Reglas de campaña

Anoche se inició la campaña oficial para las elecciones legislativas del 14-M, las primeras a las que concurre la derecha después de una legislatura con mayoría absoluta. Los socialistas disfrutaron de ella durante más de 10 años. Es sobre todo la utilización que de esa mayoría ha hecho el PP lo que se somete a votación, pero también la credibilidad del PSOE de Zapatero como alternativa. Se juega, por tanto, la posibilidad de un cambio de mayoría. Nada menos, pero nada más. No se juega la continuidad del sistema democrático, ni los fundamentos básicos del Estado de derecho. En todos los países con tradición democrática las elecciones suelen dar motivo a excesos verbales, lo que suele ser indicio de debilidad de argumentos. Pero es raro que alguien plantee que si no ganan los suyos se hundirá el sistema; aquí es lo habitual. Cuando se hace desde el poder, y tras ocho años de gobierno, el mensaje resulta especialmente absurdo. Es casi una autocrítica.

La continuidad de la democracia no depende de quién sea el vencedor, pero su calidad sí puede depender de ello. Las actitudes democráticas de los partidos se ponen a prueba en su respeto a las reglas del juego, y muy particularmente en relación al proceso electoral mismo. La imparcialidad y garantía de pluralismo que la ley exige a los medios de comunicación públicos es una de las reglas más vulneradas. Pero tan grave como eso es la negativa del PP aceptar un debate con el candidato del primer partido de la oposición. La excusa de Rajoy, que sólo lo aceptaría si también participaran los candidatos de ERC y de IU, porque sin ellos no hay alternativa, es un monumento a la mala fe; pero es también reveladora de lo peor del estilo que Aznar ha impuesto en la política española: la actuación "sin complejos", es decir, sin mala conciencia por supeditar cualquier otra consideración a los intereses de partido.

La mención a Esquerra en estos momentos no es casual. Tiene que ver con la obsesión por sacar del sistema a los independentistas pacíficos, y la extensión de la sospecha sobre las formaciones que pacten con ellos. Lo cual supone un intento de limitar el campo del pluralismo político. La mezcla con la cuestión de la violencia, expresada en el lapsus de la ministra de Administraciones Públicas al acusar al PSOE de pactar con asesinos, es especialmente perversa. Y peligrosa.

El PP rehusó participar en la concentración celebrada ayer en Barcelona contra ETA. La prioridad que el PP concede al objetivo antiterrorista, ¿no le obligaba a supeditar consideraciones no esenciales al objetivo de la unidad de todos los partidos democráticos? Es cierto que ERC no ha aclarado todavía si defiende como partido el diálogo con ETA. Pero que rechace expresamente la idea de una tregua selectiva para Cataluña y llame a movilizarse contra ETA, ¿no es algo que debería ser motivo de satisfacción y no de anatema?