Unos 400 municipios y empresas alegan contra el nuevo canon de vertidos de la CHJ

El nuevo canon de vertidos de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha despertado un rechazo que se traduce en cerca de 400 recursos de municipios y empresas contra las facturas que les remitió en enero el organismo estatal. El canon de la CHJ, que entró en vigor en junio de 2003 con una modificación de la Ley de Aguas, se suma al que ya recauda la Generalitat a través del recibo del agua para obras de depuración. El PSPV denuncia una "doble imposición" de tasas sobre las aguas residuales, una carga "inasumible para muchos ayuntamientos".

La factura que ha remitido el organismo por el cálculo de la tasa entre junio del año pasado y diciembre de 2003 ha sorprendido a muchos ayuntamientos, tanto por las elevadas cuantías exigidas en algunos casos como por el hecho de que supone un nuevo gravamen, ya que la Generalitat cobra un canon de saneamiento, impuesto repercutido en el recibo del agua potable. El Ayuntamiento de Burjassot, gobernado por el PSPV, aprobó el martes en un pleno una moción para reclamar a la CHJ que retire su canon, ya que supondría "un gasto añadido para los vecinos de 36 euros". La factura de Burjassot, según fuentes municipales, alcanza los 481.000 euros. Poblaciones como Canals, cuyo recibo ronda los 241.000 euros por el semestre, también presentan alegaciones.

La CHJ envió en enero unas 2.400 facturas a empresas y ayuntamientos de la Comunidad Valenciana -su ámbito incluye parte de Castilla-La Mancha y Aragón-, y ha recibido unas 400 alegaciones que ahora estudia.

El secretario de Medio Ambiente del PSPV, Francesc Signes, denuncia que se produce "una doble imposición" con el cobro de los dos cánones, y ha remitido un escrito a la Federación Valenciana de Municipios para que inste a la Generalitat y la CHJ a que "coordinen sus políticas de gestión económica" y eviten esta carga "inasumible para la mayoría de ayuntamientos".

La tasa por vertidos de aguas residuales e industriales al dominio público hidráulico se destinará "al estudio, control, protección y mejora del medio receptor de cada cuenca hidrográfica", indica el nuevo reglamento. La CHJ sostiene, así, que su canon "es distinto" del de saneamiento. Fuentes del organismo explican que la tasa de vertidos existía con anterioridad a la modificación legal, pero que no lo cobraba en los municipios valencianos -parte de Alicante corresponde a la confederación del Segura- en virtud de un convenio con la Generalitat firmado al aprobarse el plan de saneamiento en 1992. La CHJ "renunciaba" a recaudar el canon "porque la Generalitat estaba haciendo depuradoras", pero percibía de ella un 15% de lo que dejaba de ingresar, cerca de 1,3 millones de euros. El convenio expiró con la aprobación del nuevo canon, con el que la CHJ espera ingresar unos nueve millones anuales.

El PSPV, por contra, sostiene que se obliga a los ayuntamientos a pagar "dos veces por el mismo concepto". Signes recuerda que la Ley de Aguas aprobada por los socialistas en 1985 preveía deducciones en el canon de vertidos en el caso de existir cargas autonómicas para financiar planes de depuración. Esa cautela la modificó el PP en 1999 -y ahora ha entrado en vigor- al establecer que las dos tasas son independientes.

La CHJ admite que los municipios "ahora pagarán más", sobre todo si no han tramitado autorizaciones de vertido -"sólo el 25% está regularizado-, ya que en esos casos la estimación es indirecta y se penaliza en la factura.