Guerra abierta por la sucesión en la derecha francesa
Sarkozy es el más popular, pero Raffarin goza del respaldo del aparato de la UMP
A primera vista se trata sólo de unos comicios regionales, pero sus protagonistas se lo toman como auténticas elecciones "de mitad de mandato", desgarradoras para la derecha, cuyos tenores lo viven como si fueran unas primarias. La Unión por la Mayoría Popular (UMP) aborda el proceso electoral de marzo en los albores de la guerra de sucesión, cuando no han pasado dos años desde que conquistó la mayoría absoluta del Parlamento y, por tanto, el Gobierno.
El hombre llamado a unificar a los partidos de derecha, Alain Juppé, se encuentra condenado a 18 meses de cárcel (aunque sin obligación de cumplir la pena) y a 10 años de inhabilitación política, con una segunda parte del drama asegurada cuando se vea el recurso contra la sentencia. La situación no es buena para Jacques Chirac, porque todo el mundo ha comprendido que el condenado carga con las culpas pasadas del jefe del Estado y sabe que éste tiene otros amigos en espera de juicio: acaba de cerrarse un sumario contra ex colaboradores del presidente, por fondos presuntamente ilegales en adjudicaciones públicas.
Chirac ha sugerido que Juppé es tan importante que no debería haber sido condenado
Juppé seguirá guardando el núcleo duro del partido durante unos meses, pero la batalla para sustituirle ya ha empezado. Y esta vez se trata de organizar el relevo de la generación o grupo de políticos que han administrado la herencia del gaullismo. Los que empujan tienen poco que ver con ese grupo, del que no proceden ni el ministro del Interior, Nicolas Sarkozy, ni el primer ministro, Jean-Pierre Raffarin, por ahora los aspirantes más decididos.
Los sondeos insisten machaconamente en que Sarkozy continúa a la cabeza de los presidenciables. Sin embargo, sus intentos de situar a amigos suyos en buenos puestos de las listas electorales han chocado con el aparato de la UMP, todavía en manos de colaboradores de Juppé, que han lanzado el eslogan "Todo salvo Sarkozy".
Para muchos militantes de la UMP, el ministro del Interior representa la eficacia, el trabajo, la recuperación de una sensación relativa de seguridad y la capacidad de llevar a la derecha a la victoria en las futuras presidenciales y legislativas, aquellas en las que se juega de verdad el poder. Pero en esta campaña regional, Sarkozy se dedica a visitar los barrios más conflictivos del país, en su mayoría auténticos guetos de marginación, miseria y delincuencia. Sarkozy quiere demostrar de nuevo que él es el único político capaz de coger el toro por los cuernos, al precio de arriesgarse a un reguero de problemas. El viernes pasado se puso a discutir con un grupo que le chillaba por su política represiva, en un barrio de la periferia de Lyón; y el lunes, cerca de Estrasburgo, fue insultado por un joven, que a las 24 horas lo pagó con una condena a un mes de prisión.
Otra parte de la militancia de derechas apuesta por el primer ministro, Jean-Pierre Raffarin, que ha emprendido una campaña mucho más clásica, reclamando para sí el papel de "jefe de la mayoría" con vistas a las elecciones de marzo y asumiendo el riesgo de un fracaso electoral que le debilitaría. Raffarin implica una línea más liberal, socialmente menos proteccionista que la de Chirac y más próxima a la del Partido Popular en España.
Mientras tanto, el presidente de Francia tiene demasiados frentes abiertos. El palacio del Elíseo se implica en una operación internacional tras otra -recalentar las relaciones con Estados Unidos, facilitar la incorporación del Reino Unido a los planes franco-alemanes para la UE, recibir al presidente de Israel con la máxima pompa-, y lo que menos le conviene es la guerra interna, que le impide preparar un relevo con calma y a la medida.
Chirac, citado en otro escándalo
En los años noventa se produjo un verdadero pacto de corrupción entre los principales partidos políticos en la región de París, según el juez Armand Riberolles, que el miércoles pasado decidió enviar a juicio a 47 procesados por medio de un documento en el que se cita el nombre de Jacques Chirac varias veces. La resolución judicial explica un vasto montaje organizado por las empresas que construyeron o renovaron centros de enseñanza media en la región de París entre 1989 y 1997.
La finalidad de ese pacto era organizar el pago del 2% de cada adjudicación a los partidos representados en el consejo regional. De ese porcentaje, el 1,2% iba a parar al partido neogaullista RPR (presidido por Jacques Chirac) y al Partido Republicano, y el 0,8% restante recaía en el Partido Socialista, segun los detalles aportados por Le Monde. El magistrado enfatiza "el carácter fraudulento del montaje" y "violaciones múltiples, graves y repetidas" del código de adjudicación de obras públicas.
El juez no precisa los hechos que podrían imputarse a Chirac, dada la inmunidad que le protege mientras permanezca en el cargo. Por este mismo motivo, tampoco pudo llamarle a declarar en 2001, durante la fase de instrucción del sumario, cuando deseaba interrogarle sobre la procedencia de los fondos en efectivo con que se pagaron numerosos viajes privados del entonces alcalde de París y presidente del partido neogaullista RPR. Uno de los 47 procesados es Michel Roussin, ex jefe de Gabinete de Chirac en el Ayuntamiento de París.
La idea de irregularidades generalizadas explica el motivo de que muy pocos se hayan rasgado las vestiduras porque Alain Juppé mantenga todos sus cargos durante unos meses, pese a la condena judicial recaída sobre él. Sin embargo, la extrema derecha de Jean-Marie Le Pen, excluida durante años del pastel, ha hecho de la corrupción uno de sus argumentos para la deslegitimación de todo el sistema dominado por la derecha y la izquierda clásicas.
