, el Sistema establece dos Fondos Específicos para fines concretos. Uno de ellos, el Fondo de Cohesión Sanitaria, se crea con la finalidad de garantizar la igualdad de acceso a los servicios de asistencia sanitaria públicos en todo el territorio español, entre otras cosas. Y es que la ley confirma que tenemos un único sistema sanitario público en España al que todo ciudadano puede acceder, con independencia de que la gestión se haya traspasado a las comunidades autónomas.

El Fondo de Cohesión compensa a cada Comunidad por el saldo neto de la asistencia sanitaria prestada a desplazados. Ésta es la consecuencia financiera del traspaso de la gestión. Parece razonable que aquellas Comunidades que cuentan con mejores instalaciones atraigan a pacientes de otras regiones. Así ha venido ocurriendo desde mucho antes que existiera el Estado autonómico. No estamos ante un fenómeno reciente. Lo que prevé la ley es que la Comunidad Autónoma que atiende a un paciente de otra sea compensada económicamente con cargo al Fondo.

El año 2002 fue el primero en que la Comunidad de Madrid ha gestionado la sanidad traspasada. En consecuencia, entre los recursos recibidos se encuentran los correspondientes a los dos Fondos Específicos. Por ambos, el Gobierno central ha entregado a Madrid la fastuosa cifra de 66 millones de euros. Lo correspondiente al Fondo de Cohesión puede estimarse en unos 30 millones.

Esta cantidad es claramente insuficiente. Para probarlo, no hay más que ver los propios datos aportados por la Consejería de Sanidad y Consumo. Si, en función de esos datos, los desplazados representan el 3% de las estancias en los hospitales, y que éstas son más largas, quiere decir que a su atención se destina una cantidad en torno a los 100 millones de euros. En ese montante no se tiene en cuenta la totalidad del gasto por el que la Comunidad de Madrid debería ser compensada. Para 2003, el presupuesto (aún no liquidado) preveía 188 millones de euros para los dos Fondos Específicos, es decir, la tercera parte de lo que se nos han entregado en 2002. Todo indica que tenemos un problema de insuficiente financiación.

Ante este hecho, caben dos posiciones: o exigir al Gobierno central que resuelva el problema y financie adecuadamente (por el saldo neto de la asistencia sanitaria prestada a desplazados) o tratar de desviar la atención montando una bronca territorial, algo que se ha convertido en la especialidad del PP. El Gobierno de Aguirre evita afrontar el problema, seguramente para no molestar al Jefe con menudencias de dinero. De paso sale por peteneras hablando de los pacientes que nos derivan a Madrid para ahorrarse el tratamiento, o de turismo sanitario.

Algunos llevamos años denunciando que la Sanidad madrileña tiene un grave problema de insuficiencia en su financiación. El traspaso lo ha puesto en primer plano. La insuficiencia no tiene que ver con los extranjeros, y poco con los desplazados. La infradotación del Fondo de Cohesión sólo es la punta del iceberg. Pero si en lugar de abordar el problema nos dedicamos a señalar con el dedo a los desplazados, a los extranjeros o a los inmigrantes sólo conseguiremos crear más líos sin resolver lo que de verdad interesa que, por cierto, no es si Aguirre puede o no cumplir una promesa electoral, sino si el Sistema Sanitario Público da satisfacción a las demandas ciudadanas y responde a los principios de solidaridad, cohesión y calidad en la prestación de los servicios que la ciudadanía exige. O si, encorsetado en una financiación insuficiente, derivamos el malestar de la gente contra el vecino o el extranjero. En ésa estamos.

Adolfo Piñedo es diputado del PSOE en la Asamblea.