Punto final a la ocupación de los cuarteles de Sant Andreu

Punto final. El desalojo por orden judicial acabó ayer con más de dos años de ocupación de los antiguos cuarteles de Sant Andreu de Barcelona, propiedad del Ministerio de Defensa. Del millar de habitantes que el recinto llegó a albergar el año pasado, en su mayoría inmigrantes en situación irregular, apenas quedaban un centenar. Algunos se marcharon por su propio pie y otros 68 se acogieron al dispositivo de realojo habilitado por el Ayuntamiento, que se ha hecho cargo de los ocupantes españoles y comunitarios -23 personas-, y por Cruz Roja, que ha alojado en pensiones a 45 inmigrantes extracomunitarios sin papeles. Estos inmigrantes podrán acogerse posteriormente a un plan de inserción social. Sin perder un minuto, las máquinas excavadoras iniciaron el derribo de los cinco edificios del antiguo cuartel que todavía estaban en pie. Son 110.000 metros cuadrados de solar a un paso de la futura estación de la Sagrera.

Pasaban pocos minutos de las nueve de la mañana cuando 30 furgonetas del Cuerpo Nacional de Policía rodearon los edificios que quedaban en pie. Piso por piso, sala por sala, unos 200 agentes antidisturbios invitaron al centenar de habitantes a marcharse. Muchos fueron sorprendidos por los golpes en las puertas cuando todavía dormían. En pocos minutos, tuvieron que recoger sus enseres y abandonar los edificios, desconcertados y quejándose por la rapidez con la que transcurrió todo.

"Podrían haber avisado con unas horas de antelación para darnos tiempo a hacer las maletas", exclamaba un inmigrante mientras tiraba del carro de supermercado en el que acababa de meter sus cosas. Hubo también quejas porque algunos de los habitantes de los cuarteles se encontraban trabajando fuera del recinto y, si ningún compañero se ocupó, no podrán recuperar sus pertenencias. Para atender estos casos, Cruz Roja instaló ayer mismo una unidad móvil. Por la tarde se presentaron 16 personas en esa situación.

El desalojo fue la culminación de la demanda por desahucio presentada por el Ministerio de Defensa. La titular del juzgado de primera instancia número 37 ordenó el desalojo definitivo en diciembre pasado y advirtió a los ocupantes que si antes de un mes no abandonaban los cuarteles se procedería al desalojo. Eso ocurrió ayer.

También fue el final de la historia de un acuartelamiento militar del siglo pasado. Dejó de ser cuartel en 1995. Poco a poco personas sin techo se fueron refugiando en los distintos edificios que ocupaban los cerca de 110.000 metros cuadrados. Cada vez más, al paso de la presión de inmigrantes en situación irregular. La evidencia del desalojo provocó la salida progresiva de sus ocupantes, muchos de ellos acogidos al dispositivo organizado por las tres administraciones y la Cruz Roja.

El desalojo se produjo sin incidentes. No hubo detenciones pero sí identificaciones. Pese a tener encomendado el operativo de realojo de emergencia y haber solicitado ser avisados con tiempo de activar profesionales y vehículos, los responsables de Cruz Roja no fueron alertados del desalojo hasta que éste se produjo. Durante las dos horas que pasaron entre la salida y el comienzo de los traslados, los ocupantes permanecieron agrupados junto a sus maletas y preguntando por su futuro inmediato. "¡Que vengan los traductores! Y me hacéis dos filas, una de comunitarios y otra de extracomunitarios", ordenaba un policía de paisano. Pasado el mediodía, representantes de las tres administraciones dieron el dispositivo de desalojo por cerrado y se felicitaron por su marcha. La Federación de Asociaciones de Vecincos (FAVB) también valoró el desenlace, pero insistió en que era sólo un "parche". El director general de Actividades Comunitarias y Cívicas, Francesc Simó, explicó que ante la falta de competencias en materia de extranjería, el Departamento de Bienestar y Familia "trabajará en la integración social" de los ocupantes sin papeles.

El derribo de las edificaciones y el punto final a la ocupación es el disparo de salida de la reurbanización de una superficie equivalente casi a 10 manzanas del Eixample. Precisamente el desalojo completo era la condición o claúsula que dejaba en suspenso la firma de un convenio entre el Ministerio de Defensa, el Ayuntamiento de Barcelona y otro con el consorcio de la Zona Franca, interesado en adquirir uno de los dos cuarteles. Fuentes del Ayuntamiento declinaron ayer dar ningún detalle sobre el convenio en cuestión. Otras fuentes apuntaron que el uso del terreno será compartido por actividad económica -en especial terciaria- vivienda de mercado libre y pública y una importante dotación de equipamientos con una reserva de terreno de unos 40.000 metros cuadrados. Guardería, un centro de asistencia primaria, una biblioteca y un centro de día para la tercera edad son algunos de los que se levantarán. En cuanto a la vivienda, los vecinos reclaman que predomine la pública y, en especial, la de alquiler. A la espera de la concreción de usos, fuentes municipales aseguraron que la vivienda social representará entre el 25% y el 40% del total.