El Síndic archiva la queja de un funcionario de Elche por un tema urbanístico

El Síndic de Greuges, Bernardo del Rosal, ha decidido cerrar el expediente abierto tras recibir la queja del funcionario del Ayuntamiento de Elche Marcos Sánchez Adsuar acerca de que el Consistorio no le facilitaba diversos informes urbanísticos.

El Ayuntamiento ilicitano abrió el pasado mes de septiembre un expediente a Sánchez Adsuar y a la arquitecto municipal, Pilar Amorós, por presuntas anomalías en la tramitación de expedientes urbanísticos relacionados principalmente con el sector AR-1 de Arenales del Sol, después de que el secretario municipal detectara los primeros indicios de irregularidades. Posteriormente, Sánchez Adsuar presentó varias quejas ante la Sindicatura para que interviniera y se le facilitaran diversos informes técnicos sobre la tramitación del sector AR-1 y el E-5, así como las copias de información reservada sobre funcionarios y actas de sesiones plenarias.

El Síndic considera que de las labores practicadas con motivo de la queja "no se desprende que la actuación de esa Administración haya vulnerado alguno de los derechos, libertades o principios reconocidos en la Constitución". Por su parte, el concejal de Urbanismo, Emilio Martínez, señaló en un comunicado que con el archivo "se deja patente que el Ayuntamiento ha actuado conforme a la ley, no demostrándose ninguna actuación irregular".

Gran controversia

El plan parcial en Arenales del Sol ha estado rodeado de una gran polémica. Un informe elaborado por el secretario municipal sobre la polémica tramitación del expediente -anulado tras detectarse varias irregularidades- confirmó que el Consistorio iba a perder dinero en favor del promotor en la reparcelación del proyecto urbanístico. Éste es el único error detectado por el secretario municipal en el informe solicitado por el alcalde, Diego Macià, del PSPV, para resolver las supuestas irregularidades que denunció la oposición, que acarrearon la destitución de la jefa de Urbanismo y del funcionario que pidió el amparo del Síndic.

Según el secretario, el Consistorio hubiera perdido dinero en la reparcelación. El informe, aunque destaca que la solución adoptada por los técnicos es legal, reconoce que el exceso de aprovechamiento de suelo -formado por determinadas parcelas que quedan incompletas para urbanizar- era perjudicial para los intereses municipales. "Debería haberse exigido al urbanizador la parcela íntegra que corresponde al Ayuntamiento y no su compensación en metálico, habida cuenta que la cantidad propuesta es manifiestamente inferior al precio real", indica el informe. El secretario se refiere a la cuenta de liquidación provisional de la reparcelación, que establece las compensaciones por los defectos y excesos de aprovechamiento. En esa cuenta se aceptaba el pago del urbanizador al Ayuntamiento a un precio, según la oposición, inferior al de mercado.