Demasiadas prejubilaciones

A pesar de que el Pacto de Toledo recomienda alargar la vida laboral de los trabajadores, el número de empleados afectados por Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) aumentaron en el 14,8% entre enero y noviembre del año pasado, según datos conocidos esta semana. Es sabido que un gran porcentaje de estos expedientes son meras prejubilaciones.

El crecimiento del empleo, superior al de otras fases de recuperación, no impide ciertas paradojas, como la elevada tasa de temporalidad o el nivel del paro femenino, que duplica al masculino. Sobre estos inquietantes desequilibrios, pruebas de la ausencia de una política global que corrija un crecimiento desordenado de los puestos de trabajo a impulsos de la construcción, actúan además prácticas empresariales con malas consecuencias en la calidad del empleo. Es el caso de las prejubilaciones, un procedimiento que traslada a la Seguridad Social parte de los costes del despido.

Su práctica presenta una gran disparidad de condiciones, de forma que en los casos de los directivos o empleados de grandes compañías o bancos suele garantizar retribuciones y pensiones sustanciosas, mientras que los empleados de empresas más pequeñas son obligados a prejubilarse con bajos porcentajes del sueldo. Es imperativo, por tanto, regular la casuística de las prejubilaciones, de forma que quede claro cuándo y por qué son admisibles y en qué marco general deben desenvolverse.

Está claro que el motivo fundamental de las prejubilaciones, como el de cualquier regulación de empleo, es el de abaratar el coste del factor trabajo en una empresa. Ahora bien, su proliferación produce un pernicioso efecto de pérdida de calidad en la producción y gestión. Las compañías pierden el capital de la experiencia acumulada de directivos o empleados a cambio de recortes de costes que con mucha frecuencia sólo sirven para disfrazar la realidad inmediata y no resuelven los problemas de fondo de sus cuentas de resultados.

Las prejubilaciones pueden abaratar los costos salariales, pero son un mal negocio para la sociedad. El 65% de los jóvenes se sostiene gracias a contratos temporales, con salarios inferiores en el 45% a los de los contratos fijos. Al llegar a los 50 años, corren un gran riesgo de ser expulsados del mercado por despidos y prejubilaciones. ¿Éste es el tipo de mercado de trabajo que queremos? Es una de las reflexiones pendientes de 2004.