El Tribunal vasco anula la orden que llamaba inmigrantes a los escolares de otras autonomías

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha suspendido de forma cautelar las instrucciones que regulan la escolarización de alumnos inmigrantes en esta comunidad autónoma. La ministra de Educación, Pilar del Castillo, solicitó la retirada de esta norma, publicada en septiembre de 2003, por considerar que "vulnera la Constitución Española". Este tribunal aún debe emitir una sentencia. La Consejería de Educación vasca manifestó ayer que no se les ha comunicado oficialmente esta suspensión.

El ministerio alegaba varios motivos para solicitar la medida: la suposición de "la existencia de un sistema educativo vasco propio y diferente del español"; la consideración "discriminatoria de inmigrante a los alumnos provenientes de otras comunidades españolas", y la imposibilidad de que un alumno procedente de otra región "sea escolarizado en el modelo de enseñanza (el A) que se imparte en castellano".

Para el ministerio, estas instrucciones "conculcan derechos fundamentales de los alumnos procedentes de otras comunidades". Y hace referencia al artículo 14 de la Constitución, (sobre el principio de igualdad y no discriminación), y al 139.1 (sobre igualdad de derechos y obligaciones de todos los españoles).

El fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, también respaldó las tesis de la ministra Pilar del Castillo al asegurar que la orden enviada a los centros escolares vascos es "clarísimamente inconstitucional". "A primera vista", dijo entonces, "me parece una discriminación y un atentado a la igualdad sentada en la Constitución para todos los españoles".

Requerimiento

Con estos argumentos, el ministerio envió el pasado 30 de octubre, un requerimiento al Departamento de Educación del Gobierno vasco solicitando la retirada de la orden que el presidente del Gobierno, José María Aznar, tachó de "barbaridad" y atribuyó al plan soberanista planteado por el lehendakari, Juan José Ibarretxe.

Frente a ello, el Gobierno vasco aseguró que las instrucciones dadas para que se considerasen como inmigrantes a todos los alumnos procedentes de fuera del País Vasco "no infringen la Constitución ni ninguna otra norma jurídica". "Tanto los distintos diccionarios de la Lengua Española como el uso que del término inmigrantes hacen muchas Comunidades Autónomas -alguna bajo el patrocinio del propio Ministerio-, ponen en evidencia que esa palabra expresa con acierto y plena corrección la situación a la que se refiere y que, por tanto, no merece reproche alguno", alegó.

"Calificar de inmigrantes a los niños provenientes de otras comunidades autónomas" es, según dijo entonces la consejera de Educación, Anjeles Iztueta (EA), un concepto "estadístico y demográfico". Ante esta negativa a rectificar, el ministerio solicitó entonces a la Abogacía del Estado que interpusiera un recurso contencioso-administrativo.