Menos de 12.000 contribuyentes vascos declaran que ganan más de 66.100 euros

Poco menos de 12.000 contribuyentes vascos declaran cada año que perciben unos ingresos anuales superiores a 66.111 euros, lo que supone apenas el 1,3% de las 936.054 declaraciones de la renta presentadas en 2001 en las tres haciendas. Quienes confiesan una renta superior a los 90.000 euros son 5.615 personas (el 0,3% del total). El grueso de los declarantes, tres de cada cuatro, dicen ingresar menos de 18.000 euros al año.

La radiografía del IRPF en Euskadi muestra que, del total de los rendimientos declarados por los contribuyentes, el 78,6% procede del trabajo personal, y sólo el 9,3%, de las actividades económicas y profesionales, según los datos recogidos en el Informe Anual Integrado de la Hacienda Vasca, el último elaborado por el Órgano de Coordinación Tributaria (OCT) y referido al año 2001 (declaraciones del ejercicio del año 2000).

Las 936.054 declaraciones tramitadas por las tres haciendas en 2001 arrojaron una base liquidable total de 14.600 millones de euros. De ellas, más de 130.000 declaraciones fueron presentadas por empresarios y autónomos, de los que sólo 4.800 reconocieron haber obtenido el año anterior ingresos superiores a los 66.000 euros. Los que dijeron ganar más de 90.000 euros se quedaron en 1.532.

Estas cifras casan difícilmente con las estadísticas que figuran en los directorios de actividad económica, donde existe un amplio colectivo de empresarios, altos cargos directivos, propietarios de establecimientos de hostelería y comercio con varios empleados, trabajadores por cuenta ajena y otros profesionales que, en principio, deberían superar holgadamente los 66.000 euros de ingresos anuales.

Expertos en fiscalidad apuntan a los profesionales liberales y a los trabajadores por cuenta propia como los nichos principales para la evasión fiscal.La población ocupada en el País Vasco ascendió en 2001 a 849.400 personas, de las que casi 28.000 eran empleadores (empresarios) y otras 108.400, trabajadores autónomos, según el Eustat. Una parte de ellos, además de otro número importante de ejecutivos y profesionales podría sobrepasar el listón de los 66.111 euros anuales de ingresos. La profesora de Hacienda Pública de la UPV Manuela Escribano advierte de que "los números no casan con la percepción general. Está a la vista de todo el mundo que muchos profesionales declaran rentas irrisorias de 12.000 euros, cuando hacen ostentación de un nivel de vida que no se corresponde con esos ingresos".

En cualquiera de los tramos del IRPF, el trabajo es la fuente de mayor peso en la recaudación fiscal. Esta evidencia es mucho más acusada en las rentas más bajas, mientras que en los grandes ingresos, aumentan considerablemente los rendimientos por las actividades económicas. En las declaraciones con una base liquidable inferior a los 22.000 euros, el 88,4% de las rentas procede del trabajo; en cambio, en el tramo superior a 90.000 euros, las rentas del trabajo suponen sólo el 40%.

Ignacio Zubiri, catedrático de Economía Pública de la UPV, considera que "las rentas más altas no declaran de acuerdo a sus ingresos reales". Escribano sostiene que "muchos profesionales autónomos no repercuten el IVA", y añade que "posiblemente, la actividad de los autónomos es más opaca que la empresarial".

La tendencia de los últimos años en el IRPF reafirma el fenómeno de que los trabajadores por cuenta ajena declaren de promedio rentas más elevadas que los autónomos y los profesionales liberales. La renta media declarada en 2001 por los asalariados rondaba los 16.500 euros anuales, en tanto que la del colectivo de empresarios y profesionales (abogados, médicos privados, arquitectos, dentistas,...) se situaba en 11.000 euros, un 33,3% menos. Este diferencial ha aumentado en los últimos tiempos (cinco años antes eran 13.800 euros contra 9.000), debido a que las rentas salariales declaradas han experimentado un aumento que no han tenido las empresariales y profesionales. Zubiri dice que estas cifras "no concuerdan con los principios económicos básicos", porque "los profesionales deberían tener retribuciones más altas por su mayor cualificación y la asunción de riesgos en su actividad". Y concluye: "Si siendo asalariado se cobra más, ¿quién va a dedicarse a dirigir un negocio?"

Manuela Escribano insiste en que "las haciendas son conscientes de que tiene que haber un mayor control sobre las actividades económicas". Sin embargo, como han criticado recientemente los inspectores fiscales, las haciendas centran siempre la lucha contra el fraude en los contribuyentes que ya declaran y olvidan las grandes bolsas de fraude "más graves" y "sofisticadas" que utilizan paraísos fiscales y sociedades financieras para no pagar.

Los asalariados no están al margen de los casos de defraudación, pero los expertos advierten de que el grado de incumplimiento de estos contribuyentes con sus obligaciones fiscales es mucho menor, porque el control que se ejerce sobre las fuentes de sus ingresos (las retenciones que realizan las empresas en sus nóminas) no lo permiten.

Zubiri pone el acento en que el fraude del IRPF tiene un agravante: "Además de un coste para la recaudación, causa un grave perjuicio a las prestaciones sociales y al gasto público". Y añade: "¿Quiénes pueden optar con más facilidad a las ayudas públicas para vivienda, educación...? Precisamente los que más defraudan. En la medida en que las declaraciones se utilizan como indicador de renta para muchos programas públicos, los beneficiarios acaban siendo los que defraudan, que así obtienen un doble rendimiento".

¿Cuáles son las soluciones? Zubiri propone un "mayor control de las instituciones financieras, por ser a través de las que se canaliza la mayor parte del fraude. Hay que establecer criterios que permitan determinar contribuyentes que viven por encima de lo que declaran, endurecer los mecanismos de sanción, aumentar las actuaciones inspectoras e introducir cambios normativos que garanticen que los declarantes tributan efectivamente por su renta real".

Escribano plantea "dedicar más personal a la inspección de calle, porque la plantilla actual es reducida. Hay que realizar un seguimiento más estrecho a las actividades empresariales y de los profesionales autónomos. Controlar al pequeño contribuyente es muy fácil y, además, es un sector en el que no hay grandes bolsas de fraude".