Las Bescam

Es verdad que lo de las Bescam es un lío. Es cierto que la creación de las brigadas especiales que pretende poner en marcha el Gobierno regional encaja mal en la Ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y que lo del salario de 40.000 euros que dijeron al principio creaba agravios potencialmente conflictivos. También es evidente que modificaron lo comprometido inicialmente por Esperanza Aguirre ya que, en su programa electoral, hablaba de formar las brigadas sólo con policías municipales y luego dijeron de meter allí a los 3.000 agentes del Cuerpo Nacional de Policía previstos teóricamente en otro apartado. No hay duda, además, de que el consejero de Justicia e Interior, Alfredo Prada, pecó de precipitación y puede que de ingenuidad porque, seguramente, nunca imaginó que el Ministerio del Interior le dejaría a las patas de los caballos. Así que ha tenido que aguantar el chaparrón, recular y presentar el pasado jueves un nuevo plan diferente en las formas y más pausado en los tiempos. El hecho sin embargo de que el señor Prada haya sido el único capaz de dar la cara y comerse el marrón a solas me indigna. Parece como si la polémica suscitada en torno a la forma en que el Gobierno regional intentaba afrontar la inseguridad en la región haya eclipsado el gran problema que motivaba el proyecto y, lo que es peor, redimido a sus auténticos responsables.

Si el Gobierno que encabeza Esperanza Aguirre decidió poner a toda prisa el plan que incluyó como una prioridad entre sus compromisos electorales es porque la seguridad en nuestra región es un desastre. Crece sin parar el número de atracos callejeros, hasta el punto de que más de cien madrileños son asaltados cada día en la vía pública. Han aumentado igualmente los robos con fuerza en las cosas que alcanzan ya una media de 220 por jornada y, si hablamos de homicidios, el incremento supera el 13%.

Esta progresión, que eleva la tasa de criminalidad en casi un 4% con respecto al año anterior y que contrasta con el descenso del 7% en el número de detenidos que son conducidos ante los jueces, es el verdadero escándalo. Sin embargo, al ministro del Interior, Ángel Acebes, que tan digno se ha puesto ante las iniciativas erráticas del Gobierno regional, no parece que esas cifras le provoquen mayor inquietud. Los ciudadanos de esta región llevamos años asistiendo a la mayor exhibición de pasividad e inoperancia que cabe imaginar. Juegan como trileros con las reiteradas promesas de aumento en la plantilla policial mientras municipios periféricos de casi doscientos mil habitantes han de arreglarse con una sola patrulla nocturna por falta de medios. En los años noventa, cada noche salían a patrullar las calles de Madrid capital más de ciento cincuenta vehículos zeta, en la actualidad ese servicio apenas pasa de los cincuenta y durante las pasadas navidades no llegaban a los cuarenta coches.

El delegado del Gobierno se ha visto en la necesidad de hacer malabarismos, cuando no ilusionismo, con las cifras de efectivos. Siempre iban a llegar más policías pero nunca nos contaban los que se marchaban. El déficit de funcionarios en las distintas unidades, según el Catálogo de puestos de trabajo, ronda el 30%. Los Servicios Centrales del Ministerio del Interior diezman constantemente las comisarías madrileñas para cubrir sus imprevistos. Por si fuera poco, Madrid ha pasado de ser un destino privilegiado para los agentes del cuerpo a un lugar poco menos que de castigo. Es un territorio más peligroso, menos confortable y, sobre todo, la vida es más cara sin que exista un plus de grandes urbes que corrija esa desventaja. Los policías nacionales están desmotivados, no ven respuesta social ni judicial a la delincuencia y les supera ampliamente la tarea que han de afrontar. El Gobierno del Estado ha dejado, en definitiva, que engorde el problema y que la sensación de inseguridad vuelva a apoderarse de la ciudadanía como en los peores tiempos. A nivel nacional, la criminalidad constituye la tercera preocupación de los españoles después del paro y el terrorismo. En Madrid es la primera y nada permite suponer que vayan a desbancarla. Sólo por esto, al señor Acebes debería de caérsele la cara de vergüenza y no andar sacando pecho por su exhibición de autoridad ante las "veleidades" del Ejecutivo autónomo. Con mejor o peor fortuna, el Gobierno regional al menos lo intenta.