Las polémicas de las aulas

Las relaciones que el Departamento de Educación, dirigido por Anjeles Iztueta, ha mantenido con el Ministerio de Educación no han sido ni buenas ni malas. Simplemente, han brillado por su ausencia, con una sola excepción: la Viceconsejería de Formación Profesional (puntera en su ámbito), donde el contacto ha sido fluido. El departamento atribuye su apatía a que el ministerio reclamaba su presencia en Madrid cuando los asuntos ya estaban cerrados y sin posibilidad de aportar nada. "En esas condiciones no estamos dispuestos a ir", aseguran fuentes de la consejería.

Sin embargo, ello no ha impedido que algunas veces hayan saltado chispas. El primer encontronazo se produjo en febrero de 2002, cuando Iztueta calificó de "terrorismo institucional" la entonces futura Ley de Calidad de Educación por "imponer" una prueba de reválida para superar el Bachillerato. El segundo, meses después a cuenta de los presos de ETA que estudian en la UPV. Se generó una fuerte polémica por el presunto trato de favor que recibían en relación al resto de estudiantes, agudizada cuando el preso preventivo Mikel Garmendia, acusado de formar parte de la banda terrorista, lograba una plaza de profesor titular de la universidad pública. El Congreso modificó en mayo de 2003 la ley general Penitenciaria para evitar que los presos etarras puedan estudiar en la UPV.

Pero, sin duda, el conflicto más sonoro entre ambas administraciones en materia educativa se produjo en octubre, cuando trascendió una circular elaborada por el departamento que consideraba "inmigrantes" a los alumnos que se integran en el sistema educativo vasco procedentes de las demás comunidades españolas y les orientaba hacia los modelos bilingües. Tras un cúmulo de descalificaciones y reproches por ambas partes, el Tribunal Superior vasco suspendió la instrucción en febrero pasado a requerimiento del ministerio. Según el Gobierno central, la orden viola los derechos constitucionales de los alumnos a no ser discriminados por razón de la lengua.

En Cultura, una materia competencia absoluta de la administración vasca, la relación con el Gobierno central es mínima, y por tanto, también lo son los puntos de fricción. "Somos dos mundos paralelos que difícilmente se encuentran", afirma el concejal de Cultura donostiarra, el socialista Ramón Etxezarreta. Él es, con todo, uno de los pocos que puede hablar de encontronazos con Madrid, a raíz de la reforma del Teatro Victoria Eugenia, que Fomento financia a partes iguales con el Ayuntamiento. La introducción de modificaciones técnicas motivó un incremento del 52% del presupuesto (7,6 millones de euros), la paralización de las obras hace más de un año y acabó con el anuncio por parte del ministro Francisco Álvarez- Cascos en octubre de 2003 de que se iba a rescindir el contrato a la constructora, Necso. Quedaba todo en el aire, la distancia entre las dos instituciones era evidente y la edil popular María San Gil se ofreció a actuar como mediadora. "Las últimas reuniones son optimistas", apunta Etxezarreta. Hoy sólo se sabe es que se mantienen los porcentajes de financiación del proyecto original y que los sobrecostes deberá asumirlos el consistorio.

Los responsables de la Cultura en Euskadi no recuerdan desencuentros, salvo los motivados por cuestiones políticas. Dos ejemplos: la dura polémica suscitada por el documental de Julio Médem La pelota vasca, la piel contra la piedra o la retirada de subvenciones a iniciativas como la revista Jakin, dirigida por Joan Mari Torrealdai, detenido en el marco de la operación contra Egunkaria.

"El Gobierno central se limita a apoyar económicamente determinadas infraestructuras o actividades", dice un portavoz del Ejecutivo vasco: el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, las actividades de la ABAO, el Orfeón Donostiarra, el Museo Marítimo de Bilbao o Eusko Ikaskuntza, por ejemplo. O, este año, la bienal de arte europeo Manifesta. "En unos sitios más que en otros", se queja un agente cultural. El Gobierno central, que no puso un duro para el Guggeheim, ni para el Euskalduna de Bilbao, ni para el Kursaal donostiarra, participó en cambio en la financiación del Artium vitoriano y lo hará en el auditorio y en reforma de la Catedral de Vitoria, única ciudad vasca con una biblioteca estatal.