El fiscal archiva la denuncia urbanística que el PP promovió contra el PSOE en Punta Umbría

La Fiscalía de Huelva ha archivado la denuncia sobre el proyecto turístico de Punta Umbría, elaborado en la etapa de gobierno municipal del PSOE, al no apreciar indicios de delito. El PSOE pidió ayer la dimisión del alcalde, el popular José Carlos Hernández, por los daños causados a los socialistas y a la economía local. Hernández insistió en la existencia de supuestas irregularidades y fue arropado por su partido. El proyecto cuestionado fue la adjudicación de un complejo hotelero y residencial la empresa Punta Umbía Turística, propiedad del empresario onubense Alfredo González.

La Fiscalía de Huelva comunicó al Ayuntamiento de Punta Umbría (Huelva), a última hora de la tarde del viernes, que las irregularidades que se relatan en la denuncia promovida por el PP "no son constitutivas de conductas delictivas". El fiscal rechaza así que se incurrieran en delitos de prevaricación y tráfico de influencias durante la adjudicación de las parcelas para el complejo turístico.

No obstante, la Fiscalía deja abierta la posibilidad de continuar el caso por la vía contencioso-administrativa para aclarar las posibles irregularidades en las actuaciones del anterior equipo de gobierno, del PSOE.

El caso fue enviado a la Fiscalía por la comisión de investigación aprobada por el PP en el Ayuntamiento de Punta Umbría el pasado 11 de agosto con el fin de investigar las posibles irregularidades en el proyecto turístico de la localidad.

El equipo de gobierno, del PP, esgrimió como una de las razones fundamentales para la creación de la comisión la "inexistencia" de un acuerdo con la Junta de Andalucía para la enajenación del proyecto en su totalidad. El portavoz del PSOE, Antonio Albarracín, afirmó que se llegaron a acuerdos "verbales" con el Gobierno andaluz, mientras que el alcalde, el popular José Carlos Hernández, sostuvo en todo momento que "los acuerdos verbales no son posibles entre administraciones".

Los socialistas reclamaron en el pleno la intervención del secretario del Ayuntamiento, José Luis López, al hacer referencia a un informe de éste con fecha 27 de enero de 2003 que, según Albarracín, decía textualmente: "Considero que el texto del convenio no contiene cláusulas contrarias a la Ley".

El archivo del caso motivó numerosas críticas del PSOE. El delegado del Gobierno andaluz en Huelva, Juan José López Garzón, emplazó ayer al alcalde de Punta Umbría a que pida perdón en 24 horas por el daño que ha causado con su iniciativa a la imagen de las instituciones y a los socialistas. La ejecutiva del PSOE de Huelva fue más lejos y pidió la dimisión de Hernández.

José Carlos Hernández insistió en la existencia de presuntas irregularidades y acusó a los socialistas de haberse negado a colaborar con la comisión de investigación al no comparecer a las sesiones a las que se les convocó. Los trabajos de la comisión se prolongaron durante tres meses y el PSOE siempre las calificó de "circo".

El proyecto turístico acordado en 2003 estaba previsto que se desarrollara en tres grandes parcelas de la localidad y de escaso valor ecológico. El plan surgió tras el rechazo a un proyecto de de 2000 que preveía la construcción de 13 hoteles en una zona de monte público.

El alcalde se aferró ayer a que continúa abierto un procedimiento contra ese plan turístico en la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

"Nosotros no hemos imputado a nadie, ni hemos calificado nada. Yo no he intentado criminalizar a nadie, sino hacer un proyecto turístico viable. El viejo plan no era posible porque el inversor carecía de la suficiente capacidad económica para desarrollarlo", explicó ayer José Carlos Hernández. El alcalde insistió en que la empresa Punta Umbría Turística (PUT), concesionaria del proyecto, no pudo hacer frente a los pagos de las parcelas que tenía comprometidas, tantas veces como se le emplazó. "El PSOE tenía un especial interés sobre un determinado proyecto y sobre un determinado inversor. Los socialistas quisieron entregar a una sola persona el diseño futuro de un pueblo", recalcó José Carlos Hernández.

López Garzón, acusó al alcalde de "utilizar los votos, "en lugar de para gobernar, para causar un daño importante y de forma perversa a la imagen de la localidad. "Los inversores han huido despavoridos de Punta Umbría, el Ayuntamiento está desgobernado, el alcalde tiene problemas internos con la Polícía Local y los servicios están desatendidos por esa precipitada forma de actuar con el único objetivo de querer medrar e ir en las listas de su partido, de conseguir un objetivo personal", añadió.

El abogado de PUT, Alfonso Martínez del Hoyo, también ahondó ayer en los perjuicios causados por la comisión de investigación: "El daño moral que ha inferido a determinadas personas, entre las que me encuentro, sembrando dudas sobre su honorabilidad personal, profesional o política es irremediable y no susceptible de compensación", dijo. Martínez del Hoyo afirmó que pedirá el amparo de los tribunales "para la reposición completa del daño causado" a su persona. "Defenderé mi nombre hasta que quede absolutamente claro que nada de lo que se afirmó o insinuó tenía el menor viso de ser cierto", dijo.

Alfonso Martínez del Hoyo advirtió de que "es necesario que no se continúe ahuyentando a los inversores" "Ellos [el PP] saben qué sencillísimo expediente puede reconducir el proyecto y conseguir la totalidad de las inversiones previstas para la localidad. La empresa ha estado, y está hoy más que nunca dispuesta a acometer esas inversiones", dijo.

El ex alcalde de Punta Umbría José Hernández Albarracín (PSOE) manifestó que se halla "absolutamente feliz" con la conclusión de la Fiscalía y acusó al alcalde de ser "una desgracia para los ciudadanos".