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17.000 ancianos, en la lista de espera de las residencias públicas

Más de 4.000 madrileños rechazan renovar su solicitud de ingreso

El director general del Mayor de la Comunidad, José María Alonso, reconoció ayer que la lista de demanda de plazas en residencia por parte de los mayores alcanzó los 17.216 solicitantes, y que 4.153 no renovaron su petición tras tres años en lista de espera. Según detalló en su comparecencia en la Asamblea, el pasado 31 de diciembre existía una lista de demanda de plaza en residencia de 17.216 personas, lo que no quiere decir que todas estas personas lo necesiten, porque hay quien la solicita pronto con la esperanza de lograr la plaza para cuando le sea necesario.

Además, Alonso dijo que "por ley la lista funciona sin rechazar las solicitudes que no reúnen determinadas condiciones, sino que quedan en espera y cada tres años se les manda una comunicación para ver si renuevan su solicitud: en 2003, 4.163 personas no nos han respondido", en algunos casos porque "cuentan con otros recursos", informa Efe.

Por ello consideró que "la actual lista no es un diagnóstico cierto" de las necesidades de plazas en residencias de mayores de la Comunidad de Madrid: "Para hablar estrictamente de lista de espera habrá que hacer un estudio sobre cuáles son los requisitos y ver cuáles de los solicitantes verdaderamente lo necesitan", agregó.

Elaborar un censo

Se da la circunstancia de que el Gobierno regional ya anunció una medida similar en septiembre de 2002 durante el debate del estado de la región. La entonces consejera de Servicios Sociales, Pilar Martínez, dijo que el plan de ayuda a los mayores iría destinado a la "prevención y atención a las personas mayores en situación de riesgo que viven solas en Madrid", si bien se preveía su extensión a otros municipios. Martínez señaló que en primer lugar se elaboraría un censo. "Tenemos que saber cuántos mayores hay en Madrid y en qué situación se encuentran. Este censo es fundamental para poder trabajar sabiendo cuál es el problema. También es necesario saber qué tipo de dependencias tiene por su condición física y su situación familiar". El plan tenía carácter de urgencia.

El director general del Mayor, José María Alonso, anunció ayer también medidas para que los ancianos que vivan en sus casas no se vean obligados a abandonar su entorno, como ayudas a la instalación de líneas telefónicas -estudiará subvencionar también el mantenimiento de la misma-, programas de respiro de fin de semana para familias con mayores dependientes y ayudas económicas al acogimiento de mayores en familias ajenas.

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El pasado año, un millar de solicitantes de la ayuda de 2.710 euros para familias con ancianos inválidos a su cargo se quedaron sin ella porque el presupuesto destinado a este programa por la Consejería de Servicios Sociales se quedó corto. De las 4.872 familias que pidieron esta subvención, sólo la disfrutan 1.061. Otras 2.861 peticiones fueron rechazadas por no cumplir alguno de los requisitos exigidos, y las restantes, por falta de presupuesto.

El director general del Mayor anunció ayer también la próxima creación de 2.200 plazas en residencias en centros "propios y privados concertados", dentro de las 9.000 plazas residenciales para personas mayores dependientes que se crearán en esta legislatura "para pasar de las actuales 14.800 plazas a más de 23.000".

En cuanto a las nuevas residencias previstas en el Plan de Velocidad de la región, 32 nuevos centros están ya adjudicados y siete abrirán este año, aunque reconoció que el plan se cumple con retraso por la "tardanza" en la obtención de suelos y de licencias, sobre todo en la capital.

La diputada socialista Carmen García Rojas acusó al PP de hacer "profusa propaganda" en los medios de comunicación sobre las medidas fiscales en favor de las familias con mayores dependientes. "Hay ciudadanos desesperados con ancianos dependientes, los profesionales encargados de atenderles están angustiados por la ausencia de recursos y una precariedad cada vez mayor en sus contratos", añadió.

Por parte de IU, la diputada Caridad García reclamó medidas para los 500.000 ancianos madrileños que viven "en el umbral de la pobreza", con menos de la mitad de la renta media de la región, y más inspecciones para controlar la calidad de la atención en las residencias, en las que abogó por la titularidad pública frente a la privada.

José María Alonso aseguró que el presupuesto regional para 2004 incluirá un incremento en la inspección de estos servicios para mayores.

El pasado día 2, la concejal de Empleo y Servicios al Ciudadano de la capital, Ana Botella, dio la cifra de ancianos muertos en soledad en Madrid durante 2003: un total de 96, uno cada cuatro días.

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