El Consell y la oposición acercan posturas en materia de políticas de cooperación
Los grupos parlamentarios ofrecieron ayer un debate poco habitual en los últimos tiempos en las Cortes Valencianas, sobre todo si se tiene en cuenta que nos encontramos en pleno periodo electoral. En la comisión permanente no legislativa de Derechos Humanos, Cooperación y Solidaridad con el Tercer Mundo, en la que intervino, a petición del Grupo Socialista, el consejero de Presidencia de la Generalitat, Alejandro Font de Mora, para dar cuenta de las actuaciones del Consell en la materia, los grupos mostraron puntos de vista muy coincidentes en torno al asunto. La crítica de los portavoces de la oposición se limitó a los fondos que el Consell destina a estas políticas, a la desaparición de la Agencia Valenciana de Cooperación, al hecho de que a la dirección general se le haya unido el departamento de relaciones externas y a la "exagerada" dotación presupuestaria para acciones institucionales y la "falta" de medios humanos. Incluso el portavoz popular, Eduardo Ovejero, que el pasado verano en una reunión interna del PP pidió la dimisión de Font de Mora, elogió la intervención del consejero y la política que desarrolla el Consell que preside Francisco Camps.
Font de Mora anunció la inminente aprobación del Plan Director de Cooperación Valenciana 2004-2007, un "instrumento técnico imprescindible" para establecer los objetivos y prioridades de las políticas de cooperación en los próximos cuatro años, que estará en disposición de ser aprobado por el Gobierno valenciano "en las próximas semanas". El consejero de Presidencia y portavoz del Consell aseguró también que su departamento está "ultimando" la redacción del borrador del anteproyecto de ley de Cooperación Valenciana para el Desarrollo, que será sometido a consulta con las organizaciones no gubernamentales para que "nazca con el máximo consenso", de manera que se consiga que la cuestión "quede marginada de la tensión de la política del día a día".
El consejero anunció la próxima publicación de la convocatoria de ayudas, que este año sumarán 10,850 millones de euros -un 12% más que en 2003- y destacó que el presupuesto global de la Generalitat en la materia alcanza este año los 23,5 millones de euros, lo que supone un 5,65% más que el año pasado.
La diputada socialista Consuelo Catalá reclamó un marco normativo claro que facilite el trabajo de las ONG y frene actuaciones "poco transparentes" y consideró "exagerado por opaco y dirigista" el presupuesto que se dedica a acciones institucionales, frente a la "ridícula" partida que se destina a sensibilización y educación.
Ramón Cardona, de EU-L'Entesa pidió más "transparencia", calificó de "errática" la política de cooperación y denunció que parte de los fondos vayan a acciones institucionales que a veces se destinan a "favorecer a amigos".
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