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Arcelor amenaza con abandonar Europa si tiene que pagar para cumplir con Kioto

El primer productor mundial de acero presiona para modificar la directiva de emisiones

"Nos iremos de Europa paso a paso si tenemos que pagar por [el Protocolo de] Kioto". Así de rotundo se pronunció ayer Guy Dollé, primer ejecutivo del principal productor mundial de acero, Arcelor, uno de los más afectados por las normas europeas para reducir la contaminación, que precisó que sólo dejará los productos con valor añadido. Dollé tiene que negociar en España las cuotas de emisión de su filial Aceralia. Las normas europeas para cumplir con Kioto establecen que las emisiones de CO2 de la UE en 2012 serán un 8% inferiores a las de 1990.

El sector siderúrgico es, junto con el eléctrico, el papelero, el petroquímico, el cementero y el de la cerámica, el más afectado por la directiva europea de emisiones, una directiva que Dollé considera "no adaptada a la sociedad europea y que distorsiona la competencia con otros productos como el plástico o el aluminio y entre países".

La UE ha ratificado el compromiso de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en 2012 en un 8% respecto a 1990. Dentro de ese compromiso global, España se ha comprometido a que sus emisiones no superen en la fecha límite en un 15% las emisiones de 1990. Pero una cosa son los objetivos y otra, su coste. Tanto en Europa como en España, donde el Gobierno negocia las cuotas de emisión de cada instalación, las empresas han mostrado su preocupación por los costes.

Los cálculos para las empresas, sólo en España (que supera en estos momentos en un 30% los objetivos propuestos para 2012), oscilan entre 1.500 y 4.000 millones anuales. Y ello porque se supone que, las empresas que no puedan o no quieran cumplir los objetivos de recorte de emisiones que se les asignen tendrán que comprar derechos a las empresas menos contaminantes. Ese mercado de emisiones, que comenzará a funcionar en 2005, según los planes de la UE, es el que preocupa a la gran industria.

Recurso

Arcelor ya presentó un recurso, el 15 de enero, ante el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas contra la directiva comunitaria de derechos de emisión. La principal queja de Dollé es que la directiva no permite cerrar una planta en un país europeo y utilizar los derechos de emisión liberados en otro Estado miembro, ya que las cuotas están repartidas por países. Ante ello, Dollé ha planteado el órdago: o se modifica la directiva o Arcelor busca otros horizontes donde el principio de "quien contamina paga" sea más flexible.

"Nos iremos de Europa paso a paso si tenemos que pagar por Kioto", dijo rotundo Dollé. Después, precisó que trasladarán toda la producción de producto básico a zonas más baratas, y dejarán en Europa sólo aquellos centros que generan producto con mayor valor añadido. La decisión afectaría evidentemente a España, donde cuenta con las antiguas plantas de Ensidesa, Altos Hornos de Vizcaya, Sagunto y Aristráin, entre otras. "Aceleraríamos el proceso de inversiones en Rusia y Brasil, países que tienen mineral, energía y mano de obra más barata", explicó. Para 2004, Arcelor piensa invertir 1.300 millones de euros.

Dollé aseguró que después de los buenos resultados de 2003 se plantean como objetivo crecer a un ritmo del 10% durante los próximos 10 años hasta doblar la producción en 2014 y alcanzar los 110 millones de toneladas. Arcelor cerró 2003 con unos beneficios netos de 257 millones, después de que en 2002 perdieran 120, básicamente debido a los ajustes por créditos fiscales. Además, consiguieron bajar su endeudamiento en más de 1.500 millones, dejándolo en torno al 50% sobre fondos propios, objetivo que quieren conseguir en marzo de 2004. A cierre de 2003 el endeudamiento era de 4.464 millones. Para Dollé, los resultados permiten pensar en el crecimiento sostenido.

El lunes, reunión con Folgado

El próximo lunes, Aceralia-Arcelor, junto con otros grandes consumidores de energía eléctrica, se reunirá con el secretario de Estado de Energía, José Folgado, para discutir la asignación de cuotas de emisión de gases que corresponderá en el marco del Protocolo de Kioto.

El Plan de Asignación tiene que estar listo para su presentación en Bruselas el 31 de marzo y desde principio de año, el Ministerio de Economía ha recibido de las empresas, organizaciones empresariales y asociaciones, análisis, estudios de costes y peticiones varias.

La sensibilidad entre las empresas está a flor de piel. España, en estos momentos, supera ya con creces el objetivo de emisiones establecido para 2012 (15% de aumento de emisiones sobre los niveles de 1990) y cada sector afectado teme grandes desembolsos.

En ese contexto de nerviosismo se han registrado incluso enfrentamientos entre las eléctricas por las diferentes posturas a la hora de hacer frente al recorte de emisiones.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 20 de febrero de 2004

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