La vivienda, una nueva brecha social

La disparatada evolución que los precios de las viviendas han experimentado en los últimos años ha deparado una gran paradoja inmobiliaria: se ponen en el mercado más viviendas que nunca, pero cada vez son más numerosas las capas de población necesitada de una casa. En Andalucía, la media anual de construcción de viviendas en el último cuatrienio supera las 100.000, cuando no se constituyen más de 50.000 nuevos hogares en cada ejercicio. Pero la realidad está lejos del resultado lógico del cruce de estos datos, y es que hay una escasez de viviendas a precios asequibles.

No es que la ley de la oferta y la demanda haya dejado de regir el mercado -de hecho se vende todo lo que se construye pese a la escalada de los precios-, sino que ahora pujan en él compradores que actúan por motivaciones muy alejadas a la mera necesidad de disponer de un techo donde vivir. La segunda residencia o la búsqueda de una rentabilidad que no ofrecen los mercados financieros han contribuido de forma determinante al encarecimiento de las casas y han expulsado del mercado a quienes acuden a él por pura necesidad.

El encarecimiento del mercado expulsa a los que acuden a él por pura necesidad

La posesión de una vivienda digna es un derecho constitucional y un requisito básico para el desarrollo personal y familiar de los ciudadanos, pero el estado actual de las cosas la han convertido poco menos que en un nuevo indicador de riqueza, el umbral que abre una nueva brecha social.

Entre 1996 y 2002, el precio medio de las viviendas en Andalucía subió un 76%, seis puntos por debajo de la media nacional, pero los salarios sólo crecieron un 14%. Las familias andaluzas dedican ya el 41,6% de su renta a la adquisición de una vivienda -en el conjunto de España esa proporción llega al 50,9%-, y los plazos de amortización de las hipotecas se han ampliado hasta el punto de que en muchos casos comprometen al comprador durante toda su vida laboral.

El presidente de Unicaja, Braulio Medel, sostiene que en conjunto la sociedad es más rica que años atrás porque lo importante es el saldo neto. "Puede que una familia tenga más deuda por hacer frente a una hipoteca, pero tiene una casa que a lo mejor vale un 30% más del precio en el que la compró, así su riqueza financiera ha aumentado más que su deuda", explica.

Pero reconoce Medel que hay colectivos muy desfavorecidos, "con verdaderos problemas", entre los que cita por ejemplo "todos aquellos que no han comprado una vivienda en los últimos tres años". Y certifica que existe una gran desigualdad: "Ni siquiera la deuda puede aumentar igual para todo el mundo".

El principal instrumento público del que tradicionalmente han dispuesto las administraciones para corregir las desigualdades del mercado inmobiliario, la promoción de viviendas protegidas, se ha mostrado claramente insifuciente en los últimos años.

Apenas el 7,6% de las viviendas terminadas en Andalucía en 2002 eran de protección oficial -9.539 sobre un total de 114.530-, con una caída en picado respecto al año 1998, en el que la proporción fue del 35,4% -17.907 viviendas protegidas sobre un total de 32.666 casas terminadas-.

La Junta se queja de que el Gobierno central asignó a Andalucía unos cupos claramente insuficientes en el Plan Nacional de Vivienda (2002-2005), con un "severo" descenso del 61% respecto al anterior. También reprocha el fracaso de las medidas liberalizadoras del mercado del suelo decretadas en 1998 y que, entre otras, incluyó nuevas valoraciones del suelo en función de las expectativas del mercado y no por el de su calificación inicial.

El PP reconoce implícitamente el fracaso al incluir en su programa electoral para las autonómicas la necesidad de "posibilitar la puesta en el mercado de suelo a precio razonable" y destinar el 50% de los patrimonios municipales de suelo a viviendas públicas.

Con las bases de la nueva Ley de Ordenación Urbanística, que obliga a los ayuntamientos a destinar el 30% de los suelos que califiquen a viviendas públicas y establece límites a la especulación, la Junta ha acometido un nuevo plan de viviendas para los próximos cuatro años que prevé 250.000 actuaciones -150.000 nuevas viviendas y 100.000 rehabilitaciones- para lo que ya ha sucrito convenios con 350 ayuntamientos, lo que evidencia que la preocupación no distingue de colores políticos. El plan cuenta con un compromiso de las entidades financieras de aportar 4.000 millones de euros, ampliables a 6.000. Extiende el acceso a viviendas públicas hasta quienes ganen cuatro veces el salario mínimo -hasta ahora no se podía sobrepasar 2,5- y prevé planes específicos para colectivos especialmente desfavorecidos como jóvenes, familias monoparentales y parados, así como ampliar el parque de viviendas en alquiler, que ahora apenas representa el 9% del total de viviendas.