La Generalitat responde a la patronal católica que los recursos son limitados

El dinero debe repartirse entre todos y hay otras prioridades. Éste es el mensaje de la Generalitat para la Fundación Escuela Cristiana de Cataluña, que el pasado martes pidió que la Administración aumente los recursos económicos destinados a los centros concertados si quiere que éstos admitan a más alumnado de procedencia inmigrante. En la actualidad, más del 80% de estos alumnos están escolarizados en centros públicos.

El conseller en cap, Josep Bargalló, respondió ayer a la patronal católica que "los recursos deben aumentarse, pero para todos, y también para la pública y los centros de P-3". Bargalló explicó que el pasado martes, horas después de que el sacerdote Francesc Riu -secretario de esta fundación, que escolariza a una cuarta parte del alumnado catalán en sus 437 centros concertados- hiciera públicas sus peticiones de mayor inversión y su desacuerdo con el nuevo decreto de admisión de alumnos, se celebró en la Generalitat una reunión entre representantes de esta entidad y miembros del Gobierno; entre ellos, la consejera de Enseñanza, Marta Cid, y el propio Bargalló. En el encuentro se hicieron patentes "las diferentes lecturas sobre un mismo texto" y "las divergencias sobre el modelo del sistema educativo", explicó Bargalló, quien sin embargo opinó que son diferencias "más formales que reales".

La presión de las patronales de los centros concertados, que parecen temer que la nueva normativa "pueda cambiar el sistema educativo actual", según reconoció Riu el martes, les ha llevado a enviar más de 500 alegaciones a Enseñanza contra el decreto. Bargalló reconoció ayer que este número es "una cifra respetable", pero no manifestó inquietud por las advertencias sobre posibles recursos contra el decreto. En este sentido, Bargalló recordó que la fundación ya presentó un recurso contra el decreto de admisión de alumnos elaborado por la titular de Enseñanza del anterior Gobierno, la convergente Carme Laura Gil.