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LA CRÓNICA
Columna
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Una alarma tan cierta como antigua

La Cámara de Comercio de Valencia, avalada por un informe del Instituto de Economía Internacional de la Universitat de València, ha sacudido esta semana el felicitario estado de opinión que predica y fomenta el partido que gobierna la Generalitat. Según la mencionada corporación, y sucintamente dicho, los sectores más característicos y exportadores de la economía valenciana están o se abocan a una "importante crisis", debido tanto a la competencia de los países emergentes -China, Corea, la Europa Central y del Este, etcétera- como a las propias deficiencias estructurales. La gravedad del diagnóstico es tal que se prevén numerosos cierres y fusiones de empresas, a las que se les alienta para que tomen conciencia del problema y se apresten a solucionarlo. El sindicato UGT-PV, más severo, conmina al Consell para que afronte el reto y defina la debida estrategia.

Pero el partido que gobierna la autonomía no tiene el cuerpo para crisis ni para malas noticias. España va bien, el País Valenciano va incluso mejor y todos juntos iremos con flores a María. Es el breviario del PP. Si los responsables políticos suelen ser renuentes a la crítica, y no digamos a la autocrítica, en tiempo de elecciones los gobernantes no admiten otro discurso que no sea apologista. Todo lo que no sean flors i violes es desahogo de aguafiestas. No obstante, el consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Gerardo Camps, tan circunspecto a menudo, se ha sentido obligado a reprobar el informe aludido. A su juicio, la economía valenciana crece a buen ritmo y cualquier alarma en este sentido está injustificada. Si hay alguna nube en el horizonte -la revalorización del euro sobre el dólar, por ejemplo- es coyuntural y pronto se despejará.

Es posible que esta réplica oficial conforte a la mayor parte de la feligresía conservadora, tan propicia a dejarse anestesiar por el dictamen de la autoridad, y hasta es probable que el mencionado informe agote su eficacia junto a la pila de los muchos que lo precedieron denunciando idénticos déficit y fallas de nuestra urdimbre productiva. Da la impresión de que haya caído en tierra baldía el aleccionamiento de los profesores Aurelio Martínez Esteve, Jordi Palafox, Martínez Serrano, García Reche o Soler Marco, entre otros de la misma y lúcida camada universitaria, nunca objetados, que sepamos, por las cabezas mejor amuebladas del PP indígena, como puedan ser el eurodiputado Manuel García Margallo o el portavoz parlamentario Vicente Martínez Pujalte. ¿También suscriben éstos la buena salud de nuestra economía?

Ya que el debate político y electoral ha sido proscrito en los medios públicos de comunicación y rehuido en los medios privados, quizá fuese procedente sustituirlo por una confrontación polémica -en TV, prensa y radio- sobre las flaquezas estructurales que amenazan capítulos tan decisivos, entre otros, como el calzado, el juguete, la cerámica, la iluminación o el textil, del que, paradójicamente, el presidente Francisco Camps aseguró días atrás que se convertiría en el motor de la economía valenciana. (¿En qué estaría pensando?) Y sin olvidar la agricultura. Sería un modo pedagógico de instruir al vecindario acerca de los repetidos déficit que constituyen la utilización intensiva de mano de obra, escaso capital humano, baja capitalización empresarial, salarios inferiores, minifundismo y, en suma, baja productividad y desindustrialización. Alifafes, en suma, que nos predeterminan la decadencia si no se les remedia

En contrapunto al informe que glosamos y la crisis que airea, resulta llamativo constatar la nadería del discurso político por estos pagos y en estos fastos electorales. Tanto el de derecha como el de izquierda. Pero si bien al PP le conviene no hacer olas dándole pábulo al conflicto y a las carencias, la oposición viene obligada a tirar de la manta y ser algo más que el eco de Madrid. Otra cosa será que las Carme Alborch, Leire Pajín, Isaura Navarro y demás candidatos mártires al Congreso estén para estos trotes o quieran entrar al trapo, como sería el caso del socialista Jordi Sevilla. Por fortuna nos queda el presidente cameral Arturo Virosque que está aguantando gallardamente el tipo.

CONFISCACIÓN

Gobernar con mayoría absoluta es legítimo, sin duda, pero tenemos motivos bastantes para pensar que no conviene a la salud democrática. Invita al abuso, confisca a menudo el derecho a la información y soslaya la transparencia en los negocios públicos. O sea que ampara la ley del embudo, en virtud de la cual el PP ampara a la diputada calumniadora Asunción Quinzá, escatima documentación sobre Ciegsa, impide que el arquitecto de la Ciudad la Justicia comparezca en las Cortes, oculta los pagos a Julio Iglesias, elimina los debates electorales y etcétera. Para absoluto ya tenemos el vodka y en pequeñas dosis.

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