El Constitucional tiene pendiente de resolver 55 de los 57 litigios entre Junta y Gobierno desde 1996

La bronca que Junta y Gobierno han mantenido en los últimos ocho años se ha traducido en algo más que en dimes y diretes entre políticos. La pugna se ha trasladado también al ámbito de la justicia, especialmente ante el Tribunal Constitucional, que tiene pendiente de resolver hasta 55 de los 57 litigios que ambas administraciones se han cruzado en las dos últimas legislaturas. En este tiempo, el Constitucional sólo ha zanjados dos asuntos relacionados con la decisión del Gobierno andaluz de complementar las pensiones no contributivas, temas en los que dio la razón a la Junta.

A estos asuntos que ya están en el Constitucional, hay que sumar otros seis que la Administración autonómica va a llevar próximamente y otro del Gobierno contra la ley andaluza de la libre colegiación.

El Constitucional tiene que dirimir muchos de los conflictos que han enfrentado a ambas administraciones desde 1996, cuando José María Aznar fue elegido presidente y el PP empezó a gobernar por primera vez en Madrid. Junta y Gobierno han presentado un total de 57 asuntos ante el alto tribunal, que ha resuelto dos, y tienen previsto presentar otros siete recursos, con lo que la cifra de conflictos en el Constitucional se elevará a 64, según un informe de la Consejería de la Presidencia.

La Junta es quien más ha acudido al Constitucional en este tiempo: ha presentado 29 recursos contra normas estatales y ha planteado 15 conflictos de competencias por decisiones del Gobierno. Además, tiene pendiente de presentar otros cinco recursos y un conflicto de competencias.

El Ejecutivo central ha presentado nueve recursos contra normas autonómicas hasta 2003 y este año ya ha anunciado que recurre la ley de la libre colegiación. El Gobierno también ha planteado cuatro conflictos de competencias por decisiones de la Junta.

La financiación autonómica

El futuro de Cajasur (en el que hay recursos cruzados) y la financiación autonómica son los temas estrella que tendrá que resolver el Constitucional, que también tiene que decidir sobre distintos recursos presentados por el Parlamento andaluz.

La financiación autonómica, que ha envenenado de raíz la relación entre ambas administraciones, es el motivo por el que la Junta ha acudido más veces al alto tribunal. Gobierno y Junta han intentado varias veces resolver este problema por la vía política, aunque hasta la fecha han fracasado todas las conversaciones.

La última oferta del Ejecutivo de Manuel Chaves al Gobierno central es aceptar los 2.500 millones que propuso el PP para zanjar este conflicto a cambio de retirar todos los recursos que se encuentran en el Tribunal Constitucional. La Junta ha metido prisa al Gobierno de José María Aznar para poner cerrar este asunto antes de la campaña electoral, pero el Ejecutivo prefiere ir más despacio y ha propuesto reanudar las conversaciones para arreglar las cuestiones técnicas, para intentar finiquitar el conflicto tras los comicios. De hecho, el vicepresidente segundo del Gobierno, Javier Arenas, ha afirmado que será el presidente que salga de las urnas, tras las elecciones del 14 de marzo, quien firme el acuerdo que zanje de una vez por todas el conflicto de la financiación autonómica.

En esta confrontación, las dos administraciones se han culpado la una a la otra del clima de crispación, sin admitir ni un ápice que en algún asunto tengan algo de responsabilidad.

El consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, asegura que el Gobierno del Partido Popular ha sido "el más antiandaluz de la historia democrática", incluido el de UCD presidido por Adolfo Suárez, que intentó que Andalucía no se sumase "a las comunidades del artículo 151 de la Constitución" (las de vía rápida) durante la transición.

Zarrías considera "preocupante" que el Tribunal Constitucional tarde tanto en dar respuesta a los numerosos litigios que ambas administraciones han presentado y que "afectan a miles de ciudadanos". "Dice muy poco del funcionamiento de la justicia", afirma Zarrías.

El Gobierno autonómico y el PSOE siempre han abordado de forma prudente esta demora del alto tribunal al resolver conflictos, que en algunos casos suman ya siete años en el ámbito de la justicia. En enero de 2003, la vicesecretaria general del PSOE, Mar Moreno, advirtió de la "dilación excesiva" del Tribunal Constitucional para resolver los conflictos que afectan a la comunidad, después de que el alto tribunal resolviese en poco tiempo un recurso contra la ley de Presupuestos del País Vasco del año 2002. "Es un hecho empírico que el retraso de los asuntos andaluces es más que ostensible", afirmó entonces Mar Moreno, quien añadió que el retraso "empieza a ser llamativo".

Al margen del retraso en la resolución de los conflictos, el consejero entiende que José María Aznar ha usado el Consejo de Ministros desde 1996 para "atacar" de forma permanente a Andalucía, una comunidad con la que "nunca ha querido colaborar" y que es una de las asignaturas pendientes del PP. El consejero de la Presidencia va más allá y asegura que en los "2.960 días" que Aznar lleva en La Moncloa ha aplicado una estrategia de acoso a la comunidad que no es sino un "menosprecio" y "una marginación" para cuantos viven en Andalucía.

"Tan malo, imposible"

El secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz, sostiene que es "imposible que el Gobierno sea tan malo" y hace hincapié en que el presidente de la Junta, Manuel Chaves, ha tapado "el fracaso de su gestión" en estos años a base de "confrontación" con Madrid.

Sanz se queja de que la Junta haya recurrido en los tribunales asuntos que en su opinión no deberían haber llegado y critica que, con los gobiernos de Felipe González, Chaves no presentase batalla en asuntos como la Ley del Suelo, que sí fue impugnada por varias autonomías.

Además, Sanz añade que en estos ocho años ambas administraciones han firmado "cerca de 400 acuerdos". "Hay muchos temas en los que las relaciones han funcionado. A la hora de la verdad, Chaves ha buscado acuerdos por debajo de la mesa", afirma Sanz.

El consejero de la Presidencia quita importancia a este asunto y asegura que muchos de estos acuerdos están encuadrados dentro del marco de normalidad institucional que debe haber entre las administraciones o se firmaron con las demás comunidades autónomas. Zarrías destaca que en los ocho años de Gobierno de Aznar, Andalucía sólo ha recibido el traspaso de dos competencias: justicia y las políticas activas de empleo.