Holanda expulsará en tres años a 26.000 demandantes de asilo

La ley de asilo más controvertida de las últimas décadas en Holanda, al sancionar la expulsión de 26.000 inmigrantes sin permiso de residencia, fue aprobada ayer en el Parlamento por 83 votos a favor y 57 en contra. Propuesto por la coalición democristiana y liberal en el poder, el plan ha provocado la repulsa del 60% de la población, el Consejo Nacional de las Iglesias y la organización internacional Human Rigths Watch. La votación vino precedida de numerosas manifestaciones en contra de las expulsiones.

Ruud Lubbers, Alto Comisario de Naciones Unidas para los Refugiados y antiguo primer ministro holandés, también ha expresado su preocupación ante la deportación de personas que suman varios años de residencia en los Países Bajos, donde han formado familias.

La ley, que todavía debe ser ratificada por el Senado, ha sido debatida durante meses y la principal crítica al Gobierno es que permita la expulsión de los inmigrantes que lleven más de cinco años en Holanda. Para la ministra de Inmigración, Rita Verdonk, aplicar una amnistía "mandaría el mensaje equivocado a las redes de tráfico de personas". En su forma actual, la ley incluye a todos los refugiados que entraron en el país antes del 1 de abril de 2001, en su mayoría desde la antigua Yugoslavia, Irak y Afganistán. Unas 2.000 personas sin antecedentes penales en su patria ni delitos desde que emigraron, y que esperan una respuesta a su solicitud de asilo desde hace más de cinco años, podrán quedarse. En otros 200 casos se les da la residencia por razones humanitarias. El resto hasta 26.000 deberá marchar en el plazo de tres años. Los que no quieran regresar serán llevados a centros de acogida hasta su expulsión. Estas normas van mucho más lejos que las propuestas del líder ultraconservador Pim Fortuyn, asesinado en 2002.

"Muchos de los futuros deportados tienen males físicos y psíquicos y los parientes que dejaron en su patria ya no existen. En otros casos no se puede garantizar su seguridad aunque, en teoría, la situación en sus países de origen haya podido estabilizarse", señala el Consejo Nacional de las Iglesias en una nota remitida al Gobierno antes de la votación. Las historias de estas familias muestran a padres sometidos a fuertes tratamientos contra la depresión, jóvenes con un primer empleo y plenamente integrados y menores que temen perder los únicos amigos y colegios que han conocido. El miedo a la separación es lo peor para todos ellos, aunque Inmigración asegura que no habrá dramas.

Para Human Rights Watch la ley está en entredicho por cuanto sanciona un auténtico éxodo a lugares como Afganistán, Somalia o Chechenia de personas que temían allí por sus vidas. "Con esta decisión, el Gobierno holandés se ha apartado de su histórico papel como líder de la protección de los derechos humanos en Europa", dice la organización con sede en Nueva York. Según Verdonk, nadie será obligado a marcharse si de verdad corre algún peligro.

Tanto el Gobierno como la policía admiten la posibilidad de que vecinos y ayuntamientos entorpezcan las deportaciones cuando empiecen a producirse. La voz "nuestros inmigrantes" es de uso corriente estos días en Holanda y, en algunas regiones, nadie está dispuesto a ver marcharse a los sin papeles que han logrado integrarse.