Dancausa prohíbe que cada grupo parlamentario invite a más de cinco personas a la Asamblea

En el pleno de la Asamblea de ayer no hubo gritos, ni llovieron pasquines al hemiciclo, ni los ujieres tuvieron que desalojar a alborotadores de las tribunas del público, como ocurrió el jueves pasado. Aquel día, varios trabajadores de la empresa Talgo que habían recibido por la mañana su carta de despido fueron invitados a presenciar el debate parlamentario. Montaron un escándalo y la cosa terminó en desalojo.

Ayer, la presidenta de la Asamblea, Concepción Dancausa, dejó a esos 48 trabajadores fuera del hemiciclo. Por la mañana comunicó a los portavoces de la oposición (PSOE e IU) que había decidido limitar a cinco el número de personas que, invitadas por cada grupo parlamentario, podrían ocupar las tribunas de público. Según fuentes del PSOE, Dancausa argumenta que el objetivo de esta restricción es "garantizar la seguridad de las personas en el Parlamento". El jueves anterior una taquígrafa recibió el impacto de una libreta que se coló entre las octavillas de los ex trabajadores de Talgo.

Hasta ayer, los distintos grupos habían llegado a invitar hasta a 30 personas por pleno. Ayer, la tribuna de invitados estuvo casi vacía. Seis invitados del PSOE quedaron fuera. Ellos y los 48 trabajadores de Talgo que tuvieron que instalar sus pancartas en la acera de enfrente del parlamento.

El acceso a la tribuna de público se reguló por un acuerdo de la Mesa publicado en el Boletín Oficial de la Asamblea el 4 de diciembre de 1998. Un acuerdo en el que, sin embargo, no se habla de un número máximo de invitados.

Ayer, la tribuna estuvo vacía salvo los primeros 15 minutos de pleno, cuando todos los diputados de la oposición -salvo los portavoces del PSOE, Rafael Simancas y de IU, Fausto Fernández- decidieron no ocupar sus escaños, sino la tribuna de invitados.

Fernández acusó a la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, de "confundir el Parlamento con una corte, al aprobar unilateralmente" esta "restricción inaceptable de los derechos de los diputados y los ciudadanos".

El portavoz del PP, Antonio Beteta, interpretó el gesto de los parlamentarios de la oposición diciendo: "Con este acto quieren tapar la ignominia de pactar en Cataluña con Esquerra Republicana, que negocia con ETA".

Y es que si hubo un asunto, en principio ajeno al orden del día, que se lanzaron los diputados como arma arrojadiza fue el de la tregua en Cataluña anunciada por la organización terrorista. La que abrió fuego fue la presidenta regional, Aguirre, ante una pregunta del portavoz socialista sobre cómo piensa garantizar la implantación de servicios públicos en los nuevos Planes de Actuación Urbanística (PAU) de la capital. Según Aguirre, "la preocupación" de Simancas por la situación de los vecinos del PAU de Carabanchel es "encomiable", pero añadió: "Hoy los madrileños están preocupados por otro tema: su partido. Usted es el líder de la FSM y tiene la obligación con sus electores de exigir a sus compañeros [de Catalu-ña] que rompan" [el pacto con Esquerra Republicana].

La socialista Soledad Mestre utilizó su turno, al preguntar cómo se encuentra el proyecto de la Ciudad de la Justicia, para espetarle al consejero de Justicia e Interior, Alfredo Prada Presa: "Ni el Partido Socialista ni Rafael Simancas nunca darán pábulo a ningún comunicado de ETA, ni instrumentalizarán partidariamente la lucha antiterrorista". Prada respondió asegurando que el PSOE "es cómplice de Esquerra". Más tarde, la diputada socialista Inés Alberdi aludió al asunto: "Utilizar de forma partidista un comunicado de ETA es indigno y va en contra del pacto antiterrorista".

Durante en el pleno, el portavoz socialista en materia de Empleo, José Manuel Franco, propuso al PP la firma de un pacto para reducir la subcontratación. Destacó que el 95% de los trabajadores de la construcción son eventuales y que la siniestralidad es cuatro veces mayor en los trabajadores temporales que en los de contrato indefinido. Güemes aseguró que con la nueva Ley de Previsión de Riesgos Laborales se "habilitará la presunción de certeza a los técnicos de prevención, por lo que podrán suplir en algunas cuestiones a los inspectores". De esta forma se incrementará, según el consejero, en 22 el número de personas que inspeccionarán las obras en la Comunidad.