Los 'tories' dejan la comisión que investiga los fallos del espionaje

El Partido Conservador se retiró ayer de la comisión nombrada por Tony Blair para investigar los fallos de la inteligencia en Irak por la manera "inaceptablemente restrictiva" en que trabaja, al tiempo que el Gobierno reiteró que no publicará el dictamen oficial sobre la legalidad de la guerra. En el plano judicial, los familiares de seis soldados fallecidos en Irak amenazaron al Ministerio de Defensa con acudir a los tribunales, y un grupo de abogados presentó una demanda por la muerte de 13 civiles iraquíes.

La retirada conservadora deja en entredicho al nuevo líder tory, Michael Howard, que había negociado personalmente con el primer ministro los términos en que se conduciría la investigación. Pero supone un golpe aún más duro para el propio Blair. La comisión, conducida por un antiguo mandarín de la Administración y sin la presencia de la oposición -los liberales-demócratas nunca aceptaron integrarse en ella-, no tendrá ninguna credibilidad política.

Blair empieza a pagar así los excesos del ex juez lord Hutton, cuyo desequilibrado dictamen a favor del Gobierno y contra la BBC en el llamado caso Kelly hace que sea muy difícil que el público acepte el veredicto de una comisión que sólo cuenta con el apoyo de los laboristas y que está presidida por lord Butler, un antiguo alto funcionario cuya larga carrera junto a varios primeros ministros le convierte en un hombre demasiado apegado al poder. "Lord Butler hace una interpretación de los términos de referencia de la investigación demasiado estrecha, inaceptable y restrictiva", explicó Howard al dar cuenta de la retirada de su apoyo. "Sólo está interesado en estudiar estructuras, sistemas y procesos, y nosotros entendemos que se iba a dar el mismo peso a las acciones de los individuos", añadió. El ministro de Exteriores, Jack Straw, calificó la decisión de Howard de "oportunismo vergonzoso".

El Gobierno se reafirmó ayer en su decisión de no hacer público el dictamen íntegro elaborado en su día por el fiscal general y abogado general del Reino, lord Goldsmith, sobre la legalidad de la guerra. Goldsmith pensaba que la guerra sería ilegal sin una nueva resolución del Consejo de Seguridad que tradujera en acción armada las amenazas contenidas en la famosa resolución 1.441. Pero cambió de opinión dos semanas antes de la invasión. La oposición quiere saber por qué cambió de opinión.

El ministro de Defensa, Geoff Hoon, afirmó ayer en el Parlamento que, en contra de lo publicado por la prensa dominical, el ejército no estaba preocupado por las bases legales de la invasión. Su argumento se basó en una declaración dada a conocer ayer por el entonces jefe del Estado Mayor y ahora lord, el almirante Michael Boyce, en la que afirma que "la oficina del fiscal general dijo, antes de la operación, que la acción propuesta se ajustaba a la ley, y eso fue suficiente para mí y para los jefes de Estado Mayor". Su nota no contradice los comentarios de la prensa de que el almirante dudaba sobre la legalidad de la guerra hasta que el fiscal general hizo saber públicamente que era legal.

Ésa no es la única preocupación de estos días para Hoon. Los familiares de los seis soldados que murieron en un puesto de la policía iraquí en la ciudad de Al Majar al Kabir, en el centro del país, denunciarán al Ministerio de Defensa si no acepta una investigación independiente del caso. Asesinados a sangre fría por una turba de 400 personas, los familiares de los soldados británicos quieren saber por qué sólo llevaban armas ligeras, por qué no se envió a una patrulla del cercano regimiento de paracaidistas para rescatarles y por qué los mandos ignoraron el malestar que estaban creando los registros entre la población civil, un problema que se cree estuvo en la base del ataque.

También los familiares de los civiles iraquíes muertos en la guerra quieren justicia. Un grupo de abogados ha presentado una demanda en Londres contra el Gobierno de Tony Blair por la muerte de 13 civiles en diversas circunstancias.