Una vida o un solar

De la casa que construyó Vicente Roig "para casarse" no queda nada, y el taller en el que durante décadas fabricó lápidas de mármol ha desaparecido bajo las excavadoras que abrieron hace 15 días un enorme hoyo para levantar los cimientos de un nuevo edificio de viviendas. Le quedan las fotos y 92.120 euros, la suma de los 59.381 euros que recibió por una expropiación forzosa a principios de los años noventa y los 32.739 de la indemnización por la ejecución de un Programa de Actuación Aislada y de reparcelación en la calle de Nervión de Valencia, donde tenía el taller, que recurrió y no ha querido cobrar. A Vicente, a punto de cumplir los 71 años de edad, le parece poco dinero, y se pregunta: "¿Por qué tengo que coger yo los cinco millones de pesetas por el taller si han vendido ya los pisos a 30 millones?".

No es experto en la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU), la figura del agente urbanizador o un PAI, pero está seguro de que sus propiedades "valían mucho más", y no entiende que pudieran tirarle abajo el taller, aunque estuviera cerrado, si él no aceptó la indemnización. No es miembro de ninguno de los colectivos que, como la asociación Abusos Urbanísticos No, han exigido modificaciones en la LRAU que resten protagonismo al agente urbanizador y protejan los intereses de los pequeños propietarios, pero sus quejas reflejan la impotencia de muchas otras personas afectadas por la aplicación de la ley.

Los quebraderos de cabeza comenzaron para Roig cuando en los primeros noventa tuvo que renunciar a la casa y el taller que levantó en los 120 metros cuadrados heredados de su padre. La apertura de la calle de Nervión le privó de su hogar, en el que criaba junto a Isabel a sus tres hijos, y le dejó 55 metros cuadrados en los que montó de nuevo su negocio, y el dinero de la expropiación con el que compró su actual piso. "Cogí una depresión", cuenta Vicente.

El taller se mantuvo abierto, en manos de su hijo Vicente, de 44 años, hasta 1998. "Hace dos años me mandan una carta en la que ponía que tenía en Hacienda los 32.700 euros por el local, pero no lo cobré y lo llevamos a la abogada". El Ayuntamiento aprobó definitivamente en febrero de 2002 la propuesta de un agente urbanizador para la parcela que en parte ocupaba su local, y el proyecto le asignó la indemnización que rechazó -según fuentes municipales, estas valoraciones están sujetas a informes de la Universidad Politécnica-. El asunto está pendiente en los tribunales, pero el recurso no paraliza el Plan de Actuación Aislada. Tras aprobarse el proyecto del urbanizador, el suelo acabó en manos de una constructora que ha iniciado las obras. Así, hace 15 días Vicente Roig y su hijo asistieron atónitos a la demolición de un taller del que seguían pagando el agua y la contribución, y del que no habían sacado el material. "Antes era un local, ahora es un solar, ésa es la contestación que recibió mi hijo cuando preguntó en la obra", recuerda con rabia Vicente. Su hijo también se "acalora" y se enzarzó en una fuerte discusión en el Ayuntamiento hace unos días. El derribo acabará en los juzgados.

En el recurso contra la reparcelación, entre otros puntos, Roig afirma que se fijó a la baja el metro cuadrado de techo en una zona de "expansión" de la ciudad, y se calculó un coste "abusivo" para actuar en unas calles "con un alto índice de urbanización". Ambos elementos se conjugaron para dejarle una indemnización que considera escasa. "Aznar y Zaplana, tanto que hablan de la Constitución...", se lamenta. La LRAU, mientras, está pendiente de una reforma.