Fomento cree innecesarias otras declaraciones de impacto de la 'Y'
El Ministerio de Fomento ha reconocido a la Audiencia Nacional, que investiga la legalidad de la Y ferroviaria vasca, que los proyectos constructivos de los diferentes tramos carecen de evaluación de impacto ambiental. Fomento dice que este requisito ya se realizó en el estudio informativo previo y argumenta que por ello "no es necesario el sometimiento de cada uno de los proyectos" a esa declaración.
El grupo ecologista Bizirik sostiene que no es "jurídicamente admisible" la carencia de la evaluación de impacto en el proyecto técnico del tren de alta velocidad. Incluso el equipo redactor de aquella declaración ambiental en el estudio informativo reconocía que era necesaria una topografía más detallada y abogaba por "un estudio de impacto ambiental que acompañe al proyecto de construcción".
El Departamento de Cultura de la Diputación vizcaína, también a requerimiento de la Audiencia Nacional, ha señalado que no existe un estudio sobre las afecciones de la Y al patrimonio histórico. Su jefe de Patrimonio, Aingeru Zabala, ha contestado que el Gobierno central sólo le ha realizado una consulta sobre este asunto, hace ya diez años, y Cultura dijo entonces que es "evidente" la afección "de modo considerable tanto a bienes de interés histórico como arqueológico". Por ello, pedía un "estudio previo de evaluación de la incidencia" de la Y "en dicho patrimonio". Zabala afirma ahora: "No nos consta se haya realizado".
Bizirik anunció ayer que estas dos contestaciones se incluirán en la queja planteada ante la UE contra la Y y reiteró que el proyecto actual no prevé el transporte de mercancías.
Juicios pendientes
De forma paralela a las medidas de limpieza y la recuperación de las áreas afectadas por la contaminación, el Gobierno vasco ha emprendido varias acciones judiciales para depurar responsabilidades por la catástrofe. Por una parte, se ha personado en la causa abierta en un juzgado de Corcubión (A Coruña) contra el capitán del Prestige y el director general de la Marina Mercante por presunto delito contra el medio ambiente.
Por otro lado, se presentó ante el Tribunal Federal de Houston (Texas) una demanda contra la sociedad de clasificación ABS que certificó el buen estado del buque reclamando "no menos de 50 millones de dólares". El Estado presentó la misma demanda en Nueva York, por lo que el juez de Houston la remitió a este tribunal, que está pendiente de admitirla.
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