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Tribuna:LOS PROGRAMAS ELECTORALES
Tribuna
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No son tiempos para subastas a la baja en materia fiscal

Los autores muestran su desacuerdo con las rebajas fiscales

Durante estos días se ha suscitado una fuerte polémica en torno a la política fiscal que incorpora el programa electoral del PSOE. La realidad fiscal de los últimos años refleja las opciones sociales regresivas del Gobierno del PP, basadas en una menor carga tributaria para las grandes sociedades mercantiles, las rentas del capital y los sectores privilegiados y costeada por el resto de los contribuyentes a través del crecimiento de la imposición indirecta. En los últimos años se han introducido también importantes cambios en el impuesto sobre sociedades, que, con el pretexto de adaptarse a la globalización fiscal, han supuesto importantes exenciones para las plusvalías de fuente extranjera, tratamientos muy beneficiosos para determinadas sociedades tenedoras de valores, y la creación de eficaces instrumentos para permitir la evasión legal de impuestos por parte de las grandes empresas.

Nos encontramos pues, con políticas fiscales que debilitan los sistemas de protección social, imponen un sistema tributario regresivo, gestionado por una Administración cuyo eje de actuación no es la lucha por el mejor cumplimiento de las rentas empresariales y del capital. Esta posición en el marco europeo, se alía con las tesis menos partidarias de avanzar hacia una tributación justa del capital.

Nosotros nos posicionamos abiertamente en contra de esa especie de "subasta a la baja" para ver quien bajará más los impuestos. Discrepamos, por tanto, de la política fiscal avanzada por el PSOE, en la medida en que reclamamos políticas fiscales socialmente justas y redistributivas, que sean la base para el desarrollo de un Estado Social, todavía inconcluso, que hoy se está poniendo en cuestión, y que tiene grandes y negativas diferencias con respecto al existente, aún con los recortes producidos, en la Unión Europea.

Pero, junto a lo anterior, es muy preocupante que la actual dirección de CC OO mantenga una actitud pasiva ante la regulación introducida recientemente por el PP, y relacionada con la situación de baja por incapacidad temporal, ya sea la derivada de enfermedad común o accidente de trabajo, y que afecta a periodos de tiempo posteriores al despido o extinción del contrato de trabajo. Se ha de plantear con urgencia ante el gobierno y distintas fuerzas políticas, que dicha regulación no implique el consumo del periodo de prestación por desempleo.

Esta medida del Gobierno del PP, sumada a la pasividad del grupo dirigente confederal, está perjudicando gravemente a muchos trabajadores temporales que se encuentran en situación de Incapacidad Temporal, que han sufrido un accidente laboral, ya que son víctimas de la pérdida, en parte o en su totalidad, de la prestación por desempleo.

En este contexto, nos llama la atención el especial celo del secretario general de CC OO cuando manifiesta fuertes discrepancias con el modelo fiscal del PSOE, y no da el mismo tratamiento al modelo del PP. Así, en la reunión de la Comisión Ejecutiva Confederal celebrada el pasado 13 de enero, no se informa de las conversaciones mantenidas tanto con IU como con el PSOE, e igualmente se opuso a la propuesta que hizo una de las personas que suscribimos este documento, relacionada con la aprobación de una resolución sobre fiscalidad, en la que, negro sobre blanco, CC OO exprese de manera precisa su posición, haciéndole llegar ésta a todas las fuerzas políticas.

Manifestamos, una posición negativa a las propuestas del PP, que impliquen rebajas de la indemnización por despido o finalización del contrato, o que impliquen una mayor flexibilidad o facilidad empresarial para su realización y donde el silencio del secretario general de CC OO es significativo.

Igualmente, CC OO ha de mantener una posición firme de rechazo a la propuesta del PP, de entregar a las mutuas patronales de accidentes de trabajo, el control de las altas y bajas en materia de incapacidad temporal derivada de enfermedad común. En nuestra opinión, CC OO se ha de oponer también, a la decisión del PP de recortar las próximas pensiones de jubilación, consecuencia de la ampliación del periodo de cálculo a las cotizaciones a toda la vida laboral.

Reclamamos una posición clara del secretario general de CC OO, de rechazo categórico a la propuesta del PP para la reforma legal de la negociación colectiva. De manera que se impida que, por pactos o convenios de empresa, puedan implantarse salarios, jornada y condiciones laborales, que sean inferiores a las establecidas en los convenios sectoriales, ya sea de ámbito estatal o de ámbitos territoriales. En nuestra opinión, los retrocesos sociales y laborales que se han impuesto por ley en estos últimos cuatro años, se han de recuperar, igualmente, por ley, por lo que es necesario, también, reclamar y negociar cambios legislativos que modifiquen la regresiva reforma laboral de marzo de 2001, que no hizo sino precarizar más el mercado laboral.

Cambios legislativos que deben servir también para restituir los salarios de tramitación, en la práctica eliminados; cambios legislativos que deben suponer una modificación de fondo en la nueva Ley Concursal, que entrará en vigor en septiembre de 2004, donde se ha suprimido la autorización administrativa de despido colectivo, consumando la pérdida de derechos de las trabajadoras y trabajadores a la hora de cobrar las deudas que estas empresas tienen contraídas con los mismos.

La actual dirección de CC OO mantiene una actitud excesivamente pasiva y subalterna, con relación a las políticas del Partido Popular, y que está acompañada de una escasa transparencia. Justifican cuanto se hace, sin admitir la más mínima reconsideración o crítica, lo que no significa firmeza, sino inseguridad, y que está colocando a CC OO, cada vez más, en posiciones muy defensivas.

Esta concepción, subalterna y débil, lo único que genera es confusión y desconcierto, reducción de horizontes claros desde el punto de vista sindical, y provoca actuaciones sustentadas en el bandazo, cuestiones éstas que han permitido que el Gobierno nos arrebatara la iniciativa en los terrenos social y laboral.

Rodolfo Benito, Javier Fernández, Paloma López y Antonio Rey son miembros de la Comisión Ejecutiva Confederal de CC OO.

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