El Consejo de Estudiantes acusa a la UPV de incumplir su reglamento de becas

Las condiciones de los más de 400 alumnos de la Universidad del País Vasco (UPV) que disfrutan de una beca de colaboración en alguno de los servicios de la institución académica -algo más del 40% del total de becarios- forman parte desde su inicio del repertorio de quejas de sindicatos y organizaciones estudiantiles ante los sucesivos equipos rectorales. Las acusaciones de falta de preparación y realización encubierta de trabajos que corresponderían al Personal de Administración y Servicios (PAS) han sido una constante. Para, entre otras cosas, atajar esta situación, la UPV aprobó el pasado año un nuevo reglamento de becas que entró en vigor en septiembre. Sin embargo, no parece haber surtido demasiado efecto. De hecho, el Consejo de Estudiantes, órgano de representación del alumnado, critica que la UPV incumple esta norma desde su puesta en marcha.

Las vulneraciones se producen, según el presidente del Consejo estudiantil, Igor Ortego, tanto en el aspecto formal como en el contenido de las becas. En cuanto al primero, el reglamento recoge de forma explícita la obligatoriedad de publicar las convocatorias de las becas de colaboración con dos meses de antelación, algo que la UPV no tiene en cuenta, según Ortego. "Tampoco dejan el plazo de diez días que se debe reservar para aportar la documentación que pueda faltar ni avisan al Consejo de Estudiantes para la selección de becarios. Incluso hay becas que se convocan por un vicerrectorado, pero dependen de otro", se queja.

La vicerrectora de Alumnado de la UPV, Beatriz Casares, admite que en algunos casos se ha podido producir esta situación por la transición entre el anterior reglamento y el actual. "En determinados servicios como el de orientación universitaria no se pudo respetar el plazo porque habríamos tenido que dejar la actividad durante dos o tres meses y así lo explicamos en el Consejo de Gobierno", explica.

Sin embargo, el mayor reparo del representante estudiantil se refiere a la nula formación que, a su juicio, reciben los becarios de colaboración que desarrollan su labor en los diferentes servicios de la UPV -mantenimiento informático, biblioteca, matrícula, Servicio de Orientación Universitaria, Cicerone, Oficina de Información Juvenil, servicios de psicología aplicada y orientación psicosexual, entre otros- y al escaso interés de los responsables de la universidad pública por cambiar esta realidad. "En el pasado Consejo de Gobierno, no se quiso aprobar una moción por la que solicitábamos el derecho del becario a pedir ayuda en el caso de que le surjan dudas", pone como ejemplo.

Tan sólo los becarios del Centro de Informática, Docencia y Red (CIDIR), responsable de mantener en condiciones los equipos informáticos, cuentan con un curso de formación. Para el resto, la preparación corre de su cuenta. "El 10% es formación y el 90%, autoformación, y en el caso de los que tienen, la iniciativa del cursillo salió adelante pese al voto en contra del equipo rectoral", dice Ortego.

Aunque todos los becarios disponen de tutor, como exige el reglamento, la realidad de su función dista mucho de su labor teórica. "En la mayor parte de los casos, el papel del tutor sobre la presunta formación del becario es nulo. El informe final que debe presentar sobre su trabajo siempre es positivo. Y lo es por defecto, porque no realiza ningún seguimiento sobre lo que hace y lo que no", se queja el presidente del Consejo de Estudiantes.

La vicerrectora de Alumnos replica que, con el nuevo reglamento, todas las becas recogen sus respectivos planes de formación. "Uno de los principales puntos que nos llevó a plantear la remodelación del reglamento era la inexistencia de una diferencia entre becas y trabajo encubierto y creo que hemos dado un paso adelante. De todas formas, es un reglamento recién estrenado y aún es pronto para realizar un balance", señala.

Pese a ello, Ortego duda del cumplimiento del artículo 1.3 del texto: "En ningún caso una beca encubrirá un puesto de trabajo de la Universidad". En más de una ocasión, los sindicatos han deplorado el empleo de becarios para labores que corresponderían a personal administrativo y de servicios que no se contrata. STEE-EILAS ha montado una campaña en la que se anima a los becarios a denunciar ante los tribunales a la UPV por utilizar sus servicios como trabajo encubiertos. Hay un precedente: el caso de unos becarios que, a través de un convenio entre la UPV y la Diputación alavesa, trabajaron como documentalistas en el Archivo Provincial. El juez obligó a pagar a la universidad la diferencia entre la cuantía de la beca y el sueldo de un técnico.