La fiscalía rehúsa exigir un estudio previo a la reforma de la M-30

El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha archivado el escrito que el grupo municipal de IU remitió el pasado 17 de febrero a la Fiscalía de Medio Ambiente para que ésta exigiera al Ayuntamiento la realización de un estudio de impacto ambiental de las obras de reforma de la M-30. "Ningún precepto de nuestra legislación autoriza al ministerio fiscal para la adopción de medidas respecto de la elaboración por las corporaciones locales de proyectos de obras, ni mucho menos le atribuye la función de garantizar la corrección de tales proyectos", dice el fiscal.

Según reveló ayer la portavoz de IU en el Ayuntamiento, Inés Sabanés, el fiscal jefe del Tribunal Superior, Manuel Moix, le comunicó el archivo de la petición. "Ningún precepto de nuestra legislación autoriza al ministerio fiscal para la adopción de medidas respecto de la elaboración por las corporaciones locales de proyectos de obras, ni mucho menos le atribuye la función de garantizar la corrección de tales proyectos con la legislación en vigor", argumenta el fiscal.

Añade que "la ausencia de habilitación legal para la intervención del ministerio fiscal en esta materia, estrictamente administrativa, impide no sólo la adopción por el fiscal de medida alguna, sino que cualquier actuación suya sería una injerencia ilegal en el actuar administrativo de la Corporación".

"Únicamente la eventual existencia de un ilícito penal, que no se denuncia ni se desprende del contenido del escrito presentado, máxime cuando todavía ni siquiera está finalizado el proyecto en cuestión, justificaría una intervención del fiscal", señala.

"Profundo retroceso"

Por eso, Sabanés expresó ayer su decepción por esta decisión del fiscal jefe y afirmó que IU está "profundamente preocupada" por el "profundo retroceso" que, a su juicio, ha experimentado la Fiscalía de Madrid en los últimos tiempos en su papel de garante del cumplimiento de la legislación medioambiental.

IU puso, además, en marcha ayer un "foro" que reúne a organizaciones ecologistas, asociaciones de vecinos y sindicatos para reclamar al equipo de gobierno del PP que reconsidere su proyecto de reforma de la M-30 y facilite la información que, a su juicio, está ocultando.

A la primera reunión de este "foro" acudieron ayer representantes del sindicato CC OO, Ecologistas en Acción, Amigos de la Tierra, Plataforma Salvemos la Casa de Campo y Asociación de Vecinos del Batán, según enumeró Sabanés, que indicó que IU está "absolutamente abierta" al resto de "organizaciones sociales y políticas".

"Queremos que se incorpore todo el mundo que quiera opinar", añadió la portavoz de IU, "en un foro que exige información al equipo de gobierno sobre un proyecto que tiene un gran impacto social y medioambiental y un compromiso económico muy grande, y en el que no se puede burlar ningún trámite necesario".

Por otra parte, la Empresa Mixta de Servicios Funerarios emitió ayer un comunicado rechazando las críticas efectuadas este fin de semana por IU respecto a la gestión que estaba llevando a cabo Funespaña en los cementerios municipales. Inés Sabanés había acusado el sábado pasado a Funespaña de "esquilmar el patrimonio municipal" al facturar 4,5 millones de euros al año "con la venta de nichos a perpetuidad, que fueron construidos por el Consistorio para su uso temporal por un periodo máximo de diez años".

La empresa aseguró que Funespaña "no puede jamás" esquilmar el patrimonio municipal, como dice IU, porque "los nichos a perpetuidad no se pueden vender por ser una propiedad del Ayuntamiento", y explicó que "la denominación perpetuidad corresponde a los derechos funerarios que conceden el uso de unidades de enterramiento a 99 años". "Una vez acabado el plazo de la concesión, pueden ser renovados por el mismo u otro titular, pero siempre perteneciendo al patrimonio municipal", añade la empresa.

La Empresa Mixta de Servicios Funerarios recuerda también que, en 1993, cuando Funespaña asumió la gestión de la Empresa Mixta de Servicios Funerarios de Madrid, ésta tenía una deuda de más de 15.000 millones de pesetas, que ya ha sido cancelada con la gestión de Funespaña sin que el Ayuntamiento, socio en el 51% del capital, haya tenido que aportar ni una sola peseta".