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Tribuna:

Un esfuerzo más, presidente Chirac

El velo tenía que acabar, tal como somos en Francia, en la Asamblea Nacional, antes de que se dispersara en mil procesos contencioso-administrativos. La República tuvo su disputa entre la Iglesia y el Estado en el siglo XIX; salió de ella fortalecida pero manchada por el caso Dreyfuss, ejemplo de la ira antisemita existente en una parte de esta vieja nación "cato-laica". Ahora ha caído presa de la cuestión "musulmana", que no puede resolver al estilo colonial, es decir, mediante el ejercicio de la desigualdad de derechos y deberes entre los ciudadanos.

Empecemos por la teoría: en la República Francesa, el espacio público no puede convertirse en lugar de expresión de particularismos, intereses comunitarios, confesionalismos y otros rasgos diferenciales. Las Iglesias lo admitieron, de mala gana, a principios del siglo XX, y también lo hicieron las comunidades judías y protestantes; no hay ningún motivo para que los musulmanes sean la excepción. Deben someterse a las leyes de la República. Es la condición necesaria para la paz religiosa en Francia. Es legítimo prohibir que se lleve velo, o cualquier otro signo de pertenencia a una religión, en el espacio público; es legítimo aplicar la misma ley a todos en las administraciones públicas (hospitales, ministerios, locales públicos).

Es legítimo prohibir el velo o cualquier signo de pertenencia religiosa en el espacio público

El gran interrogante francés es, desde hace 30 años, el de la integración social

A continuación, los hechos: en 1989, en el instituto de Creil, surge el primer "caso del velo": una joven se niega a quitarse el velo en clase. Entre 1989 y la primavera de 2003, estalla una docena de casos similares. A mediados de los años noventa están documentados entre 100 y 150 casos de velos en clase, en una población de cinco millones de estudiantes. Dichos casos, en general, se arreglan mediante el diálogo. En 2003, el Ministerio del Interior ofrece unas cifras semejantes. Es decir, entre 1990 y 2003 la situación no ha cambiado demasiado.

Sin embargo, la forma de ver el islam ya no es la misma. Estos hechos ya no forman parte de la crónica de sucesos, sino de las noticias principales. Las cámaras atrapan el mínimo conflicto, que podrían arreglar los propios protagonistas pero que, agrandado por los medios de comunicación, "interpela" a los responsables políticos, sociales y religiosos y ocupa las portadas de los informativos de televisión. La opinión pública se estremece: hay que reaccionar. De nuevo el islam. Los partidarios de una laicidad "abierta" aprovechan para ir de buenos, y los laicistas recalcitrantes llaman al velo caballo de Troya... Pero detrás, mientras tanto, se fragua la desgracia: escalada de una mezcla rancia de judeofobia y antisemitismo, atizada por grupúsculos delirantes, aumento de la islamofobia, proclamada por unos simplones de ideas definidas, escalada general de las intolerancias, el odio de todos contra todos plasmado en maldades cotidianas, novatadas, humillaciones. Sí, Francia está mal. Y la imagen que tienen los franceses de sí mismos es cada vez más sombría, devaluada y deprimente. Es injusto echar la culpa sólo a los medios. El mal tiene raíces más profundas. En realidad, el hecho de centrar la atención en el velo -y, por consiguiente, en los ciudadanos de confesión musulmana- oculta la extrema complejidad del contexto global, en el momento en el que el presidente de la República, Jacques Chirac, pide a la Asamblea que arregle el asunto con una frase lapidaria.

Primera pregunta: ¿y si no es el islam el que amenaza los fundamentos éticos de la República, sino el hecho de que ésta no sabe ser la encarnación de un contenido capaz de competir con la fe religiosa en un mundo dominado por la desesperación social? Dicho de otra forma: ¿qué articulación puede haber de lo sagrado y lo profano en la república laica, si ésta no consigue convertir lo que es más sagrado para ella -la igualdad entre los ciudadanos- en fe terrenal? Esta pregunta fundamental no puede tener más que una respuesta política, es decir, un proyecto que sirva de vínculo social entre todos. Sin embargo, ¿cómo abordamos la cuestión? Con una inflación de "comisiones" e "informes" desde comienzos de 2000. ¡Seis grupos de reflexión y seis informes en tres años! Eso sí, parece que ninguno ha ofrecido suficientes aclaraciones...

Segunda pregunta: ¿y si resulta que el papel de los poderes públicos en todo este asunto del velo y la crisis de la laicidad es más que turbio, e incluso culpable? En 1989, con ocasión del caso de Creil, el Gobierno de izquierdas se conformó con un dictamen del Consejo de Estado lo bastante vago como para atribuir la responsabilidad a los directores de los centros. Dominada por la moralina de las diferencias y el multiculturalismo, la izquierda no se atrevió a reivindicar los principios fundamentales de la laicidad. Fue la derecha, representada por François Bayrou, la que recordó, en una circular de 1994, la prohibición de llevar en la escuela "signos religiosos ostentosos". Pero la jurisprudencia, en muchos casos, ha invalidado el punto de vista de los directores de centros, cada vez que expulsaban a alumnos en virtud del dictamen del Consejo de Estado. Desde entonces, los socialistas se han vuelto feroces partidarios de prohibir el velo, mientras que Bayrou ya no ve la necesidad de una ley. Vaya lío...

En julio de 2003, ante las provocaciones islamistas en la calle y las escuelas, el presidente Chirac solicitó argumentos claros para decidir si era necesaria o no una ley sobre el velo. El informe de la Comisión Stasi, prolijo, complejo, a veces hasta proustiano por sus digresiones alambicadas, proponía una ley, pero incluía la sacralización de la presencia del islam en la institución republicana mediante la instauración de un día festivo para conmemorar el Aid el Kebir. Los medios se alzaron. Navidad, vaya y pase; pero Aid el Kebir, ¡no! Y fue no. El ministro de Educación Nacional recibió el encargo de legislar a toda prisa. Durante ese tiempo, mientras en el Elíseo se defendía con firmeza la "esencia" de la República, el ministro del Interior proponía nombrar a un prefecto "musulmán" en el propio corazón del Estado. Musulmán, sí, porque, en la Francia del siglo XXI, se nos había olvidado que hay centenares, miles de ciudadanos con nombres que no son cristianos y que han trabajado y trabajan en la función pública y los demás sectores. Un prefecto "musulmán": tiene un aire de Argelia francesa que suena a pequeña venganza por el pasado y, al mismo tiempo, una especie de llamada al orden para los que tenían demasiada fe en la asimilación republicana. Podía esperarse esta fórmula de quienes se oponen a la legalidad republicana y, sin embargo, surgió de quien se suponía que debía defenderla.

Tercera pregunta: ¿hace falta recordar que el islam, en Francia, no es una abstracción? Es una fuerza material. Hace 30 años que se desarrolla una disputa encarnizada entre grupos de intereses distintos dentro de esta "comunidad" confesional, por el control de las riquezas (porque el negocio se mide en mezquitas, zakat -la limosna legal-, carnes halal, etcétera) y el peso político comunitario. Se enfrentan Estados musulmanes a través de sus emigrantes, se forman partidos religiosos, florecen las asociaciones de defensa de la identidad, prosperan los movimientos integristas. En cuanto al debate sobre la representación del islam, está estancado, porque el Gobierno no sabe ya distinguir lo litúrgico de lo confesional y los acuerdos tácticos con tal o cual grupúsculo o individuo que se autoproclama "personalidad representativa" están siempre cargados de segundas intenciones políticas. Más lío todavía...

Cuarta pregunta: ¿y si los ciudadanos "musulmanes", los considerados como tales, tuvieran la impresión no de ser un problema para la República sino de estar entre dos fuegos y sin saber bien por qué? Porque todos los sondeos lo demuestran: en su inmensa mayoría dan la bienvenida a la aplicación de la laicidad; consideran, como los judíos y los protestantes, que es un instrumento de igualdad y promoción sociocultural. ¿Pero no les deja el debate sobre esta ley en una situación insegura? La respuesta es evidente: si la República quiere ser fiel a sí misma, tendrá que hacer hueco a su religión. ¿Y después? Después habrá que reconocer que existe esa estigmatización que les rodea y de la que no se habla: hoy, en la Francia neoliberal, las nuevas clases "peligrosas", obreras y no integradas están mayoritariamente formadas por los inmigrantes musulmanes y sus hijos. Y la actitud de Francia respecto a sí misma, respecto a las zonas marginales que ha creado en su sociedad, no es especialmente solidaria. En este caso, es fácil culpar a la religión musulmana.

Durante su sesión ante la Comisión Stasi, el ministro de Asuntos Sociales, François Fillon, habló bien al recordar que no puede haber solución sólo a través de la ley: "Sin integración, perderemos la batalla de la laicidad", dijo. Pero ¿qué propone hoy?

Desde finales de los años setenta, es evidente que son los medios populares, las capas trabajadoras inmigrantes y sus hijos, las principales víctimas de los ajustes socioeconómicos: guetos, racismo en el mercado de trabajo, apartheid a la hora de buscar vivienda, agrupamientos escolares condenados al abandono, humillación cultural cotidiana. Y esos hijos -o, al menos, una parte de ellos, y es un milagro que no sea la mayoría- son quienes hoy enarbolan su fe, su velo, su rabia, a veces su estupidez intolerante, como tarjeta de identidad social y nacional. Una lección que deben tener en cuenta todas las sociedades europeas que se enfrentan a la integración de los inmigrantes con una religión diferente.

El gran interrogante francés es, desde hace 30 años, el de la integración social. Y seguirá siéndolo en años venideros. Mientras los dirigentes políticos, sean de la tendencia que sean, no aborden la cuestión del acceso a la ciudadanía de pleno derecho para esta parte de la población, la República estará amenazada por las desviaciones en nombre de la identidad. El Gobierno, sin duda, tiene razón al proponer una ley sobre el respeto del espacio republicano. Pero su política está haciendo que cada vez sea más precario el mercado de trabajo, agrava las situaciones de pobreza, reduce los medios con los que cuenta el sistema educativo, privatiza los servicios públicos y limita su ámbito de intervención; y halaga a los grupos "de identidad" mediante la práctica de la discriminación positiva en los niveles superiores de la Administración. En resumen, el Gobierno está serrando la rama sobre la que quiere apoyar su ley. Lo que necesita Francia no son sólo unas cuantas palabras que prohíban "llevar signos ostentosos"; es una gran ley de integración social en la que se propongan a todos los ciudadanos, como proyecto de vida en común, el empleo, la educación, la vivienda, pero también los deberes ligados a ser ciudadanos de la República. Haga un esfuerzo más, señor presidente.

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Sami Naïr es eurodiputado, profesor invitado de la Universidad Carlos III y autor de El imperio frente a la diversidad del mundo. Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 15 de febrero de 2004